PCM minimiza observaciones del JNE y rechaza acusación de falta de neutralidad tras pronunciamiento sobre Fuerza Popular

La Presidencia del Consejo de Ministros presentó sus descargos para negar cualquier infracción a la neutralidad electoral, pese a que el JNE advirtió que su pronunciamiento se dio en medio del debate sobre la cancelación de Fuerza Popular.

PCM rechaza acusación de falta de neutralidad por parte del JNE. Foto: composición LR
PCM rechaza acusación de falta de neutralidad por parte del JNE. Foto: composición LR

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) presentó un oficio de descargo ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro en el que rechaza haber vulnerado la neutralidad electoral, pese a que el organismo electoral advirtió que su pronunciamiento público se produjo en pleno debate sobre la cancelación del partido Fuerza Popular.

"En este contexto, desde la Presidencia del Consejo de Ministros, conocedores y respetuosos de la normativa vigente y aplicable al presente periodo electoral, emitimos el citado pronunciamiento, sin hacer referencia o señalar el nombre de alguna organización política o candidato; sino, más bien, el propósito del comunicado fue invocar a los poderes del Estado y a los organismos constitucionales autónomos a reflexionar sobre la necesidad de que se respete el marco electoral y el libre desarrollo del proceso electoral 2026, en el marco del citado deber de neutralidad", se lee en el documento.

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Eduardo Arana niega infracción electoral. Foto: x/DiegoCasimiro

Eduardo Arana niega infracción electoral. Foto: x/DiegoCasimiro

Sin embargo, el JNE considera que la intervención de la PCM se dio en un contexto sensible y podría interpretarse como una toma de posición en favor del fujimorismo, lo que contradice las normas de neutralidad que rigen a los funcionarios durante un proceso electoral. No obstante, el descargo deja más dudas que certezas, pues confirma que la PCM decidió involucrarse públicamente en un tema que afecta directamente la competencia electoral.

Cabe recordar que la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado a la Corte Suprema que declare ilegal al partido Fuerza Popular y lo excluya de las elecciones generales de 2026. Este pedido se basa en la presunta violación del artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, que sanciona a las agrupaciones que actúan en contra de los principios democráticos. Según la solicitud, el fujimorismo habría incurrido en una vulneración sistemática de derechos y libertades fundamentales, lo que constituye conductas antidemocráticas.

Fuerza Popular: Fiscalía solicita que se declare ilegal el partido Fuerza Popular

Un día antes de ser suspendida, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó a la Corte Suprema que declare ilegal al partido Fuerza Popular y cancele su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Esta petición se fundamenta en la presunta violación del artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, que sanciona a las agrupaciones que actúan contra los principios democráticos.

Según la Fiscalía, Fuerza Popular habría incurrido en una vulneración sistemática de derechos y libertades fundamentales, lo que configura conductas de carácter antidemocrático. Se le acusa de promover discursos y acciones que atentan contra magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, así como de justificar o legitimar prácticas de violencia política.

Además, se señala que el partido ha promovido la exclusión de congresistas de su bancada por disidencia política o libertad de conciencia, y ha respaldado iniciativas legislativas que promueven la impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos.

La Fiscalía también ha solicitado medidas adicionales, como el cierre de los locales partidarios en todo el país y la prohibición de una eventual reinscripción de la agrupación, argumentando que solo así se impediría la continuidad de acciones que socavan el orden democrático.

Este proceso se inició tras una denuncia ciudadana presentada en marzo de 2025 y se sustenta en un expediente con alrededor de 3.907 folios que la Fiscalía ha recopilado con testimonios, documentos y supuestas evidencias.

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