Keiko Fujimori guardó silencio en interrogatorio de la Fiscalía por caso Lavamoto

Caso Lavamoto | El 28 de agosto del 2023 cuando la Fiscalía de Lavado de Activos consultó a Keiko Fujimori por el origen de los aportes a su campaña electoral del 2021, ella guardó silencio. Lo mismo hicieron Miguel Ángel Torres, Lindman Miranda y Liliana Takayama, parte de los fujimoristas involucrados en la investigación por presunto lavado de activos durante el proceso electoral de Fuerza Popular del 2021. Solo Karina Beteta y Luis Galarreta declararon.

Si bien desde una perspectiva jurídico-procesal, ejercer el derecho al silencio no constituye, por sí solo, un indicio de culpabilidad, la "ausencia de una justificación razonable, verificable y coherente del origen de los fondos, (...) refuerza la sospecha del presunto delito de lavado de activos", indica la tesis fiscal.

Silencio y evasión fue justamente lo que encontró el despacho de la fiscal Manuela Villar cuando interrogó a los seis fujimoristas implicados en la investigación.

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El silencio de Keiko Fujimori

Empezando por los más altos cargos de Fuerza Popular, cuando Keiko Fujimori, presidenta del partido, acudió al Ministerio Público el 28 de agosto del 2023 se remitió a guardar silencio y a cuestionar la competencia del despacho fiscal.

A Fujimori se le consultó por el origen de los los S/1'309,770.00 que el partido reunió para financiar 1,384 tasas administrativas ante el Jurado Nacional de Elecciones a fin de interponer solicitudes de nulidad de mesas de sufragio, apelaciones y observaciones de actas vinculados al proceso electoral del 2021.

También se le pidió la razón de por qué el partido declaró como "aportes en especie" una suma total de S/ 1'258,708.00 cuando, al ser consulados, los presuntos aportantes indican que tales entregas no se efectuaron en especie (entrega de un bien), sino en efectivo y sin registro formal.

Tampoco explicó por qué algunos de los supuestos donantes niegan haber hecho aportes o no contarían con la capacidad económica suficiente para justificar los montos atribuidos a su nombre.

En síntesis, la investigación precisa que Fujimori Higuchi no brindó datos verificables sobre: "la identidad real de los supuestos aportantes; los mecanismos de conservación, traslado o administración de los fondos; las razones por las cuales no se bancarizaron ni se reportaron a la ONPE de forma transparente; la legalidad y lógica interna del sistema de captación y uso del dinero".

"La investigada no ha ofrecido una explicación razonable, coherente ni verificable respecto de los activos objeto de investigación, lo cual consolida la imputación preliminar y justifica la formalización de la investigación preparatoria", se lee.

Más silencio

Además de Keiko, quienes también optaron por el silencio fueron Miguel Ángel Torres, Lindman Miranda y Liliana Takayama.

Miguel Ángel Torres es investigado en su calidad de vocero del partido y coordinador general de la defensa legal. Se le atribuye el presuntamente "haber intervenido de manera directa, funcional y estratégica en actos de conversión, ocultamiento y utilización de activos de origen presuntamente ilícito, en calidad de autor".

Torres Morales fue citado el 21 de noviembre de 2023 para una declaración indagatoria. Decidió guardar silencio. Para la investigación, "dicha omisión resulta especialmente grave, considerando que sus funciones lo colocaban en una posición de conocimiento privilegiado y de toma de decisiones".

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Por su parte, Lindman Miranda Zamalloa, contadora del partido, también optó por el silencio cuando compareció ante el Ministerio Público el 16 de noviembre de 2023. De acuerdo con la hipótesis fiscal, habría permitido o facilitado el ingreso de S/ 1'286,058.00, recaudada por vías no bancarizadas y bajo la modalidad de "aportes en efectivo y "aportes en especie".

En tanto, Liliana Takayama, representante legal, tampoco ofreció explicación alguna respecto a los hechos que se le atribuyen: supuestamente "habría otorgado cobertura institucional y apariencia de legalidad a los recursos captados y empleados, pese a que estos fueron entregados en efectivo, al margen del sistema financiero formal y sin documentación que sustente su licitud a trazabilidad".

Ausencia de explicaciones razonables

Quienes sí declararon fueron Luis Fernando Galarreta, secretario general nacional, y Karina Beteta, tesorera del partido.

A Galarreta se le atribuye presuntamente "haber intervenido de manera directa en la organización y gestión de actividades estratégicas del partido, incluyendo el uso y disposición de recursos económicos cuyo origen no ha sido plenamente justificado ni acreditado".

El secretario general respondió un pliego de preguntas de la Fiscalía. Como parte de ellas, indicó que al haber entrado en vigencia la normativa sobre aportes privados a organizaciones políticas, comunicó a uno de los aportantes que era posible realizar contribuciones en especie o en efectivo.

Al tener en cuenta esta y sus demás declaraciones, la Fiscalía consideró que no brindó una "explicación razonable ni verificable respecto del origen y tratamiento de los fondos involucrados".

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Finalmente, Karina Beteta Rubín, tesorera de Fuerza Popular. La investigación le atribuye el posiblemente "haber asumido funciones clave en la captación, administración y rendición de cuentas del financiamiento partidario, valiéndose de su cargo para canalizar fondos cuya procedencia no ha sido debidamente justificada".

En su declaración del 28 de mayo de 2024, Beteta "reconoció haber sido la responsable de remitir el informe anual de la actividad económica-financiera del partido a la ONPE, así como de absolver los requerimientos efectuados por dicha entidad respecto a los aportes y gastos registrados. Indicó que, para sustentar aportes en especie (como el pago de tasas judiciales), el partido elaboraba expedientes con declaraciones juradas, copias del DNI y huellas digitales de los supuestos aportantes"

La Fiscalía a cargo del caso detectó posibles contradicciones en su declaración, pues uno de los ciudadanos incluidos como aportantes (Jorge Gastelú) niega haber contribuido. De igual forma, "la ONPE detectó irregularidades sistemáticas en la rendición de cuentas 2021 a cargo de Beteta Rubín".

Teniendo en cuenta las seis posiciones de los investigados, el documento precisa que "la negativa a declarar sobre operaciones financieras de alto valor, no bancarizadas, y carentes de sustento verificable, contribuye a mantener opaco el origen de los fondos y a impedir el esclarecimiento de los hechos, lo que justifica proceder con una investigación penal".