Diputados remitió al Senado dictamen que otorga facultades al Gobierno: estos son las 20 puntos aprobados
La propuesta aprobada establece una delegación de 90 días para legislar sobre seguridad ciudadana y medidas frente al Fenómeno El Niño. El texto incluye cambios en migración, armas, sistema penitenciario, lucha contra el crimen, agricultura, infraestructura, vivienda y atención de emergencias.
La República en GoogleLa Cámara de Diputados remitió al Senado el dictamen que otorga facultades legislativas al Gobierno para emitir decretos legislativos durante 90 días. El texto aprobado contempla 20 materias: seis vinculadas con seguridad ciudadana y 14 relacionadas con el Fenómeno El Niño. El documento fue enviado para su revisión luego de la aprobación del Pleno de la Cámara Baja.
El texto establece que el Poder Ejecutivo solo podrá legislar sobre las materias expresamente autorizadas. Además, fija que las medidas deberán respetar la Constitución y los derechos fundamentales. La delegación tampoco incluye las materias que la Carta Magna considera indelegables.
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La Cámara de Diputados redujo así el alcance del pedido que había presentado originalmente el Ejecutivo. La solicitud inicial contemplaba 66 ítems y un plazo de 120 días, mientras que la fórmula aprobada quedó concentrada en seguridad ciudadana y atención del Fenómeno El Niño, por 90 días.
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¿Qué facultades aprobó Diputados en materia de seguridad ciudadana?
El primer bloque permite modificar las normas sobre migración y nacionalidad. El objetivo señalado en el texto es reforzar la identificación de personas, la verificación de documentos y el control migratorio. También se plantea mejorar el Registro de Información Migratoria y el intercambio de información entre Migraciones y otras entidades públicas.
La propuesta también incluye cambios en los procedimientos de nacionalización. Se busca reforzar la evaluación de las solicitudes y prevenir posibles fraudes en la adquisición o recuperación de la nacionalidad peruana. Todo ello deberá respetar el debido procedimiento, el derecho de defensa, la unidad familiar y los derechos de niños y adolescentes.
Un segundo punto está relacionado con los equipos celulares y las líneas utilizadas para cometer delitos. Las modificaciones permitirían fortalecer los mecanismos para identificar, localizar y bloquear equipos o líneas vinculados con actividades ilícitas. También se plantea mejorar la fiscalización de las empresas operadoras y la coordinación con entidades públicas.
El texto presta especial atención a las comunicaciones ilegales desde establecimientos penitenciarios y centros juveniles. De aprobarse, se podrían establecer mecanismos para detectar y bloquear estas señales, aunque la propuesta señala que las medidas no permitirán un acceso indiscriminado al contenido de las comunicaciones. También mantiene las garantías sobre el secreto de las comunicaciones y la protección de datos personales.
Otro de los puntos está relacionado con armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil. El Ejecutivo podría modificar las reglas sobre fabricación, importación, comercialización, adquisición, posesión, almacenamiento, transporte y uso.
Entre las medidas planteadas figura reducir el número de armas que una persona puede tener bajo la modalidad de caza y reforzar las sanciones por hurto, pérdida o robo de armas. También se contemplan cambios al Código Penal para sancionar distintas conductas vinculadas con armas ilegales, así como la falsificación de información sobre su pérdida o sustracción y el uso indebido de licencias.
El cuarto bloque corresponde al sistema penitenciario. La propuesta permite modificar las normas del INPE para fortalecer la seguridad y la inteligencia penitenciaria, mejorar los servicios y modernizar la gestión de los establecimientos.
También se plantean cambios en la carrera especial penitenciaria. Entre ellos figuran evaluaciones de desempeño, modificaciones al régimen disciplinario e impedimentos para que servidores destituidos puedan regresar al sistema. El texto también permite reforzar la infraestructura penitenciaria y habilitar el uso de cuarteles de las Fuerzas Armadas para internos de baja peligrosidad y con penas menores.
Las facultades alcanzan además a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Se plantea que quienes hayan cometido delitos graves y alcancen la mayoría de edad puedan cumplir su medida de internamiento en una unidad diferenciada dentro de un establecimiento penitenciario, siempre que exista un mandato judicial.
La propuesta también contempla aumentar la duración de determinadas medidas socioeducativas para delitos graves, establecer mecanismos de traslado y garantizar asistencia educativa, laboral, familiar y social después del egreso. Además, se plantea crear una carrera para los servidores públicos de los centros de rehabilitación juvenil.
El bloque más amplio está dirigido a combatir la delincuencia, la criminalidad organizada y los mercados ilícitos. Las modificaciones podrían alcanzar al Código Penal, al Nuevo Código Procesal Penal y al Código de Ejecución Penal, con medidas específicas contra la extorsión, el sicariato, el secuestro, las bandas criminales y otros delitos graves.
El texto también contempla cambios en los mecanismos de simplificación procesal, la conversión de penas y las reglas de competencia para casos vinculados con organizaciones criminales. En materia penitenciaria, se plantea establecer reglas diferenciadas para la clasificación de internos, los beneficios penitenciarios y la prevención de delitos desde los establecimientos penales.
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Dentro de este mismo bloque aparecen medidas contra la minería ilegal y los mercados ilícitos relacionados con esta actividad. La propuesta busca abarcar distintas etapas de la cadena delictiva, desde la extracción y el acopio hasta el transporte y la comercialización.
