Rafael Muente: " (En Osiptel) hay una captura institucional, con intereses empresariales que están detrás"

En medio de la polémica por su situación administrativa, Rafael Muente, presidente ejecutivo de Osiptel, ofrece su versión sobre la investigación que enfrenta y las dificultades que ha tenido para ejercer sus funciones. En esta entrevista exclusiva con La República, Muente denuncia una captura institucional del regulador y de la PCM, expone los riesgos de la venta ambulatoria de chips en el país y cuestiona la inacción de las empresas frente a las leyes vigentes. Además, relata cómo su gestión ha chocado con intereses empresariales que, según él, priorizan las ganancias sobre la seguridad y la legalidad.

Alejandro Céspedes García: Usted es el presidente ejecutivo de Osiptel, en funciones pero que se encuentra suspendido…

Rafael Muente: bueno, el efecto de esta cautelar que me han puesto —porque es de carácter cautelar, no sancionador— es parecido a una suspensión. No estoy sancionado, a mí me pagan mi sueldo todos los meses, pero el efecto, más allá de eso, es similar a una suspensión.

Alejandro Céspedes García: Un poquito para contextualizar el tema: si usted está suspendido, ¿primero fue suspendido y luego repuesto? Ayúdenos a contextualizar todo el caso.

Rafael Muente: Esto tiene, desde mi perspectiva, que ver con el tema de la venta de chips en las empresas operadoras.

En 2019 nosotros descubrimos que había esa venta estructurada con personas que llevaban los colores de las empresas operadoras en casacas y uniformes. Yo mismo me puse un celular en el bolsillo y me hice pasar por cliente. En esa interacción, la vendedora me mencionó, porque yo no quería, que debía poner mi huella dactilar; es un requisito para autenticar la identidad.

Me dijo: "Ah, entonces quieres un chip a nombre de otra persona". Eso revelaba el gravísimo riesgo que significaba la venta ambulatoria. Con ese video llamé a los representantes de las empresas operadoras y les dije: "Miren, lo que están haciendo es peligrosísimo. Por favor, dejen de hacerlo". Quizá ingenuamente pensé que las empresas se darían cuenta de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Todo esto se hubiera evitado en buena parte si hubieran hecho caso. Bueno, no hicieron caso; comenzamos a sancionarlas. Porque la prohibición está en una norma precedente de los IPL, sobre las condiciones de uso de los servicios públicos de telecomunicaciones, que dicen que las empresas son libres de vender, pero solamente en direcciones registradas ante los IPL. La calle, por supuesto, no es una dirección registrada.

Las empresas se opusieron, nos hicieron denuncias ante INDECOPI por supuestas barreras burocráticas. ¿Quiénes? Las cuatro empresas: Bitel, Claro, Entel y Telefónica (Movistar en su momento). Fracasaron en INDECOPI; nos dio la razón, porque las razones que nosotros diríamos tenían que ver con la seguridad pública. Perdieron en Osiptel, perdieron en INDECOPI, pero siguieron vendiendo. O sea, ya era un tema de desacato a la autoridad competente, que es Osiptel.

La ley se aprobó por insistencia. Eso nos motivó justamente a hacer una campaña y promover que se aprobara una ley que prohíbe las ventas ambulatorias y que aumente a la vez el tope de sanciones de Osiptel, que era 350 UIT, y el Congreso aprobó subirla a 1,000 UIT, casi triplicando la capacidad sancionadora de Osiptel, porque obviamente, si no te hacen caso, quizá un método disuasivo es aumentar las sanciones.

Esto se aprobó en el Congreso y desde julio de 2023 por ley, no solamente por Osiptel.

Alejandro Céspedes García: Sin embargo, sigue sucediendo.

Rafael Muente: Por supuesto que sigue sucediendo, pero a los pocos días de que se promulgó la ley, que empujamos tan fuertemente, me iniciaron una investigación por un correo electrónico anónimo.

