Pedro Castillo: las claves de la denuncia constitucional presentada por Patricia Benavides

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó este último miércoles, ante el Congreso, una denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo, en la que solicita al Legislativo que le permita iniciar una investigación preparatoria en contra del jefe de Estado a raíz de una serie de acusaciones en las que se terminaría de concretar la tesis de la Fiscalía, que sostiene la existencia de una presunta organización criminal que estaría liderada por el mandatario.

Esta denuncia solicita que se interprete el artículo 30 del Tratado de Derechos Humanos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta denuncia fue ingresada a la mesa de partes del Parlamento la tarde de este martes y en la actualidad ya se encuentra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. ¿Pero qué comprende exactamente esta denuncia, a quiénes abarca y qué delitos se habrían cometido según la Fiscalía?

Los implicados: Pedro Castillo, Juan Silva y Geiner Alvarado

La denuncia, que será revisada por la SAC este viernes 14 de octubre, incluye no solo al presidente Pedro Castillo como líder de una presunta organización criminal, sino también a dos de sus exministros cuestionados: Juan Silva, extitular del MTC que ahora es prófugo de la justicia; y Geiner Alvarado, quien fue dos veces ministro, primero en el sector Vivienda (gestión por la que es investigado) y, posteriormente, en el MTC.

Los tres fueron señalados como miembros de una organización criminal, aunque cada uno en diferente medida que el otro, dependiendo de los tres casos que abarcan esta investigación: el caso Petroperú, el caso Provías Descentralizado (también conocido como el caso del MTC), y el caso Ministerio de Vivienda.

¿Qué delitos se le imputan a Castillo, Silva y Alvarado?

Además de figurar como supuesto autor del delito de organización criminal, a Pedro Castillo se le consigna la presunta comisión de tráfico de influencias agravado por haber ofrecido a empresarios, en provecho de su cargo funcional, interceder ante los ministros Alvarado y Silva para a obtención de licitaciones millonarias.

Castillo es también sindicado como cómplice en el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión por presuntamente haber coordinado con los cuestionados ministros la acreditación de estas obras.

Juan Silva, por su parte, está señalado como presunto autor de dos delitos, el primero por su posición en el esquema de organización criminal propuesto por la Fiscalía y el segundo por colusión, durante su gestión a cargo del MTC.

Por otro lado, Geiner Alvarado solo es señalado por su participación en la estructura de organización criminal liderada por el jefe de Estado durante su gestión como ministro de Vivienda.

Casos por los que se investiga a Castillo como líder de organización criminal

En la denuncia constitucional presentada este 11 de octubre se consignan tres casos como base para estas investigaciones: el caso Petroperú; el caso Provías Descentralizado, también presentado como el caso MTC; y el caso del Ministerio de Vivienda y Saneamiento.

En el caso de Petroperú se señala que la investigada presunta organización criminal habría designado a Hugo Chávez como gerente general de la entidad estatal en atención del pedido del empresario Fermín Silva, dueño de la clínica La Luz. Esto habría ocurrido con el objetivo de controlar los procesos de contratación de bodiésel en favorecimiento de la empresa Heaven Petroleum Operator.

Las acusaciones que se ciernen sobre Castillo comprenden las reuniones entre el presidente, Chávez y los representantes de la empresa, así como la presunta entrega de un monto de 2 millones de soles provenientes de Karelym López que habrían sido trasladados por medio de Bruno Pacheco.

Por el caso Puente Tarata (también conocido como Caso MTC o Provías Descentralizado), las acusaciones comprenden el presunto beneficio irregular al Consorcio Puente Tarata III e involucran al exministro de Transportes y ahora prófugo Juan Silva.

Según la acusación fiscal, Silva habría recibido el monto de 100.000 soles como adelanto de dicho consorcio en agradecimiento por la licitación ganada, pese a que dos empresas de dicho consorcio tenían prohibido contratar con el Estado.

Por otro lado, en el caso del Ministerio de Vivienda y Saneamiento, la Fiscalía concluyó que Pedro Castillo habría coordinado el nombramiento de funcionarios en el entorno del sector, que en ese momento se encontraba a cargo de Geiner Alvarado.

Además, está la adjudicación de obras a empresarios, amigos o familiares, como en el caso de los hermanos Espino. Adicionalmente, se da cuenta de la presunta entrega de un pago de 200.000 soles al alcalde de Anguía, José Nenil Medina.

Los ‘brazos’ de la organización criminal presuntamente liderada por Pedro Castillo

En la denuncia también se considera que la presunta organización criminal liderada por Castillo estaría integrada por siete brazos o mandos operativos, los cuales comprenden a diferentes personajes que se encuentra aún bajo las pesquisas del Ministerio Público.