Atentados extorsivos en transporte dejan 73 muertos en Lima y Callao en lo que va del 2025

La violencia en el sector de transporte continúa escalando sin control. En los primeros once meses de 2025, 134 personas fueron víctimas de atentados extorsivos en Lima Metropolitana y el Callao, de las cuales 73 murieron, según el Reporte Estadístico del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. La gerente del Observatorio, Brenda Belleza Ancaya, advirtió que los ataques se volvieron más letales y frecuentes pese a los estados de emergencia dictados por el Gobierno de José Jerí.

Belleza explicó que estos registros, obtenidos mediante el análisis de carpetas fiscales, el monitoreo de medios y los sistemas institucionales, evidenciaron un incremento sostenido en la agresividad de las bandas dedicadas a la extorsión. Precisó que “los atentados no disminuyeron; hubo hechos que no dejaron muertos ni heridos, pero que igualmente ocurrieron”, subrayando que la reducción momentánea de víctimas mortales en octubre y noviembre no representó un retroceso real del fenómeno criminal.

El reporte detalló que entre enero y noviembre de 2025 se produjeron 121 atentados, con un pico en septiembre, cuando se registraron 31 víctimas, el 18,8% del total anual. Más de la mitad de los hechos ocurrieron entre miércoles y viernes, los días de mayor circulación de unidades, y la franja horaria predominante fue la noche, que concentró el 62,8% de los casos. En los distritos fiscales, Lima Norte fue la zona con más atentados, acumulando el 31,4% de los hechos violentos en el año.

En el desglose territorial, los distritos más afectados fueron Bellavista, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres y Comas. Les siguieron Los Olivos, Independencia, Chorrillos, Villa María del Triunfo, Carabayllo, Villa El Salvador y La Victoria, que también registraron eventos de alta peligrosidad.

El perfil de las víctimas confirmó un impacto directo sobre la fuerza laboral del país: nueve de cada diez eran hombres y ocho de cada diez, peruanos. El 21,2% tenía entre 30 y 39 años, y el 28,5% entre 40 y 49 años, es decir, trabajadores adultos en plena etapa productiva.

Las modalidades más empleadas por las bandas fueron la interceptación (80,6% de los casos), el uso de proyectil de arma de fuego (130 víctimas) y, en menor medida, artefactos explosivos. La mayoría de ataques se ejecutó desde motocicletas, lo que coincide con los patrones de movilidad delictiva identificados en investigaciones previas.

Belleza mencionó también que la crisis no se limita a los atentados con víctimas. Las denuncias por extorsión, revisadas en procesos paralelos por el Observatorio, muestran un aumento sostenido desde 2021. Ese año se registraron 4.119 casos y, desde entonces, la tasa de crecimiento anual promedio ha sido de 74,1%. Con esa tendencia, en el 2025 se proyecta que las denuncias superarán las 28.000.

PUEDES VER: Transportistas del Callao recibieron amenaza minutos antes de atentado a buses Nueva Estrella: “Tienes que alinearte”

Expertos alertan que la violencia se recrudeció

Para el criminólogo y exviceministro del Interior, Nicolás Zevallos, el aumento registrado en 2025 evidenció que “el fenómeno extorsivo se volvió más extenso y hay más competencia y violencia en torno a estas prácticas”. Alertó que el transporte “no fue el único sector golpeado; bodegueros, ambulantes y pequeños negocios también se convirtieron en blancos habituales”.

Zevallos sostuvo que la concentración de los atentados en ciertos distritos no es casual, sino consecuencia de “la presencia de más actores criminales, menor vigilancia y zonas con transporte informal altamente victimizable”. Añadió que la capacidad operativa de la Policía y la Fiscalía “fue limitada, lo que permitió que las bandas consoliden control territorial”, situación que, según dijo, se agravó en 2025.

El exministro del Interior, Ricardo Valdés, coincidió en que la respuesta estatal fue insuficiente. Señaló que el avance de la extorsión y los atentados está vinculado a la falta de sistemas integrados de análisis criminal. “Mientras no existan sistemas que permitan relacionar denuncias y producir inteligencia, los estados de emergencia fueron inútiles”, afirmó. Recordó que el SIDPOL acumula más de 70.000 denuncias por extorsión, indicador que, en su opinión, debería obligar al Estado a invertir en big data, modelaje e investigación estratégica.

PUEDES VER: Incendian dos buses de la empresa Estrella en San Martín de Porres: choferes no saldrán a trabajar, pese a pagar S/30 diarios

Descontento social y falta de resultados

Pese a los operativos y a los estados de emergencia decretados por el Ejecutivo, la violencia no cesó. Los gremios transportistas denunciaron que las acciones del Gobierno fueron “reactivas, insuficientes y sin estrategia integral”. Durante 2025 realizaron marchas y paralizaciones en Lima y Callao para exigir medidas de protección. Empresas y sindicatos reportaron operar bajo un clima de miedo permanente, en el que los ataques no solo amenazan a los conductores, sino también la continuidad del servicio para cientos de miles de usuarios.

El gremio remarcó que la violencia dejó de ser un problema aislado y evolucionó hacia una crisis estructural que el Estado no logra contener. El malestar se agudizó en julio, agosto y septiembre, los meses con mayor letalidad, y se mantuvo incluso tras el cambio de Gobierno, pues el Ejecutivo de Jerí continuó sin mostrar resultados visibles.

A nivel nacional, la situación también se agravó: los homicidios aumentaron 3% respecto a 2024, alcanzando 2.118 casos, mientras que la extorsión creció 18% en todo el país, 36% en Lima Metropolitana y 33% en el Callao.

Zevallos planteó que la salida pasa por intervenciones quirúrgicas en los territorios más críticos. “Si son cuatro o cinco distritos los más afectados, deberían existir cuatro o cinco equipos policía–fiscalía trabajando allí con apoyo municipal”, indicó. Este enfoque permitiría recuperar zonas donde las bandas criminales consolidaron un control que hoy desafía a las fuerzas del orden.

Analistas y gremios coincidieron en que el país necesita una estrategia integral, no medidas de impacto inmediato ni estados de emergencia de corta duración. Señalaron la urgencia de fortalecer la persecución penal, mejorar la capacidad investigativa, asegurar condenas efectivas, reformar el sistema penitenciario para impedir que los cabecillas operen desde las cárceles y diseñar políticas de protección específicas para transportistas. Solo así —afirmaron— será posible frenar una crisis que en 2025 dejó cifras alarmantes y una población cada vez más expuesta a la violencia.

PUEDES VER: Liberan a siete detenidos de los 'Sanguinarios de la Construcción', presunta red criminal de alias el 'Jorobado'

Extorsionadores incendian dos buses en SMP

Dos buses de la línea de transporte La Estrella SAC quedaron calcinados en San Martín de Porres tras un ataque de extorsionadores. Un conductor había recibido horas antes un mensaje para “alinearse”, pese a pagar entre S/20 y S/30 diarios. Cerca de 30 buses dejaron de operar tras el atentado, que no dejó heridos.

“Por el olor del neumático hemos salido... ya se estaban quemando los vehículos”, relató un vigilante. El dirigente de transportistas, Martín Ojeda, expuso que tres de cada cuatro empresas sufren violencia y que el daño es “invaluable”. “La extorsión hace lo que quiere con este gobierno”, enfatizó. También exigió medidas al Ministerio del Interior.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.