¿Qué? ¿De qué se me estaba acusando? De tomar un curso pagado por Osiptel, que sea un programa de alta dirección en la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Curso que tomé con varios otros funcionarios públicos, pagados por sus instituciones.

Pero a mí se me acusaba de haber direccionado fondos para mi propio beneficio.

Alejandro Céspedes García: ¿Quiénes más estaban en su clase?

Rafael Muente: Bueno, muchísimos miembros altos, generales, vicealmirantes de las Fuerzas Armadas participaron, y también ejecutivos de empresas del Estado. Y para ellos no había ninguna sanción. Nunca hubo ningún cuestionamiento para ellos, solamente a mí.

Alejandro Céspedes García: ¿Ninguna malversación de fondos públicos?

Rafael Muente: Para nada. El tema es que pedimos un informe a la Oficina de Control Institucional, que es la oficina de la contraloría instalada dentro de Osiptel. El jefe de la oficina emitió un informe diciendo que no encontraba ninguna irregularidad. O sea, la contraloría simplemente dijo: "Aquí no hay nada malo". Pero además se abrió una investigación penal, por el tema de negociación incompatible.

La fiscalía archivó esa investigación a nivel preliminar porque tampoco encontró ninguna irregularidad. Estuvo cerca de un año investigando el tema, llamando a personas distintas, averiguando, y no encontró nada. La única persecución que estoy siguiendo es la de la PCM.

¿Ya? Y sin duda tiene que ver con el tema de las ventas de chips en las calles.

Alejandro Céspedes García: La PCM, que continúa actualmente con el nuevo presidente…

Rafael Muente: Esto comenzó con Otárola. Le pedí cinco veces por escrito reunión al señor Otárola y nunca me atendió. Atendía a otras personas, revisaba currículos personalmente, pero a mí nunca me quiso atender. Me cancelaron todos los viajes que regularmente hacía a la OCDE, porque nos invitaban, me invitaban a mí incluso a mesas redondas en la OCDE para explicar justamente toda la situación respecto a esta ilegal comercialización. Nunca más la PCM me ha autorizado a viajar; se notaba obviamente la hostilidad hacia mí.

Alejandro Céspedes García: Respecto de lo que viene sufriendo en estos últimos meses, usted ha sido enfático en denunciar una captura institucional de los organismos reguladores.

Rafael Muente: Sin duda, la PCM, siguiendo con este relato, después de toda su supuesta investigación, me sanciona con un año sin goce de haber. Entonces, inmediatamente emiten un decreto supremo violatorio de la Ley Marco de los Organismos Reguladores y de la Ley de Procedimiento Administrativo General, porque lo que sucede es que cuando el presidente está ausente o no puede ejercer, quien lo reemplaza es el vicepresidente del consejo directivo. Pero en esta norma dicen que el ejecutivo nombró a un presidente a dedo temporal. Entonces viene ese señor y de inmediato despide o remueve a todos, salvo tres personas de mi equipo directivo. Así, desde el gerente general y la gerente de recursos humanos, para comenzar; los primeros fueron la directora de recursos humanos y el gerente general, y luego con los demás, poco a poco los fueron limpiando.

En ese interín, por ejemplo, hubo una nueva iniciativa legislativa de criminalizar la venta de chips, que originalmente incluso alcanzaba eventualmente a los directivos de las empresas, porque ellos defendieron incluso la venta ambulatoria. Pero en el Congreso, por temas de redacción, se redujo solamente a los vendedores de chips.

Sin embargo, Osiptel, cuando viene el proyecto de ley y le piden opinión, opina en contra.

Alejandro Céspedes García: En ese momento, ¿por quién estaba presidido Osiptel?

Rafael Muente: Por Aníbal Rodríguez, que era el presidente temporal nombrado a dedo.

Alejandro Céspedes García: ¿Es bajo su administración que Osiptel emite un informe contrario a la penalización de la venta de chips?

