Economía

Aeropuerto de Chinchero: juez de EE.UU. declara a Perú en rebeldía por no pagar laudo arbitral de US$91 millones

Perú no presentó abogados para defenderse ante la justicia estadounidense. Resolución del juez León confirmó la validez del laudo arbitral emitido por el CIADI respecto a la cancelación del contrato del aeropuerto de Chinchero.

Nuevo revés para el Estado peruano. Se confirmó que el laudo arbitral emitido por CIADI en caso Chinchero era válido. Foto: composición LR/Andina
Nuevo revés para el Estado peruano. Se confirmó que el laudo arbitral emitido por CIADI en caso Chinchero era válido. Foto: composición LR/Andina

Nuestro país enfrenta un nuevo revés legal en el extranjero que podría tener implicancias económicas y reputacionales. Un juez federal de Estados Unidos declaró a Perú en rebeldía procesal (default) por no pagar, durante más de un año, los US$91 millones fijados en el arbitraje internacional que perdió frente a Kuntur Wasi, el concesionario que estuvo encargado de la construcción del Aeropuerto de Chinchero, en Cusco.

De acuerdo con el documento al que accedió este medio y que fue escrito por el magistrado del Tribunal de Columbia, Richard León, "el Perú nunca compareció ni presentó contestación ni otro escrito". De esta manera, se confirmó la validez del laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI).

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 Perú fue declarado en "default" por no pagar arbitraje. Foto: United States District Court

Perú fue declarado en "default" por no pagar arbitraje. Foto: United States District Court

Como se recuerda, el Tribunal de Quiebras del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, ya había declarado en mayo a nuestro país "en rebeldía" debido al incumplimiento del pago ordenado. Dicha decisión habilitaba a la empresa demandante a iniciar acciones de embargo u otras medidas legales sobre los activos del Estado para recuperar el dinero.

Nuevo revés para Perú: historia del caso Chincher

Para entender el conflicto, nos remontamos a la época en la que Kuntur Wasi suscribió un contrato y una adenda con el Estado peruano en 2014 y 2016, durante los gobiernos de los expresidentes Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuzcynski. No obstante, fue el exministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, quien finalizó unilateralmente el acuerdo escrito, lo que llevó al consorcio a presentar la demanda ante el CIADI.

"En 2017, Perú violó estos contratos al anunciar que Kuntur Wasi dejaría de participar en la construcción y operación del aeropuerto por “razones de interés público” (...) En 2018, Kuntur Wasi envió una carta formal a Perú rescindiendo el Contrato de Concesión debido al incumplimiento de Perú", se lee en el documento presentado el pasado 22 de diciembre por el juez León.

Tras llevar la disputa al CIADI, el tribunal determinó que tenía jurisdicción sobre las reclamaciones de Kuntur Wasi y que Perú había incumplido el Contrato de Concesión, el Acuerdo de Garantía y el Tratado. De esta forma, en mayo del 2024, le ordenó al Estado a que compense al consorcio integrado por Andino Investment Holding y la argentina Corporación América, con US$91 millones.

De acuerdo con el memorándum de Richard León, reportado por el Tribunal de Columbia, no existe incertidumbre sobre las obligaciones financieras de nuestro país con el demandante. De igual forma, Kuntur Wasi ha presentado una declaración afirmando que Perú "aún no ha pagado ninguna cantidad adeudada en virtud del Laudo".

Sin lugar a dudas, este fallo representa un riesgo financiero y reputacional para nuestro país, en un contexto en el que se busca reactivar la inversión privada y promover asociaciones público-privadas para proyectos de infraestructura. Además, la resolución se suma a una serie de pérdidas en arbitrajes y tribunales estadounidenses que han sufrido las entidades del Estado cuando se han enfrentado a inversionistas extranjeros.

Por ejemplo, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, ratificó a finales de junio dos laudos arbitrales que ordenaron a la Municipalidad de Lima a pagar una indemnización de US$200 millones a Rutas de Lima, la cual se ha negado a cumplir hasta el momento.

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