Gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, es condenada a casi 10 años de prisión por corrupción
Condenan a Rosa Vásquez Cuadrado, gobernadora de Lima, a 9 años y 5 meses de prisión y S/100 mil de reparación civil por peculado y falsificación en el caso del Centro Cívico de Matucana. La sentencia fue apelada.
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- Rosa Vásquez Cuadrado condenada a casi 10 años de prisión por corrupción.
- Se le imponen S/100,000 de reparación civil y enfrenta inhabilitación para cargos públicos.
- La defensa presentó un recurso de apelación contra la sentencia.
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La gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, ha sido condenada a una pena privativa de nueve años y cinco meses por el delito de peculado doloso agravado, según el fallo emitido por el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate.
La sentencia judicial también impone a la autoridad regional el pago de una reparación civil de S/100.000 a favor del Estado peruano. Estos hechos se dan en relación con presuntas irregularidades detectadas en procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios durante la gestión de Vásquez Cuadrado durante el 2023 y 2025.
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Los cargos de corrupción
La condena impulsada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura y respaldada por evidencia recopilada por la Policía Nacional a través de la Dircocor, se fundamenta en actos de corrupción que se remontan a su gestión como alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Huarochirí, específicamente vinculados al caso del Centro Cívico de Matucana y su auditorio.
De acuerdo con los elementos probatorios y las investigaciones, el Tribunal determinó que Vásquez Cuadrado era culpable de los delitos: peculado por apropiación y falsificación de documento. Se acreditó un perjuicio económico al Estado, debido a que la obra del centro cívico de Matucana fue sobrevalorada y quedó inconclusa, a pesar de que la municipalidad desembolsó una suma mayor a la que realmente debió costar la construcción.
En el mismo proceso judicial, se investigaron cargos por falsificación de documentos públicos relacionados con la obra, donde se detectaron rubricas falsificadas en resoluciones gerenciales que permitieron el desembolso de fondos.
El proceso legal, que se ha extendido por varios meses, concluyó con una resolución firme que acoge los argumentos presentados por el fiscal Cristian Manrique, demostrando la culpabilidad de la gobernadora en el uso indebido de su cargo para beneficio personal o de terceros.
Operativo “Los Compadres de la Corrupción”
La hipótesis fiscal sostiene que esta organización utilizaba el aparato estatal para el direccionamiento de contratos y el favorecimiento a proveedores específicos. El nombre del operativo subraya que el mecanismo de corrupción se basaba en la adjudicación de obras y servicios a personas con las que la gobernadora o altos funcionarios mantenían una estrecha relación personal o familiar, incluyendo vínculos de compadrazgo (padrinos de bautizo, etc.).
Una de las acciones más resonantes del operativo fue el allanamiento de múltiples inmuebles, incluyendo la vivienda de la Gobernadora Vásquez Cuadrado y hasta 11 oficinas e inmuebles vinculados al Gore Lima y a los proveedores presuntamente beneficiados. Estas diligencias se llevaron a cabo con el propósito de incautar documentación clave, dispositivos electrónicos y otros elementos de convicción que sirvieran para sustentar la tesis de la Fiscalía.
Defensa presentará recurso de apelación
Tras conocerse el fallo, la defensa legal de la gobernadora, a cargo del abogado Erickson Costa Carhuavilca, presentó recurso de apelación contra todos los cargos dictados por el juez Carlos de la Cruz Escalante, con la finalidad de revertir o reducir la condena de la gobernadora Vásquez Cuadrado.
Si la sentencia se confirma en la sala de apelaciones, la actual gobernadora regional deberá ser internada en un centro penitenciario. Además, la sentencia por un delito doloso con pena privativa de libertad efectiva conlleva automáticamente el inicio del procedimiento de vacancia del cargo como Gobernadora Regional de Lima ante el Consejo Regional y, posteriormente, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Adicionalmente a la prisión, el fallo incluye la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.
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