Rafael Muente: Sí, un informe desfavorable al proyecto. Antes de que termine un proceso de concurso público que convocan, donde el único candidato finalista era el mismo señor, el tribunal de Servir, según la instancia administrativa a la cual yo había apelado, emite una resolución declarando nula la sanción y todo el procedimiento de la sanción desde el inicio, porque se violaron mis derechos al debido procedimiento, que implican que la sanción debe estar demostrada. Y en verdad no había ninguna prueba de esa sanción.

Muy bien, entonces regreso a Osiptel a mediados de febrero de este año, y de inmediato me vuelven a iniciar una investigación por lo mismo. La PCM me vuelve a iniciar una investigación, pero ya no por haber direccionado fondos, sino por influencia indebida.

Alejandro Céspedes García: ¿Usted reconoce en algún operador político o a un partido político que esté más interesado en esta captura?

Rafael Muente: No, no creo que sea un tema de partidos; es un tema de captura institucional, ya lo he mencionado, captura del regulador, y por lo tanto también captura de la PCM, claramente con los intereses empresariales que están detrás de la venta ambulatoria.

Alejandro Céspedes García: Dice que son las cuatro empresas que ha mencionado también.

Rafael Muente: Sí, sí, sí. No puedo saber si son todas o algunas, pero los intereses están clarísimos. Hace poco se hizo conocido un audio del presidente de una empresa que graficaba perfectamente el tema que les interesaba: 75% de las ventas, o más incluso, de los chips prepago estaban en la calle. Utilizaron un canal de comercialización que no existía antes, pero que inauguraron para mayor rotación, sin importar los protocolos de seguridad. Decían que sí se podía manejar, pero las evidencias que mostró Osiptel demostraban lo contrario.

Usuarios con líneas que se llamaban “ja ja ja”, “la tieza loca”, “Usain Bolt”, “a víncula”. Ese tipo de titulares de líneas son los que estaban ahí. Obviamente no había ningún control de parte de las empresas. Y sabemos que, si un sicario o un extorsionador quiere ocultar su identidad, la encuentra ahí. En un medio también hicieron una investigación y los chips activados, es decir, los chips que tienen servicio a nombre de otras personas, los venden a veinte soles.

O sea, yo hoy día podría ir y comprar un chip a nombre de otra persona por veinte soles y, por supuesto, cometer delitos sin que se sepa quién es.

Alejandro Céspedes García: El presidente ha dicho que va a luchar frontalmente contra la inseguridad, la extorsión, la criminalidad organizada, y este es un punto que además está muy bien estudiado. ¿Qué le diría al presidente?

Rafael Muente: Me parece muy bien que el presidente adopte esta posición, porque efectivamente es un castigo enorme para personas inocentes estar sujetas a criminales, al riesgo de su integridad física y a su vida por parte de todas estas bandas criminales.

Ahora, parte de lo que hay que hacer, por supuesto, es realmente hacer que se cumpla la ley. Hoy día hay una ley que prohíbe las ventas ambulatorias y que sujeta a las empresas a sanciones. Y lo segundo, hay una ley que pone penas privativas de libertad. O sea, es un delito vender chips en las calles. Entonces aquí necesitamos que se alineen todas las instituciones que tienen que ver con el tema.

Y noto claramente que Osiptel calla en todos los idiomas. ¿Por qué? Porque la captura implica una actitud pasiva del Osiptel frente a esta situación. A mí me han contado personas que están dentro del Osiptel, por supuesto, que confían en mí.

Que para la lógica del señor Jesús Guillén, que es el presidente encargado —en verdad el vicepresidente encargado de la presidencia—.

Alejandro Céspedes García: El presidente sigue siendo usted.

Rafael Muente: Claro, él está como encargado, y un encargado lleva seis meses ahí. Seis meses cuando la investigación que se me inició, por la cual se me ha puesto en esta medida cautelar con pago de sueldo, debía haber demorado quince días hábiles. Entonces, de inmediato llega ese señor Guillén, vicepresidente del consejo directivo, y hace exactamente lo mismo que lo que hizo el presidente temporal Rodríguez: nuevamente pone un nuevo gerente general y una directora de recursos humanos. Las mismas dos posiciones fueron las primeras en ser eliminadas del equipo directivo de Osiptel. Y luego barren con todo el resto del equipo, salvo tres personas. Las mismas tres personas que quedaron de la administración de Rodríguez.

