Dictan prisión preventiva a mayor y suboficiales PNP por pedir S/5.000 para devolver vehículo en Sullana
El Tribunal de Apelaciones ratificó la prisión preventiva y ordenó la captura inmediata de los agentes, al considerar que existen indicios suficientes de corrupción y riesgo de fuga.
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La Sala Penal de Apelaciones de Sullana confirmó el mandato de nueve meses de prisión preventiva contra tres agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), investigados por presuntamente haber solicitado S/5.000 a cambio de devolver un vehículo intervenido durante un operativo.
Los policías investigados son el mayor PNP Francy Barzola Álvarez, comisario de El Obrero; y los suboficiales Andy Llenque Suclupe y Richard Cherres Antón. Según la resolución del juez Carlos Lindo Yajamanco, Cherres fue señalado como presunto autor del delito, mientras que Barzola y Llenque figuran como presuntos cómplices.
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Orden de captura contra policías
Durante la audiencia de apelación, la fiscal adjunta superior Frida Borjas Roa, de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones, expuso los elementos de convicción que vinculan a los sospechosos con el presunto delito de cohecho pasivo propio. Su argumento permitió que el tribunal confirme la medida restrictiva.
Los magistrados superiores coincidieron con el Ministerio Público en que existen indicios sólidos de la comisión del delito, así como riesgo de fuga y posible obstaculización del proceso penal, por lo que ordenaron la inmediata ubicación y captura de los investigados.
Antecedentes de la setencia
La investigación comenzó con la denuncia de un ciudadano, cuyo auto fue intervenido el 10 de enero durante un operativo policial realizado cerca de un lavadero en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui, en la ciudad de Piura. La unidad tenía una orden de captura emitida por un juzgado comercial debido a una deuda bancaria.
Pese a que el denunciante presentó luego la documentación que acreditaba el levantamiento de la medida judicial, los agentes habrían condicionado la devolución del vehículo al pago, por lo que la víctima decidió presentar una denuncia formal.
El caso fue asumido inicialmente por el Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana, liderado por el fiscal Luis Ramos Rioja, y sustentado por el fiscal adjunto Harol Martínez Requena, quien pidió la prisión preventiva al considerar la gravedad del hecho y una prognosis de pena mayor a cinco años.
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