Fiscal de la Nación pide al Congreso interpretar la Constitución en denuncia contra Pedro Castillo

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, requiere al Congreso de la República interpretar el artículo 117 de la Constitución en el trámite de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. Específicamente, pide que se haga un control de convencionalidad a fin de que se aplique la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

“Desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La corrupción socava el orden democrático y atenta contra los derechos humanos. Por ello, el combate contra la corrupción, en todas las esferas, debe ser unánime porque solo así la inmunidad no será impunidad. Las peruanas y peruanos merecemos conocer la verdad”, dijo Benavides en un pronunciamiento.

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En la denuncia constitucional contra el jefe de Estado a la que accedió La República, la titular del Ministerio Público reconoce que el proceso de antejuicio político sí presenta obstáculos en el caso de presuntos delitos cometidos por el mandatario en funciones.

¿El obstáculo? El artículo 117 de la Constitución que establece que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso sin estar facultado y bloquear el funcionamiento del Sistema Electoral.

Ante ello, Benavides Vargas busca que entre a la jugada, a través de un “control de convencionalidad en materia de lucha contra la corrupción”, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, tratado aprobado por el Parlamento y ratificado por el Gobierno en 2004.

“No solo el Poder Judicial debe cumplir con las disposiciones de derecho supranacional, sino también el Legislativo y el Ejecutivo”, es parte de la sentencia del Tribunal Constitucional que cita la fiscal de la Nación en el documento.

Es en este punto en el que Patricia Benavides el artículo 30 del referido tratado, en el que se establece que cada Estado adoptará las medidas necesarias para mantener un equilibrio entre los funcionarios con prerrogativas y la posibilidad de ser procesados por corrupción.

Dicho apartado también sostiene que cada nación “considerará la posibilidad de establecer en la medida en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico procedimientos en virtud de los cuales un funcionario público que sea acusado de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención pueda, cuando proceda, ser destituido, suspendido o reasignado por la autoridad correspondiente, teniente presente el respeto al principio de presunción de inocencia”.