Pedro Castillo presenta amparo contra el Congreso

La denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo, por liderar una presunta organización criminal enquistada en su Gobierno, fue recibida con los brazos abiertos en el Congreso. La situación del mandatario está complicada; sin embargo, no queda claro si la demanda interpuesta por la fiscal Benavides procederá. El artículo 117 de la Constitución impide acusar al presidente durante su mandato por los delitos que la titular del Ministerio Público le sindica. Hay un debate abierto entre los juristas. Pero más allá de eso, el procedimiento es político.

Benavides ha dejado este caso, por ahora, en manos del Parlamento. Los legisladores de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y un sector de Alianza para el Progreso y de Acción Popular se inclinarán a favor de interpretar la carta magna bajo los argumentos de la fiscal de la Nación, quien ha apelado a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción para sustentar que el jefe del Estado sí puede ser acusado en ejercicio de sus funciones.

El artículo 117 de la carta magna señala que el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su periodo, por traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso o impedir el funcionamiento de esta institución.

La réplica del Ejecutivo

El Ejecutivo no se ha quedado de brazos cruzados. Al cierre de esta nota, el presidente presentó una demanda de amparo para anular todo lo actuado por la Comisión de Fiscalización. Este grupo parlamentario, presidido por el fujimorista Héctor Ventura, elaboró y aprobó el informe del caso Sarratea, que involucra al mandatario.

Castillo también pretende dejar sin efecto el informe del congresista Wilson Soto por presunta traición a la patria y la tercera moción de vacancia que viene impulsando el congresista no agrupado Edward Málaga. Así, exige al Poder Judicial que “se ordene al Congreso de la República a que se abstenga de ejercer control político de manera arbitraria, desproporcionada y anticonstitucional en mi contra”.

La reacción del mandatario refleja que la crisis política ha llegado a tal punto que tres instituciones importantes del país –Ejecutivo, Congreso y Ministerio Público– se enfrentan entre sí, apelando a todos los recursos, legales y políticos, posibles. Es una batalla sin tregua.

Postura de los juristas

El abogado Roberto Pereira sostiene que sí debería proceder la denuncia de la Fiscalía.

“Porque estamos ante un caso que claramente desborda la finalidad, el fundamento, del artículo 117. Estamos en un caso en el que se le imputa al presidente liderar una organización criminal en el Estado, donde además está usando los poderes presidenciales para interferir con la acción de la justicia. Ese supuesto desborda la previsión normativa del 117, que es un artículo destinado, desde la Constitución de 1860, a dar estabilidad a la Presidencia de la República, pero no que lidere una organización criminal del Estado y además afecte a la actuación de la justicia”, enfatizó.

Opinión distinta tiene el abogado Omar Cairo, quien considera que el recurso presentado por Benavides es improcedente. “Porque es una denuncia constitucional que está dirigida a iniciar un antejuicio por dos delitos, que son el tráfico de influencias agravado y colusión. Y por esos delitos no se le puede procesar al presidente durante su mandato. Entonces, el Congreso no puede tramitar un antejuicio por esos delitos”, dijo.

Politización del proceso

Al margen de las interpretaciones jurídicas, en el Congreso, de todas formas, irán más allá de los procedimientos con tal de encontrar una vía para acusar o inhabilitar al presidente Castillo, según diversas fuentes consultadas en el Legislativo.

El primer paso es darle agilidad al trámite de la denuncia de la fiscal Benavides en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es la que revisará el expediente de Castillo en antejuicio o juicio político. El fujimorismo está moviendo sus hilos para acelerar la acusación.

Ayer, temprano, la congresista de Fuerza Popular Vivian Olivos envió una carta a la presidenta de la subcomisión, Lady Camones, de Alianza para el Progreso (APP). Olivos sostuvo que la SAC debería enfatizar este recurso debido a “su importancia en la lucha contra la corrupción”.

“Solicito que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside, priorice con carácter de urgencia la calificación correspondiente de la denuncia constitucional”, le exhorta Olivos a Camones.

A las 9:30 a.m., horas después de recibir la carta de la congresista fujimorista, Camones anunció que este viernes 14 de octubre la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dará cuenta de la denuncia interpuesta por la fiscal Benavides contra el presidente Castillo. “Vamos a darle la atención prioritaria en respeto a los procedimientos, la prioridad no tiene nada que ver si es que estoy a favor de esto, los golpes de Estado se gestan desde el Ejecutivo, no conozco un golpe de Estado que nazca desde el Congreso”, sostuvo la expresidenta de la Mesa Directiva.

