Hace 7 días Contraloría advirtió a ministro del Interior presunta estafa en compra de avión
El funcionario nombrado por el gobierno del presidente José Jerí, Ronnie Matienzo, quien adquirió la aeronave Antonov AN-74, antigua, de segunda mano y con sobreprecio, sospechosamente renunció a los pocos días.
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Hace menos de una semana, el seis de noviembre, la Oficina de Control Institucional del Ministerio del Interior (OCI), comunicó al titular del sector, general PNP (r) Vicente Tiburcio Orbezo, el hallazgo de una serie de irregularidades en la adquisición de una aeronave de transporte para la Policía Nacional.
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En resumen, en lenguaje técnico, la OCI reportó a Tiburcio que el 31 de octubre, Día de la Canción Criolla, su despacho adjudicó la compra de una aeronave vetusta y de segunda mano a una empresa que no la construye, cuando las bases técnicas señalan que la máquina debe ser recién salida de fábrica y de estreno.
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En efecto, la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior (OGAF), aprobó la propuesta de la compañía Aero Express FZE, que ofertó la aeronave de fabricación ucraniana Antonov AN-74, por la que pidió US$63,900,000.
Como lo informó La República, la Contraloría verificó que Aero Express FZE es una empresa que opera desde Emiratos Árabes Unidos, que no es constructora de los Antonov AN-74 y que esta máquina no se construye desde 2014. El Ministerio del Interior no podría decir que fue víctima de un engaño.
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Sin embargo, luego que este diario reveló que el embajador de Ucrania en Lima, Yuriy Polyukhovych, reportó al gobierno de José Jerí que Aero Express FZE no representa a la fábrica Antonov y que el avión ofertado AN-74 fue construido hace una década, el Ministerio del Interior emitió un comunicado repleto de inexactitudes, por decir lo menos.
El Mininter señala que el proceso de adquisición se inició en otro gobierno, lo que es cierto. Pero la decisión de aceptar la propuesta de Aero Express FZE y de otorgarle la buena pro, pese a las advertencias sobre el origen del proveedor y de la aeronave, y del costo inflado, funcionarios del Ministerio del Interior nombrados por el gobierno del presidente José Jerí fueron los que aprobaron la sospechosa compra.
Las bases del proceso de adquisición que se inició en 2019, dicen con absoluta precisión que la aeronave debe provenir directamente del fabricante, por eso ganó el contrato la compañía ucraniana Antonov.
Pero la entrega quedó trunca porque, durante la invasión de los rusos sobre Ucrania, fue bombardeado el establecimiento donde se construía el avión comprado por el Ministerio del Interior.
Mininter dice que "invitará" a la Contraloría a revisar la compra del avión Antonov, pero hace 6 días ya le comunicó al ministro Tiburcio que había irregularidades en el proceso.
GRAVES INEXACTITUDES
“Es preciso enfatizar que desde que se asumió esta gestión, se dispuso una revisión integral y exhaustiva de los aspectos técnicos y legales del proceso (de compra), reafirmando su compromiso con la transparencia y el uso responsable de los recursos del Estado”, señala el Mininter en su comunicado.
Lamentablemente, no es cierto.
Precisamente, por una serie de cuestionamientos, el jefe de la OGAF del Mininter, Ricardo Kanashiro Romero, fue reemplazado por Ronnie Matienzo Mendoza, el 25 de octubre. El 31 de octubre, Matienzo, designado por el gobierno de Jerí, aprobó la contratación de Aero Express FZE que ofreció el Antonov AN-74 viejo y de segundo uso. No fue el anterior régimen de Dina Boluarte.
Al poco tiempo, el 10 de noviembre, la Contraloría emitió su informe cuestionando la compra de un avión por US$63,900,000, cuando su precio en el mercado es de menos de US$30,000,000, según el embajador ucraniano Yyurly Polyukhovych.
El sobrecosto llegaría a los US$33,300,000.
Rápidamente, el 14 de noviembre, Ronnie Matienzo Mendoza también dimitió como jefe de OGAF, luego de dar el visto bueno a la compra.
Por lo que, cuando el comunicado del Mininter dice que “se invitó a la Contraloría General de la República a acompañar la revisión (del proceso de adquisición), a fin de garantizar una evaluación objetiva y transparente”, no se ajusta a la verdad.
La Contraloría ya se pronunció afirmando que la contratación no procede porque no se cumplió con las bases. El ministro Tiburcio debería anular en el acto la compra, no solo para preservar los fondos públicos, sino porque está en juego la vida de los efectivos policiales.