Las facultades también incluyen cambios en el subsistema especializado contra la extorsión y sus delitos conexos. El objetivo es establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades, distribuir casos y recursos con criterios previamente establecidos y evitar que la asignación de investigaciones permita escoger jueces o fiscales para casos concretos.
Otro grupo de medidas apunta a los delitos informáticos. Se plantea actualizar los tipos penales y agravantes frente a nuevas formas de ciberdelincuencia, además de reforzar la respuesta frente al acceso ilícito a sistemas, fraude informático y suplantación de identidad.
También se podrá modificar la responsabilidad administrativa de las empresas cuando sean utilizadas para facilitar o encubrir actividades delictivas. El texto menciona expresamente casos vinculados con minería ilegal, extorsión y ciberdelincuencia. A ello se suma una modificación de la plataforma Denuncia Digital para mejorar el registro, seguimiento y protección de la información de las denuncias.
¿Qué podrá legislar el Gobierno frente al Fenómeno El Niño?
El segundo bloque contiene 14 materias. La primera permitirá a Indeci entregar directamente bienes de ayuda humanitaria durante los primeros 15 días posteriores a una emergencia o desastre. La prioridad será la población afectada que se encuentre en situación de vulnerabilidad.
La propuesta también permite simplificar procedimientos administrativos. El objetivo es eliminar requisitos duplicados y documentos que ya estén en poder de la administración pública. La medida deberá mantener los controles necesarios y garantizar que las personas sin acceso a servicios digitales puedan realizar sus trámites.
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Otro punto está relacionado con la digitalización del Estado. Se podrán establecer reglas sobre interoperabilidad y seguridad de las plataformas públicas, gestión documental, credenciales digitales y firmas electrónicas. Para el sector privado, las medidas quedarán limitadas a requisitos de seguridad y gestión de incidentes según el nivel de riesgo.
En materia agraria, el Gobierno podrá crear un régimen para el certificado de cosecha electrónico como título valor. La medida busca facilitar el acceso de los productores a créditos, garantías y seguros. También se podrán modificar las reglas para las compras estatales de alimentos provenientes de la agricultura familiar.
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El texto incluye asistencia técnica y subvenciones para mujeres rurales e indígenas. Estas medidas podrán financiar proyectos de reconversión voluntaria, emprendimientos y reposición de activos productivos. La propuesta exige criterios públicos para seleccionar a las beneficiarias y establece límites presupuestarios.
También se plantea fortalecer la adaptación del sector agrario frente a eventos climáticos adversos. Las medidas podrán incluir asistencia técnica, sistemas de alerta temprana, seguros y compensaciones por pérdidas, con prioridad para pequeños productores.
Otro punto busca reforzar la transferencia de tecnología y la asistencia técnica para agricultores. Se podrá modificar el SECIGRA Agrario, fortalecer el Padrón de Productores Agrarios y mejorar el intercambio de información para planificar servicios, conocer la producción y emitir alertas tempranas.
El texto también permite crear mecanismos para facilitar el acceso de productores y organizaciones a maquinaria, equipos e infraestructura. Esto podrá realizarse mediante adquisición, financiamiento, donación, cesión en uso, arrendamiento u otras modalidades, pero la autorización está vinculada específicamente a la atención del Fenómeno El Niño.
En infraestructura, el Ejecutivo podrá modificar las reglas de las Asociaciones Público-Privadas para permitir que el inversionista participe en estudios técnicos y en la liberación de interferencias. La entidad pública mantendrá la supervisión y la responsabilidad final sobre las decisiones que correspondan a sus competencias.
Otro punto está referido a la adquisición, expropiación y saneamiento de predios necesarios para proyectos de infraestructura pública y privada. También se contemplan medidas para regularizar la situación jurídica de terrenos donde ya funcionan servicios o equipamientos públicos.
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El Gobierno también podrá establecer medidas para sanear y optimizar inmuebles estatales destinados a obras de infraestructura. La propuesta incluye la posibilidad de revertir al Estado bienes que no hayan sido utilizados.
La liberación de interferencias para ejecutar obras constituye otro de los puntos. El texto contempla que empresas prestadoras de servicios y particulares puedan realizar determinados trabajos sin solicitar autorizaciones municipales, siempre dentro de los límites constitucionales y con respeto a los derechos de los pueblos indígenas y las reglas de consulta previa cuando correspondan.
Las facultades incluyen modificaciones a la Ley de Obras por Impuestos. El objetivo es ampliar este mecanismo a proyectos de gestión del riesgo de desastres, infraestructura de defensa civil y construcción de viviendas rurales para personas damnificadas. También se plantea un procedimiento simplificado para las IOARR de emergencia.
En vivienda y saneamiento, el Ejecutivo podrá establecer soluciones alternativas para proyectos de Vivienda de Interés Social afectados por el Fenómeno El Niño. El texto contempla además un régimen registral especial para estos proyectos, con plazos reducidos y procedimientos simplificados.
Finalmente, se plantean cambios para atender a las familias damnificadas mediante el Bono Familiar Habitacional, el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables y el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias. También se podrán ampliar las medidas de acceso temporal al agua potable y saneamiento para la población afectada.
La propuesta aprobada por Diputados establece además tres reglas finales. Las facultades no incluyen materias que la Constitución prohíbe delegar. Las medidas que requieran recursos deberán ejecutarse con cargo al presupuesto de cada sector y conforme a las reglas presupuestarias. Además, las disposiciones no podrán afectar la autonomía de los gobiernos regionales y locales ni las competencias de los organismos constitucionalmente autónomos.
