Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

La empresaria Sada Goray Chong interpuso una demanda por daños y perjuicios contra los fiscales Marita Barreto Rivera y Freddy Niño Torres, a quienes acusa de haber confabulado para ordenar su detención el 7 de julio de 2023, pese a que se había acogido a la colaboración eficaz y había proporcionado información sobre pagos de sobornos a funcionarios del gobierno de Pedro Castillo.

De acuerdo con la versión de Goray, los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2022 declaró como colaboradora ante la fiscal adjunta Kelinda Janampa, en Punta Cana, República Dominicana, y retornó a Lima para continuar con el proceso en libertad.

Pero en el aeropuerto Jorge Chávez la esperaba el fiscal Freddy Niño y un equipo policial para cumplir con un mandato judicial de detención preliminar, procediendo estos a conducirla a prisión, contraviniendo un acuerdo previo de que seguirá cooperando con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

En lugar de eso, se procedió con la detención, afectando su imagen, según la demanda contra Barreto y Niño.

LOS “DAÑOS Y PERJUICIOS”

“La señora era una empresaria activa con un nombre en el mercado. La detención en las circunstancias descritas ha aniquilado su reputación y credibilidad empresarial”, según la demanda.

“Más allá del perjuicio patrimonial, la actuación ilícita de los demandados ha infligido a la señora Goray un grave daño moral, entendido como el sufrimiento, la angustia, la aflicción y la humillación que padeció”, dice la demanda contra los fiscales Marita Barreto y Freddy, quien renunció al Ministerio Público el primero de febrero de este año.

Sin embargo, fuentes relacionadas con el Ministerio Público rechazaron la demanda de Sada Goray y precisaron que el mandato de detención judicial de la empresaria estaba fundamentado porque había faltado a la verdad en sus declaraciones como una aspirante a

la colaboración eficaz.“Es cierto que la señora Goray fue colaboradora pero solo hasta cierto punto, porque no dijo toda la verdad y calló varios hechos perjudicando la investigación fiscal. La fiscalía tuvo que recurrir a otros colaboradores para corroborar sus afirmaciones y así pudo descubrir que faltó a la verdad”, explicaron las fuentes.

“Por supuesto que ayudó a cerrar el círculo de corrupción en el caso de Salatiel Marrufo Alcántara y eso fue importante, pero no fue honesta. Se descubrió que había mentido y omitido información. Por eso se le quitó la condición de colaboradora”, añadieron las fuentes.

“La colaboración eficaz sólo sirve si los hechos son corroborados. Uno puede decir grandes historias, pero si no son corroboradas no sirven para nada”, manifestaron las fuentes.

“La demanda es una venganza”, concluyeron.

ESTA BOCA ES MÍA

Entrevistada por “Punto Final”, el domingo 4 de diciembre de 2022, y por “Octavo Mandamiento” de Jaime Chincha, el lunes 5 de diciembre del mismo año, la propietaria de la empresa inmobiliaria Marka Group aceptó que abonó sobornos por S/4 millones.

Goray mencionó que destinó el dinero al entonces jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda y Construcción, Salatiel Marrufo Alcántara, durante la gestión del titular del despacho, Geiner Alvarado López, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.

Sin embargo, el proceso de colaboración eficaz al que se sometió fue desestimado, por lo que fue detenida, como se ha indicado, debido a que durante la corroboración los fiscales encontraron incongruencias.

Encontrándose privada de libertad, Sada Goray presentó una solicitud para iniciar otro proceso de colaboración ante el fiscal Jorge García Juárez, pedido que luego pasó a manos del fiscal Cruyff Martínez Quispe. Pese a que el Eficcop desestimó la primera colaboración de Goray por graves deficiencias, el fiscal Martínez se la concedió por segunda vez.

Más de un año después, la corroboración del testimonio de Sada Goray no ha concluido y los principales imputados no han sido citados. Es más, Juan Ricardo Torres, ex socio de los proyectos inmobiliarios de Marka Group, ha desmentido a Goray.

Según la versión de la empresaria, el congresista Darwin Espinoza supuestamente recibió S/1 millón para que colegas de su bancada de Acción Popular aprueben una ley a favor de la industria atunera, en beneficio de empresas relacionadas con Juan Ricardo Torres. Goray sostiene que Torres abonó el dinero.

Efectivamente, el 30 de junio de 2022 se emitió el Decreto Supremo N°009-2022-PRODUCE, que modifica el reglamento de ordenamiento pesquero del atún y dicta medidas para fortalecer la industria de dicha especie marina.

Torres no solo ha desmentido haber pagado el presunto soborno sino también ha dicho que le prestó dinero a Goray para sus inversiones inmobiliarias y que tiene las pruebas documentales para corroborarlo.

Esto sería es un indicativo de que las declaraciones de Sada Goray no se ajustarían a los hechos.

La República solicitó al abogado de Sada Goray, Francisco Álvarez Dávila, que informara sobre la demanda, respondiendo que la empresaria no lo había autorizado a contestar preguntas.

En una publicación en la red social “X”, Francisco Álvarez escribió: “Por tratarse de un proceso en curso, no se brindarán declaraciones adicionales, en resguardo de la transparencia y seriedad del trámite judicial”, en alusión a la demanda interpuesta contra Marita Barreto y Freddy Niño.