Fiscal de la Nación solicita que se declare ilegal el partido Fuerza Popular y su exclusión de las próximas elecciones 2026

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó ante la Corte Suprema un requerimiento para declarar ilegal al partido Fuerza Popular y disponer su exclusión de las elecciones generales del 2026. El pedido se fundamenta en que la agrupación fujimorista habría vulnerado el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), por "desarrollar actividades contrarias a los principios democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales". En pocas palabras, se les acusa de haber desarrollado actividades antidemocráticas.

Fuentes consultadas sostienen que Fuerza Popular no solo ha promovido discursos y acciones que atentan directamente contra instituciones del Estado, sino también ha legitimado prácticas de violencia política. Se señala que el partido ha vulnerado de forma sistemática los derechos fundamentales de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.

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En la misma línea, se ha solicitado, como medida complementaria, el cierre de los locales partidarios a nivel nacional y la prohibición de que la organización pueda reinscribirse en el futuro. La Fiscalía argumenta que esto es necesario para evitar la continuidad de las conductas que socavan el sistema democrático.

Según el Ministerio Público, Fuerza Popular ha operado con una estrategia sostenida para erosionar la democracia, desde la persecución a magistrados hasta el respaldo a proyectos legislativos que favorecen la impunidad por violaciones de derechos humanos.

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Fuerza Popular: estas son las cuatro conductas antidemocráticas identificadas por la Fiscalía

La acusación fiscal identifica cuatro grandes tipos de acciones antidemocráticas. En primer lugar, se señala que el partido de Keiko Fujimori promovió hostigamientos y persecución contra jueces, fiscales, funcionarios electorales y opositores políticos. Esta práctica, dirigida contra quienes no comparten su línea, habría buscado debilitar la independencia de las instituciones.

Como segundo punto, se advierte que Fuerza Popular impulsó la exclusión de sus propios congresistas y aliados por disentir de la dirección del partido. Entre los afectos se identificaron a figuras como Kenji Fujimori, hermano de la lideresa, y otros legisladores que expresaron posturas distintas. Estas expulsiones son vistas como un ataque a la libertad de conciencia y al pluralismo interno.

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En tercer lugar, se hace referencia a la reinterpretación de crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Según la demanda, el partido fujimorista bloqueó estos hechos a través de discursos políticos, formación partidaria y propuestas legislativas que favorecían la impunidad de violadores de derechos humanos.

La disposición concluye que Fuerza Popular, como cuarta conducta antidemocrática, legitimó la violencia como método político. Esto se habría expresado en el discurso del 'fraude electoral' de 2021 y en su cercanía con colectivos radicales como La Resistencia, que hostigaron de manera sistemática a periodistas, opositores y organizadores de la sociedad civil.

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Keiko Fujimori se victimiza y junto a su bancada atacan a la fiscal de la Nación

Tras presentarse el pedido de ilegalidad y exclusión de su partido, Keiko Fujimori, a través de su cuenta de X, se victimizó y descalificó a la fiscal de la Nación. En lugar de asumir los cuestionamientos en contra de su partido, acusó que la medida busca distraer de otras problemáticas del país, intentando instalar la idea de que se trata de un atentado contra la democracia.

"Lamentamos que la Fiscal de la Nación, procesada por la JNJ, siga dañando a su institución con cortinas de humo, en lugar de perseguir a la delincuencia que golpea a los peruanos (...) Confiamos en que este pedido abiertamente antidemocrático, a pocos meses de las elecciones generales, no prosperará", se lee.

A esta estrategia, desde el Congreso se sumó su bancada. El congresista Fernando Rospigliosi lanzó ataques personales contra la titular del Ministerio Público, buscando desacreditar su capacidad para ejercer el cargo y desviar la atención del fondo de la denuncia. Por su parte, Patricia Juárez también cerró filas contra la fiscal, calificando la solicitud como un exceso y minimizando su gravedad.