Política

Callao: Ministerio Público inicia investigaciones contra Edita Vargas por usurpación de funciones

Investigación contra vicegobernadora regional se da luego de que Ciro Castillo Rojo denunció que fue impedido de ingresar al GORE Callao para reintegrarse como gobernador.

Edita Vargas, vicegobernadora del Callao | Foto: difusión.
Edita Vargas, vicegobernadora del Callao | Foto: difusión.

La Fiscalía del Callao abrió una investigación preliminar por 60 días contra la vicegobernadora del Callao, Edita Vargas, y otros posibles implicados por los presuntos delitos de usurpación agravada, usurpación de funciones públicas y desobediencia a la autoridad, a raíz de los incidentes ocurridos el pasado 2 de febrero en la sede del Gobierno Regional del Callao. La denuncia fue presentada por Ciro Castillo Rojo, quien intentó retomar el cargo de gobernador regional luego de que una sala de apelaciones revocara su prisión preventiva y le concediera comparecencia restrictiva, decisión que —según sostiene— lo habilitaba legalmente para reasumir funciones.

De acuerdo con el relato fiscal, personal de seguridad impidió el ingreso de Castillo Rojo al local del GORE Callao y bloqueó el acceso de ciudadanos que acudían a realizar trámites, lo que derivó en la paralización temporal de servicios públicos. Pese a que un coronel de la Policía Nacional ordenó permitir el ingreso por tratarse de una entidad estatal, la instrucción habría sido desatendida.

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Para el Ministerio Público, estos hechos podrían configurar "el despojo o la turbación de un inmueble del Estado destinado a servicios públicos", además del ejercicio de funciones "por parte de una autoridad provisional cuya legitimidad habría cesado tras la resolución judicial".

La investigación buscará determinar si existieron razones válidas para restringir el acceso al edificio y para que Vargas continuara ejerciendo funciones, o si, por el contrario, se produjo un desacato a un mandato judicial. Entre las diligencias ordenadas figuran la revisión de las cámaras de seguridad del GORE Callao, el cuaderno de ocurrencias del ingreso principal, la inspección técnico-policial del inmueble y la recopilación de resoluciones, notificaciones y actas de entrega de cargo que permitan establecer si hubo un ejercicio efectivo de funciones sin título legítimo.

 Denuncia contra Edita Vargas | Foto: Ministerio Público.

Denuncia contra Edita Vargas | Foto: Ministerio Público.

Ciro Castillo regresa al Gobierno Regional del Callao y retoma su cargo

Tras quedar sin efecto la medida de prisión preventiva que se había dictado en su contra por el caso “Los Socios del Callao”, Ciro Castillo Rojo volvió a presentarse en el Gobierno Regional del Callao con la intención de reincorporarse a sus funciones. El funcionario chalaco ya había intentado ingresar a la sede del GORE el pasado 2 de febrero, aunque en esa ocasión no se le permitió el acceso. Este jueves, en cambio, sí logró entrar a las instalaciones de la entidad regional, marcando su retorno formal a la institución.

La Fiscalía lo señala como presunto cabecilla de la organización criminal “Los Socios del Callao”, una estructura que, según la investigación, habría operado dentro del Gobierno Regional y del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed). De acuerdo con la hipótesis fiscal, el grupo habría manipulado al menos 63 procesos de contratación pública por un monto superior a S/ 1.4 millones, empleando mecanismos irregulares para favorecer a determinados proveedores y evadir los procedimientos de selección establecidos por ley.

En diciembre de 2025, el Ministerio Público y la Policía Nacional desplegaron un megaoperativo que comprendió allanamientos en la vivienda de Castillo y en otros 26 inmuebles vinculados al caso, además de la detención preliminar de diversos funcionarios y colaboradores.

En ese momento, Castillo no fue ubicado y pesaba sobre él una orden de detención por 15 días, la cual fue cuestionada por su defensa. Posteriormente, en enero de 2026, el Poder Judicial dispuso 24 meses de prisión preventiva para varios investigados, incluido Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, lo que lo mantuvo alejado de la gestión regional durante varias semanas. Pocos días después, la decisión fue revocada.

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