Morococha: el pueblo expropiado por la minera Chinalco

Ubicado en las alturas de Junín, el antiguo pueblo de Morococha ha quedado en el pasado. El viernes 19 de septiembre, las últimas cinco familias que se resistían a dejar sus hogares fueron desalojadas por más de 250 policías y decenas de trabajadores mineros, quienes de forma forzosa ingresaron a sus viviendas y decomisaron sus bienes y ganado en camiones con placas tapadas. La expropiación de sus terrenos por parte de la minera Chinalco es el resultado de la decisión del Juzgado Civil de La Oroya a cargo del juez Jesús Santana Socualaya.

A pesar de que los pobladores no presentaron resistencia violenta al desalojo, denunciaron que la cerradura de sus viviendas fueron rotas con maquinaria y los corrales donde mantenían a su ganado fue invadido. Los pobladores de Morococha no se niegan al reasentamiento, pero exigen que sea digno y seguro, condiciones que, según afirman, no se cumplen en Carhuacoto (Nueva Morococha).

El reasentamiento de la población de Morococha a Carhuacoto inició en octubre de 2012 y tras más de una década, la nueva localidad ha recibido el nombre de "pueblo fantasma" debido a su aislamiento, pues se encuentra alejado de la Carretera Central, principal vía de comercio. Además, el Colegio de Arquitectos de Junín ha alertado sobre los riesgos en la zona, identificándola un bofedal, pantanoso, cercana a una falla geológica, que presenta la intensidad sísmica grado VI (según escala de Mercali). A esto se suma el Estudio de Impacto Ambiental del 2010, que revela que los suelos de Carhuacoto presentan niveles alarmantes de contaminación, superando hasta en 11 veces los límites permitidos de arsénico y plomo.

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Esta situación ha sido confirmada por la pobladora Yooli Alejo, quien precisó a este diario que mediante exámenes médicos realizados a niños ya reasentados, se encontró la presencia de altos niveles de plomo en sus pulmones. Esta información no fue brindada a la población de forma oportuna, generando irregularidades en el traslado de las familias.

Desalojo de familias desobedece orden judicial

El desalojo a las cinco familias que aún vivían en Morococha inició a las 11:00 a.m. del viernes 19 de septiembre. Con un gran resguardo policial, contratado por Chinalco, bloquearon las dos entradas principales al pueblo. Desde las afueras de la ciudad se podía ver la presencia de decenas de policías y trabajadores mineros a cargo del desalojo. El objetivo de la minera china era clara: expropiar los terrenos para la ampliación de su proyecto Toromocho y continuar produciendo cobre.

Sin embargo, las diligencias estuvieron llenas de irregularidades. Empezando por la prohibición del ingreso de los pobladores a sus viviendas para presenciar el desalojo y ver hacia donde llevan sus cosas. "Tenemos empresas acá, tenemos títulos de propiedad, es lo peor. Acá los señores (policías) no nos dejan pasar a nuestra propiedad. Indican que hay una orden, no saben de quién o que pasó, solo dicen que es Chinalco", argumentó Misael Baldeón Ancieta, poblador de Morococha. Agregó, que la PNP no fue capaz de mostrarle algún documento que le informe la decisión del juez, que le asegure que no puede pasar hasta que termine la diligencia, ya sea por temas de seguridad u otro motivo.

Baldeón también precisó que Lissete Meza Vento, jefa de Relaciones Comunitarias en Minera Chinalco, cortó comunicación con ellos días antes del desalojo. Incluso, el propio día no les respondía los mensajes ni las llamadas.

Los videos registrados por la defensa de los pobladores muestran que las familias no mostraron resistencia y que a pesar de que la resolución del juez especificaba que los bienes encontrados durante las diligencias debieron ser puestos en la vía pública, esto no se cumplió. "Nos han dejado sin techo, no sabemos donde están nuestras cosas. Incluso han hecho un traslado con unos camiones que no tienen las placas expuestas. No sé como un vehículo puede circular delante de un policía tapado su placa", expresó Yooli Alejo Bonifacio, madre de familia de Morococha.

Seguimos a uno de los camiones que transitó por la carretera central con la placa cubierta y en presencia de varios policías y descubrimos que se dirigían a un almacén en Pucará, ubicado a 30 minutos de Morococha. Han pasado seis días desde las diligencias y Yooli nos confirma que sus bienes aún no le han sido devueltos. El mismo caso sucede con sus vecinos, cuyo ganado también fue expropiado por Chinalco, a pesar de que la resolución judicial precisaba lo siguiente: "poniendo a conocimiento que los bienes que se encuentren en el bien materia de lanzamiento se dejarán en la vía pública, siendo de su entera responsabilidad la pérdida o deterioro de los mismos".

Estas no fueron las únicas negligencias por parte de la empresa minera. En la resolución que se autorizaba el desalojo anticipado se precisa: "ordeno que la Minera Chinalco deberá conservar la situación de hecho del inmueble, absteniéndose de ejercer actos de destrucción". Sin embargo, la empresa hizo caso omiso a la orden del juez y en menos de una semana los pobladores denuncian que sus casas ya han sido demolidas.

Para Elvis Atachahua, poblador que nació y creció en Morococha, la decisión del juez Santana Socualaya se debe a la falta de apoyo de las autoridades y a la corrupción alrededor del proyecto Toromocho. "Hemos invocado para tener una reunión, ¿acaso han querido? Todos se han deslindado, todos se han lavado las manos, todos están de parte de la minera. Nadie se pronuncia porque todos han recibido plata: alcaldes, gobiernos provinciales, gobiernos regionales, congresistas, hasta ministros han recibido dinero", expresó con lágrimas en los ojos y clara impotencia ante el olvido del Gobierno.

Pobladores piden reasentamiento digno y seguro

Las familias cuyos predios han sido expropiados nunca se opusieron al reasentamiento, sin embargo, exigen que sea digno y seguro, pues aseguran que el traslado a Carhuacoto "es más peligro que estar en Morococha antigua".

El reasentamiento iniciado en octubre de 2012 ha estado rodeado de promesas incumplidas y precariedad. A pesar de que inició hace más de una década con la finalidad de reubicar a unas 1.200 familias, el proceso ha sido lento y conflictivo. La minera asegura que el lugar fue escogido por mayoría, cuando en agosto del 2016 solo asistieron a la audiencia pública 700 pobladores de los 9,000 que habitaban la ciudad, de ellos 617 votaron a favor, sin darles a conocer El Estudio de Impacto Ambiental (2010) que revelaba los altos niveles de arsénico y plomo en el suelo de Carhuacoto.

Para el abogado a cargo de la defensa de los pobladores, Carlos Castro, "la irrupción del Poder Judicial en desalojar a estas familias haciendo efectivo el derecho de posesión de un privado -Chinalco- trasgrede el artículo 49 de la ley 30680, que ha establecido con meridiana claridad que en zonas de riesgo no mitigable la posesión no configura un derecho para accionar sea civil o constitucionalmente". Sin embargo, el juez ha hecho caso omiso a esta indicación, por lo que la única figura jurídica disponible que les queda a los pobladores es presentar una apelación que revoque la medida del Juzgado Civil de La Oroya, aunque la minera se adelantó a la resolución y ha decidido derrumbar las viviendas.