Alejandro Céspedes García: Es una administración que además es ilegal, ¿no? Porque, ¿a cuento de qué mantienen un presidente interino cuando hay un presidente ejecutivo que debería estar en funciones?

Rafael Muente: El tema es increíble. Estamos hablando de un curso que costó 57,250 soles, en el cual estuve yo, y que solicité formalmente mediante memorándum y se hizo todo el trámite interno por un comité que no reporta a mí, etcétera, etcétera. Pero ya con todo lo que se ha venido devengando con mis sueldos, beneficios, CTS, gratificación, todo lo demás, ya pasamos largamente los 200,000 soles que el Estado viene pagando para que yo no ejerza mi función.

O sea, es una locura. A mí, si no me interesara el tema, estaría sentado feliz viendo pasar los meses, recibiendo sueldos sin trabajar. Eso sería la actitud más cómoda, pero hay que pensar en las instituciones.

Alejandro Céspedes García: ¿Quién tiene que dirimir sobre este tema?

Rafael Muente: Bueno, nuevamente: nueva investigación, nuevo informe que recomienda mi destitución, en esta oportunidad.

Alejandro Céspedes García: ¿De la PCM?

Rafael Muente: Es una comisión nombrada por la PCM y quien tiene que emitir la resolución respectiva es el presidente del Consejo de Ministros, en este caso, el señor Álvarez.

Alejandro Céspedes García: Bueno, ¿y qué le diría al señor Álvarez ante todo esto que está denunciando?

Rafael Muente: Yo no pido favores. Lo que pido es que un hombre de derecho, decano de una facultad de derecho prominente en el país, analice y resuelva de acuerdo a derecho. Yo no tengo la menor duda de que esto no tiene ningún sentido. ¿Cuáles son las pruebas de mi influencia en el gerente general y en la directora de recursos humanos? Que yo solicité la capacitación por un memorándum y me dieron un formulario comprometiéndome a devolver el dinero si no cumplía con la capacitación, y lo firmé. Eso es lo que se hace a todas las personas que reciben capacitación. Y con esas supuestas pruebas, ellos dicen: "Ahí está la influencia indebida". O sea, el trámite regular se interpreta como influencia indebida por la cual quieren mi destitución.

Impresionante. A nivel de derecho, esto se va a caer sí o sí. Yo no puedo creer que en nuestro país nadie pueda analizar cosas tan elementales.

Además, cuando el Tribunal de Servir, ya en la primera sanción, dispuso que esto era todo un uno.

Alejandro Céspedes García: Digamos, de fondo, no está en riesgo una persona, ¿no? Sino el cumplimiento de una ley que ya ha sido aprobada y que se está pasando como por agua tibia sin ningún tipo de sanción.

Rafael Muente: El cumplimiento de la ley es esencial. Y el rol que tiene Osiptel es primordial. No es un rol administrativo; es un rol de liderazgo. Es un rol de llamar a las empresas, reunirse con las empresas y exigirles que cumplan.

Eso fue lo que yo hacía. Yo le dije a las empresas, a todos los CEOs: "Ustedes han abierto las puertas del infierno con eso, porque ya no tienen control".

Han perdido el control. Antes tenían sus vendedores, cada uno con sus colores. Ahora los vendedores venden de todas las empresas.

Entonces ya se ha vuelto una cuestión totalmente descontrolada que, por supuesto, nuevamente abona a una situación irregular no solo administrativa y desde el punto de vista legal, porque hay una ley que prohíbe esto, sino porque, además, desde la perspectiva ética y moral, está vinculada a la comisión de delitos gravísimos, como estamos viendo.