9 municipalidades de Lima entregaron licencias sin verificación técnica del terreno a 6 de cada 10 construcciones entre 2024 y 2025

Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló que nueve municipalidades de Lima Metropolitana emitieron licencias de construcción sin realizar la verificación técnica obligatoria en 391 de 654 proyectos que aprobaron entre 2024 y 2025 –60% de los casos–. El organismo de control identificó que los municipios de Ancón, Breña, Los Olivos, Chaclacayo, Comas y Pachacámac aprobaron el 100% de los permisos sin la revisión técnica correspondiente, mientras que Independencia no lo hizo en el 96% de los permisos otorgados. En tanto, en Surquillo y Santa Rosa no se ejecutó la verificación en el 37% y 21% de los casos, respectivamente.  

Este control es un paso clave para asegurar que las edificaciones se desarrollen de manera ordenada y segura dentro de los parámetros urbanísticos y estructurales, por lo que su incumplimiento incrementa el riesgo de inmuebles vulnerables, ocupación desordenada del suelo y afectación a la seguridad de los vecinos. 

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Falta de verificación técnica en licencias ocasionaría problemas en los vecinos

El operativo del Servicio de Control de la Contraloría, realizado del 13 al 22 de agosto de este 2025 y que evaluó a 20 municipalidades de la capital, detectó 50 situaciones adversas en los procedimientos para otorgar y verificar licencias de construcción. En varios distritos de Lima, los municipios no cumplieron con el desarrollo correspondiente en diversas etapas del proceso de otorgamiento y verificación de licencias para la edificación de viviendas, como el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa vigente y la verificación de los expedientes.

Según Luis Castillo Torrealva, gerente de Control Político, Institucional y Económico de la Contraloría, emitir la licencia es solo el primer paso para la construcción de una propiedad y el problema real sucede cuando las municipalidades no acuden a supervisar que se cumpla lo que autorizaron, generando riesgos, debido a que las obras pueden no respetar las normas y, al final, afectar a los vecinos.

“Puede que la constructora te ofrezca una vivienda de 90 metros cuadrados en algún sitio de Comas, con tales características y la Municipalidad aprueba el expediente, pero como no supervisa, entonces en lugar de entregarte una mesa de granito, te entrega una mesa de melanina o en lugar de una puerta de 90 centímetros, te da una de 75 (…). Los gobiernos locales tienen que supervisar el proceso de implementación de lo que ellos han autorizado, y cuando la licencia no está siendo adecuadamente supervisada, ahí donde viene el problema”, señaló para La República.

Municipalidades de Comas y Los Olivos con la mayor cantidad de infracciones

En particular, cuatro municipalidades –Surquillo, Comas, Los Olivos y Pachacámac – presentaron expedientes que no cumplen con los requisitos exigidos para el otorgamiento de licencias y dos –Comas y Los Olivos–, entregaron permisos sin exigir la totalidad de los estudios técnicos requeridos por la norma, tales como los certificados de factibilidad de servicios, estudios de mecánica de suelos e impacto vial, entre otros. Según la Contraloría, la falta de control podría ocasionar mayores riesgos de fallas en la cimentación y potenciales colapsos, así como afectaciones a la habitabilidad del entorno urbano.

Por otro lado, tres municipios –Chaclacayo, Los Olivos y Pachacámac– tienen desactualizados su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), incumpliendo la Ley N 27444 y reflejando la no exigencia de documentos como declaraciones juradas del representante legal, en caso de personas jurídicas, o informes técnicos favorables.

El punto que más gobiernos distritales faltaron –17 de los 20 evaluados–, fue el no registrar ni remitir información estadística trimestral sobre las licencias de construcción en el aplicativo del Sistema de Licencias de Habilitación Urbana y de Edi­ficación (SILHUE) en 2024 y 2025, limitando el seguimiento y verificación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Sanciones que pueden afrontar las municipalidades

Tras la emisión del informe 10122 – 2025 de la Contraloría, se les da un plazo de 45 días a las municipalidades para implementar las recomendaciones y corregir los errores detectados en el proceso de otorgamiento de licencias de construcción. Durante este tiempo, los gobiernos locales deberán presentar un plan de acción ante sus Órganos de Control Institucional (OCI) para garantizar que los procedimientos se realicen según la ley y con supervisión técnica adecuada.

Según explicó Castillo Torrealva, si los municipios no cumplen con este plazo, se podría iniciar un control posterior para verificar las omisiones y determinar responsabilidades. En esos casos, la entidad coordina con el Ministerio Público para iniciar las acciones legales correspondientes cuando existan indicios de irregularidades graves.  

“Es como decir, ya te advertí, ya te ayudé, te he dado tus 45 días y sin embargo, estás permitiendo que algunas empresas; por ejemplo, te comentamos el caso que tenemos ahora con la Municipalidad de San Isidro, ya hemos tenido que entrar con el Ministerio Público porque se iba a construir una edificación que incumplía todos los regímenes establecidos para poder decir que esa edificación tenga más de 28 pisos”, indicó el vocero.

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