Apurímac: segundo día sangriento en Las Bambas

La guerra está declarada en Challhuahuacho (Apurímac), al menos esa es la consigna que siguen los comuneros de Fuerabamba que intentan retomar la posesión de los terrenos de Las Bambas de donde fueron desalojados el último miércoles. Desde diferentes puntos lanzaron piedras con sus huaracas e intentaron ingresar a la mina.

“La guerra está dada, ayer Las Bambas nos ha declarado la guerra al atacarnos. Nos masacraron porque nos cogieron de improviso. El acuerdo comunal es que no hay diálogo. Estamos dolidos por la traición del Gobierno. Yo ya no puedo hacer nada, no puedo controlar a la comunidad que está decida a todo para recuperar sus tierras”, declaró Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba.

Un grupo de comuneros se apostó por cuatro flancos para rodear el campamento. En el sector de Manantiales, ingreso de la minera, Yaveropampa, Bravo 50 y Takiruta Alta. “Estamos durmiendo en los cerros, alertas, no nos vamos a mover, daremos la vida si es necesario”, añadió el dirigente.

La policía respondió los ataques con gases lacrimógenos que lograban dispersar a los huelguistas solo por algunos momentos.

Los ataques violentos duraron todo el día. El comisario de Challhuahuacho, mayor PNP Juan Pablo Echenet, sostuvo que se solicitaron refuerzos a las regiones vecinas. La situación se descontrola en el distrito.

En el segundo día de enfrentamientos, se registraron dos comuneros heridos con proyectiles. Se trataría de perdigones. “A uno le ha caído un proyectil en la ceja y otro hermano fue raspado por una bala”, denuncia Vargas. Sin embargo, la policía niega que se hayan usado armas de fuego.

En el otro lado, algunas fuentes indican que son más de 50 heridos, entre policías y trabajadores de Las Bambas, todos con impactos de piedra.

Tierra de nadie

Decenas de comuneras proveídas de piedras se apoderaron de las calles de Challhuahuacho. Causaban temor y entonaban arengas contra la mina. Las tiendas y otros negocios cerraron sus puertas por seguridad. Los periodistas también fueron amedrentados.

Una camioneta de la policía fue atacada por las manifestantes. “Han llevado municiones a los policías para disparar a nuestros hermanos”, decían mientras amenazaban a la comisaría del distrito. Solo las bombas lacrimógenas pudieron alejarlas de la zona. El local policial se mantiene resguardado por un fuerte contingente.

En Challhuahuacho, al igual que en Coyllurqui, rige desde ayer el estado de emergencia dictado por el Gobierno. Las UGEL de estos distritos emitieron una directiva para que las labores escolares sean de manera virtual. Los comercios están cerrados. La policía perifonea por las calles para que los pobladores se queden en sus casas a partir de las 7.30 de la noche.

Según fuentes policiales, en las próximas horas llegarían unos 200 miembros del Ejército para apoyar la medida restrictiva.

Los empresarios locales ya expresaron su angustia por la caída de sus ventas. “Estamos dos días cerrados. Presidente atienda este conflicto. Lamentablemente el Gobierno está distraído en otros temas, como el cambio de Constitución”, dijeron a La República. No se identifican, dicen, por temor a las represalias. También temen ser saqueados.

Desalojo en Huancuire

Otro sector invadido es Chalcobamba, segundo tajo de la minera. Aproximadamente 500 comuneros de Huancuire, del distrito de Coyllurqui, también en la provincia apurimeña de Cotabambas, tomaron posesión de la propiedad de Las Bambas hace dos semanas. Ayer fue su desalojo.

La misma escena que en Takiruta. Los efectivos irrumpieron con gases lacrimógenos y los comuneros con piedras y huaracas. Varios comuneros resultaron heridos; al momento no se conoce la cifra exacta. Grescas violentas se registraron en el óvalo Cero, óvalo Cumbre -Plataforma S4; Mirador Challcobamba y Bravo 3–, Garita Challcobamba.

Según el reporte policial, los pobladores de Huancuire incendiaron el cerro (pajonales) a espaldas de la planta Concentradora de la unidad minera.

Las Bambas aún no reanuda sus operaciones. La tercera productora de cobre más importante del país paralizó sus operaciones el 20 de abril y por ahora retomarlas no es seguro. “Las amenazas a la seguridad y a las operaciones derivadas de la invasión del sitio continúan”, dijo Las Bambas a través de un comunicado de prensa.

La empresa asegura que siempre optó por el diálogo para que los manifestantes abandonen la mina de forma segura, pero que, al no prosperar ese camino, optaron “como último recurso y de conformidad al artículo 920 del Código Civil peruano que las fuerzas de seguridad de Las Bambas, respaldadas por la Policía Nacional del Perú, ejecutaran la defensa posesoria extrajudicial con la finalidad de que los manifestantes abandonen el sitio”.

La minera comunicó que más de 900 empleados y contratistas de MMG permanecen en el sitio. Asegura que su intención es restablecer el diálogo con la comunidad para lograr una solución a los problemas actuales.

Por su parte, el Ejecutivo deslindó de la operación policial de desalojo. En un comunicado indicó que “el Gobierno no interviene en ese procedimiento”. Aseguró que la apuesta fue por el diálogo con las comunidades de Fuerabamba, Chila y Choaquere. Las últimas invadieron predios de Fuerabamba, hecho que hizo detonar el conflicto y motivó a su vez el asentamiento de Fuerabamba en propiedad de Las Bambas.

Según el Gobierno, el 27 de abril se invitó al diálogo, pero no habría sido aceptado. Esta versión contradice lo dicho por los comuneros, que aseguran que fueron atacados por la policía mientras esperaban al ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios.

El Gobierno aclaró que el desalojo fuera parte del estado de emergencia; este recién entró en vigencia desde ayer, por 30 días. Dijo que se investiga presuntos actos irregulares durante el desalojo. “Desde el Ejecutivo nos reafirmamos en la búsqueda de diálogo para los problemas y conflictos que afectan a nuestro país”, concluye.

Sentarse y evaluar el cumplimiento de acuerdos

Enfoque por: Giselle Huamaní, analista y mediadora

Van a tener que retomar el diálogo y trabajar en los temas que están pendientes en percepción de las comunidades, y en las pruebas que tiene la empresa. Eso es sentarse y empezar a concertar, evaluar hasta dónde han llegado con el cumplimiento de los acuerdos.

El Minem es el ente encargado de monitorear los acuerdos, tiene la base de datos. La Iglesia y la Defensoría del Pueblo han cumplido un rol de garantes para los conflictos en esta zona y podrían nuevamente incorporarse. Las comunidades sienten que esto ha sido una traición por parte del presidente Castillo. Pero también ellas recurren a medidas de fuerza para expresar sus reclamos, y eso no ayuda a establecer puentes de diálogo. A los actores les es muy difícil impulsar un proceso de diálogo en el que hay medidas de fuerza, violencia por cualquiera de los lados.

Reacciones

Baltazar Lantarón, gobernador de Apurímac

“Es importante que la PCM, el Ministerio del Interior, Energía y Minas cambien la estrategia y den prioridad al diálogo. Los hermanos de Fuerabamba desde el mes de marzo están pidiendo diálogo”.

Porfirio Gutiérrez, alcalde de Challhuahuacho

“Pedimos al presidente Castillo que solucione la demanda de las poblaciones o renuncie al cargo. Si el Gobierno no hace nada, el problema se va a agudizar. Otras comunidades podrían sumarse al conflicto”.