Gobierno declara estado de emergencia en Piura ante incremento de criminalidad: estas son las medidas especiales

El Gobierno peruano declaró el estado de emergencia en diversas provincias y distritos de la región Piura por un plazo de 60 días, como respuesta al incremento sostenido de la criminalidad y el accionar de organizaciones delictivas. La medida, oficializada el 24 de diciembre mediante el decreto supremo N 146-2025-PCM, busca restablecer el orden interno en zonas golpeadas por delitos como extorsión, sicariato, robos y economías ilegales, que en los últimos meses han generado alarma entre la población.

La declaratoria contempla la aplicación de medidas especiales de inteligencia, control territorial con fuerzas integradas y fiscalización, con participación conjunta de la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas, además de un trabajo articulado con el Ministerio Público y carteras ministeriales, como la de Justicia y Derechos Humanos, y Transportes y Comunicaciones.

Asimismo, participan entidades como el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), como parte de un trabajo articulado.

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Seis distritos y dos provincias en estado de emergencia

Las áreas seleccionadas por el Ejecutivo para el estado de emergencia en el departamento de Piura comprenden los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre, Catacaos, Sullana y Bellavista, así como las provincias de Paita y Talara, donde el Gobierno intervendrá con mayor severidad a través de disposiciones operativas, de inteligencia y fiscalización.

Medidas especiales en Piura

Tras la declaratoria de emergencia, el Gobierno dispuso la restricción de visitas en establecimientos penitenciarios, el desmantelamiento de antenas de telecomunicación ilícitas y operativos de incautación de tarjetas SIM y celulares de procedencia irregular. También, estableció el decomiso permanente de armas, municiones, explosivos ilegales y productos pirotécnicos, así como la recuperación de espacios públicos asociados a actividades delictivas.

Además, se conformó en sus primeras 24 horas el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) y de comités de coordinación distrital, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica, con participación indelegable y un centro de coordinación permanente abierto durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Durante la vigencia de la medida, la PNP se encarga del control del orden interno, con apoyo de las FF. AA., y de determinar las zonas de intervención tras trabajos de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito.

Entre las acciones destacan el refuerzo del patrullaje, el control de identidad, la intervención de establecimientos y vehículos, así como un mayor control en los centros penitenciarios, en un intento por frenar las operaciones criminales que se gestan tanto dentro como fuera de las cárceles.

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