Contraloría halló torres de hasta 28 pisos donde solo se permitían 10: alertan riesgos en viviendas de interés social
En las auditorías realizadas por la Contraloría en 20 distritos, se determinó que el 60% de las edificaciones no pasó los controles técnicos establecidos, y que numerosas licencias fueron concedidas a proyectos que vulneran normas urbanísticas fundamentales.
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La Contraloría General de la República informó esta semana sobre serias irregularidades en proyectos de vivienda de interés social (VIS): se habrían autorizado y levantado edificaciones que superan hasta por tres veces la altura permitida en varios distritos de Lima, llegando a construcciones de hasta 28 pisos en áreas donde la normativa solo permite un máximo de 10.
Durante auditorías en al menos 20 distritos de la capital, se detectó que 6 de cada 10 construcciones inspeccionadas no pasaron los controles técnicos adecuados. Las licencias habrían sido concedidas pese a que los proyectos no cumplían con parámetros urbanísticos básicos, como la altura permitida, ni con los estudios estructurales requeridos.
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Inmobiliarias abusaron de la ley VIS, según informe
Uno de los casos más cuestionados está en San Isidro, donde se proyecta levantar un edificio de 28 pisos bajo la modalidad de VIS, superando ampliamente el tope permitido por la municipalidad. Además, de acuerdo con los auditores de la Contraloría, algunas inmobiliarias habrían usado de manera ventajosa ciertas disposiciones del Ministerio de Vivienda para incrementar la altura de sus proyectos, distorsionando así el propósito real de la normativa VIS.
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La Contraloría también señaló que algunos departamentos se ofrecen a precios muy por encima del máximo legal para vivienda social. Esto sugiere que la norma VIS, que apunta a ayudar a familias de ingresos bajos o medios, podría estar siendo utilizada para promover desarrollos altamente rentables, pero poco accesibles para su público objetivo.
Según la entidad, las inmobiliarias han optado por cambiar la razón social de sus proyectos para sortear medidas cautelares o procesos de anulación de licencias. Este tipo de maniobras complica las acciones de fiscalización, ya que los procedimientos legales pueden reiniciarse mientras la construcción sigue en marcha.
La Contraloría halló algunas edificaciones en áreas donde los proyectos de viviendas de interés social se encuentran prohibidos. Foto: Contraloría
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Riesgos estructurales y advertencia para usuarios
El ingeniero civil por la PUCP y Magíster en Diseño Urbano por la Technische Universität Berlin, Krishan Barr Rosso, explica a La República que el riesgo no es únicamente normativo: “Exceder ese tipo de límite implica riesgos muy serios: la cimentación y el núcleo estructural podrían estar subdimensionados para la carga real, y el diseño sísmico original puede no contemplar los desplazamientos y esfuerzos de un edificio tan alto”.
Cuando una estructura se diseña para 10 niveles, todo (desde la calidad de suelos, las columnas, el núcleo rígido, el sistema de reforzamiento, la disipación sísmica y la demanda lateral) está calibrado para ese límite. Levantar casi el triple de niveles sin un rediseño integral convertiría el edificio en un sistema que no responde como fue concebido, especialmente ante un sismo mayor, el escenario más crítico en Lima.
Además, el experto apunta que un expediente técnico adecuado debe incluir estudios geotécnicos rigurosos, análisis sísmicos dinámicos y planos estructurales completos. En estos casos, advierte que se debe poner especial lupa en la calidad del estudio de suelos y en los modelos de cálculo para terremotos, porque sin ellos, la seguridad de los futuros residentes podría estar comprometida.
Para detectar licencias fuera de norma, el ingeniero civil considera esenciales ciertos documentos:
- Planos verticales (cortes) que reflejen la altura real del edificio
- Cálculos estructurales con modelaciones sísmicas
- Estudios geotécnicos profundos
- Certificados urbanos que demuestren el cumplimiento de parámetros de la municipalidad
También es crucial verificar si la autoridad local exigió y aprobó esos estudios, y si hubo una verificación técnica real antes de otorgar la licencia.
¿De quién es la responsabilidad tras hallazgo de la Contraloría?
En cuanto a quién debe rendir cuentas, Barr Rosso precisó que no recae únicamente sobre los encargados técnicos de las obras. “No es solo responsabilidad del ingeniero residente o supervisor: la autoridad municipal que otorgó la licencia también tiene un rol técnico decisivo”, advierte.
Para el caso del edificio de 28 pisos, La República se contactó con la Municipalidad de San Isidro para obtener su versión, pero aún no recibe respuesta. También se consultó la versión del Ministerio de Vivienda sobre el mal uso de su normativa por parte de las inmobiliarias, y se esperan sus descargos al cierre de la nota.
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