Luego de darse cuenta, la subcomisión tiene 10 días hábiles para elaborar el informe de calificación. Este es votado y la Comisión Permanente (ver infografía), de aprobarlo, dará 15 días para que la subcomisión presente el informe final. Con ello, esta comisión designa a un congresista delegado que redacte el dictamen y las recomendaciones. El oficio, una vez aprobado en esa instancia, va a la Permanente y luego al Pleno, en caso de que reciba el visto bueno.

Dos caminos

Un congresista delegado puede optar por dos caminos: el antejuicio político o el juicio político. Con la primera vía, básicamente solo podrá recomendar dar lugar a formación de causa para que la denuncia sea remitida a la Fiscalía y esta formalice la investigación preparatoria. Y con la segunda, el ponente puede concluir que el acusado cometió infracciones a la Constitución y, por lo tanto, sugerir que se le sancione con la inhabilitación de la función pública, máximo, por 10 años.

Para esto último, la oposición necesita del voto de 2/3 del total de congresistas, menos los integrantes de la Comisión Permanente del Parlamento. La vacancia, recordemos, implica 87 votos a favor. Los promotores de la destitución de Castillo no cuentan con ese apoyo. Por eso la inhabilitación, mediante juicio político, les resulta alcanzable.

Posturas predecibles

Respecto a formalizar una acusación contra un jefe del Estado durante su mandato, la subcomisión todavía no ha definido qué interpretación tendrá sobre el artículo 117 de la carta magna. Camones ha dicho que conversará sobre este tema con el titular del Parlamento, José Williams Zapata.

Las bancadas aliadas de Fuerza Popular, en cambio, ya tomaron postura. “El presidente de la República está inmerso en un proceso judicial que es causal de suspensión de funciones. En dos semanas máximo podríamos estar suspendiendo al presidente de sus funciones”, amenazó el congresista de Avanza País Diego Bazán.

“La denuncia constitucional hace insostenible la permanencia del presidente de la República en la primera magistratura de la nación, consecuentemente solicitamos su inmediata renuncia y ponerse a disposición de las investigaciones ante las autoridades competentes”, invocó la bancada de Renovación Popular mediante un comunicado.

Hacia el juicio político

El plan de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular apunta a la inhabilitación del mandatario Pedro Castillo. La sanción máxima del juicio político. Estas tres bancadas, más APP y Acción Popular, son mayoría en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Como se recuerda, este no es el primer intento de someter al presidente de la República a un antejuicio o juicio político. Antes el Congreso aprobó el informe de la Comisión de Fiscalización por el caso Sarratea, que también está pendiente en la subcomisión.

Del mismo modo, aún no se resuelve la denuncia por traición a la patria, que ya tiene un expediente listo para discutirse, elaborado por el congresista de Acción Popular Wilson Soto.

A eso se suma la tercera moción de vacancia presidencial, impulsada por el congresista no agrupado Edward Málaga, que aún no cuenta con las firmas reglamentarias.

Claves

Tiempos. En un audio difundido por Epicentro TV en setiembre, se escuchó que Lady Camones consideró que el presidente iba a ser vacado en uno o dos meses. Justamente, el proceso de denuncia constitucional demora ese tiempo.

Censura. Kelly Portalatino, de Perú Libre, le advirtió a Camones que su bancada está evaluando presentar una moción de censura en su contra debido a que la subcomisión priorizará la denuncia contra Castillo.

Reacciones

Roberto Pereira, abogado

“La Fiscalía presentó la denuncia constitucional al Congreso, y este va a tener que tramitarla. En caso de que el Congreso la apruebe, el presidente interpondría una acción de garantía ante el TC”.

Omar Cairo, abogado

“Estarían infringiendo la Constitución por tramitar un procedimiento dirigido a procesar al presidente por dos delitos que no están comprendidos en el artículo 117 de la Constitución Política”.

El presidente confronta al Congreso

La demanda pretende anular el informe del caso Sarratea, la denuncia constitucional por traición a la patria y una eventual tercera moción de vacancia presidencial.