Deflagración en Camisea en Cusco reabre debate por rol del Estado y olvido a comunidad de Megatoni

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, lanzó duras críticas sobre la relación entre el Estado, el consorcio Camisea y las comunidades de la zona. “Del Cusco y de Megantoni solo se acuerdan cuando afectamos los bolsillos de Lima, pero nunca se acuerdan de lo que nosotros representamos y valemos para el país”, afirmó.

Según la autoridad regional, el distrito aporta cerca del 45 % de la energía del Perú y más del 85 % del GLP que consumen los hogares, pero enfrenta graves carencias sociales como la desnutrición infantil a un 72%, indicó.

Salcedo también denunció la precariedad de los servicios básicos en la zona. “No tenemos centros de salud, no tenemos médicos. Sufrimos en educación y transporte, pese a que desde nuestro territorio se abastece de energía al país”, agregó.

Cuestionamientos al consorcio Camisea

El gobernador también cuestionó los beneficios que, según afirmó, no han llegado a la población local tras más de dos décadas de explotación gasífera. “Son 23 años de un consorcio denominado Camisea que lo único que ha hecho es lucrarse y beneficiarse sin desarrollar obras para mejorar la calidad de vida de la población”, manifestó.

Asimismo, aseguró que exigirán cambios en la relación entre el proyecto energético y las comunidades del Bajo Urubamba. “Vamos a exigir que se respete al Bajo Urubamba y que nos den condiciones y calidad de vida”, agregó.

Respecto a la emergencia reciente, Salcedo contradijo la versión del Ejecutivo al señalar que sí existirían personas afectadas tras la deflagración.

En esa línea, indicó que los comuneros presentan dolores de cabeza y problemas en los ojos, y existen comunidades comprometidas como Saringabeni, Kitaparay y Timpía. De acuerdo con su estimación, al menos 500 familias estarían sufriendo directamente las consecuencias del incidente.

El gobernador también recordó que no sería un hecho aislado. “No es la primera deflagración. A lo largo de estos 23 años se han registrado más de 19”, precisó.

En el plano ambiental, advirtió daños en la vegetación y el ecosistema. “Hay quema de árboles, afectación al suelo y daños en la vegetación. Estamos hablando de una zona altamente vulnerable y de conservación”, señaló.

Impacto económico en la población

Por su parte, el alcalde de Megantoni, Esaú Ríos, advirtió sobre el impacto económico inmediato que enfrenta la población tras el incidente.

Según explicó, el precio del balón de gas en el distrito prácticamente se duplicó. “Antes de la ruptura del ducto el balón de gas costaba 90 soles, ahora cuesta 190. No es posible que siendo dueños del gas tengamos que pagar tan caro”, expresó.

Versión del Ejecutivo

Las declaraciones de las autoridades locales contrastan con la versión del Ejecutivo.

La expresidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó que el ministerio de Salud envió brigadas médicas a la zona y aseguró que, tras las primeras evaluaciones, no se habrían identificado impactos significativos.

Asimismo, sostuvo que “no hay comunidad alrededor ni tampoco cuerpos de agua” en la zona afectada.

No obstante, la premier indicó que el Ejecutivo sostendrá una reunión con las autoridades locales para evaluar sus demandas para lo cual estarán viajando el 26 de marzo.

Propuestas políticas de candidatos

En medio de la controversia, el incidente también generó cuestionamientos sobre si las actuales propuestas políticas contemplan mecanismos eficaces para atraer inversión privada sin descuidar los derechos humanos, la protección ambiental y el desarrollo de las comunidades.

El candidato presidencial por el Partido Morado, Mesías Guevara, criticó la respuesta del gobierno frente a la emergencia. “La presidenta del Consejo de Ministros, el Congreso y el Ministerio de Energía y Minas no han manejado de manera correcta lo que viene ocurriendo”, sostuvo.

También advirtió que la falta de información clara podría agravar la crisis energética. “Hay una gran desinformación y especulación, incluso ya el precio de la gasolina se ha incrementado y la crisis del GNV y del GLP se va a incrementar”, indicó.

Respecto a la supervisión del Estado sobre la inversión privada, Guevara consideró que el incidente evidencia fallas tanto en la empresa como en el gobierno. “La empresa privada no hizo la inversión que correspondía y el gobierno no hizo el control ni la fiscalización”, afirmó, señalando que la situación amerita una revisión urgente del contrato.

Por su parte, el candidato presidencial por Perú Federal, Armando Massé, señaló que el incidente refleja problemas estructurales en la gestión pública. “El Perú no tiene un plan de contingencia en ningún aspecto”, afirmó.

En tanto, Diego Guevara, candidato a la segunda vicepresidencia por el partido País Para Todos, enfatizó la falta de presencia del Estado en zonas alejadas del país.

“Es increíble que recién mucha gente se dé cuenta de que hay comunidades aisladas en este país que prácticamente no tienen presencia del Estado”, sostuvo.

Debate pendiente

La crisis en el Bajo Urubamba vuelve a abrir el debate sobre cómo impulsar la inversión privada en el sector energético sin descuidar los derechos de las comunidades y la protección ambiental.

Las declaraciones fueron brindadas en el marco del evento “Consenso por el Perú: Desregulación, eficiencia y promoción de la inversión”, organizado por la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.