Familiar de víctima de Barrios Altos: "La presidenta ha dicho que quienes asesinaron a mi hermana son héroes"
Gladys Rubina y Gisela Ortiz, por el caso La Cantuta, se pronunciaron durante la audiencia en la Corte IDH y rechazaron la Ley de Amnistía promulgada por Dina Boluarte a favor de los miembros de las FF. AA y PNP procesados por violaciones a los derechos humanos.
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Los familiares de las víctimas de las masacres Barrios Altos y La Cantuta rechazaron la Ley de Amnistía promulgada por la presidenta Dina Boluarte junto con el Congreso y que favorece a los miembros de las FF. AA, PNP y Comités de Autodefensa procesados por violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000. Durante la audiencia del jueves 21 de agosto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Gladys Rubina y Gisela Ortiz se pronunciaron en búsqueda de justicia y pidieron a jueces internacionales "no dejar que la impunidad prospere".
Gladys es la hermana de Nelly Rubina, quien fue asesinada el 3 de noviembre de 1991 a manos del Grupo Colina durante una pollada, luego de que los sujetos encapuchados y armados le ordenaron junto a sus 14 vecinos tirarse al suelo para ser ejecutados, entre ellos un niño de 8 años, Javier Ríos Rojas. En su intervención, Gladys expresó ante los magistrados de la Corte IDH que "le genera un profundo dolor" que Boluarte haya oficializado una ley que beneficiará a los asesinos de su familiar.
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"Han pasado 34 años desde que se cometieron los hechos y no hemos dejado de luchar un solo día por conocer la verdad, lograr justicia y defender la memoria de las víctimas. Las familias del caso de Barrios Altos y la Cantuta nos hemos convertido en una sola familia. Hemos cargado el peso ser señalados como terroristas. La presidenta ha dicho que quienes asesinaron a mi hermana son héroes, que el país está deuda con ellos. Esto me indigna, me duele profundamente mi corazón y mi alma", mencionó.
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Segundos después, Gladys recordó las intenciones de la mandataria en contra del organismo internacional de derechos humanos e instó a los magistrados a no dejar que "la impunidad prospere".
"Y dice que quieren salir de la Corte (IDH), claro, para proteger sus crímenes. Les pido, señores jueces, no dejen la impunidad próspera. Si hay que seguir luchando, lo haremos. No descansaremos hasta todo que asumen su responsabilidad. No es rencor, es justicia natural. Natural de justicia es amor. Gracias magistrados por escucharme", acotó a su intervención.
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Caso La Cantuta
En su turno, Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas desaparecidas en el caso La Cantuta rechazó la presencia de los abogados del Ejecutivo ante la audiencia debido a que "justifica la impunidad y pretende que entendamos que ese perdón a quienes traicionaron su función, a quienes asesinaron, desaparecieron y quemaron los cuerpos de sus víctimas para que no los encontremos, hablen a nombre del Estado peruano".
"Nosotros, las y los familiares, no fuimos tomados en cuenta para discutir esta ley. No nos preguntaron sobre el impacto de esta ley en nuestras vidas, cuando la base del Estado son sus ciudadanos y ciudadanas. Aunque nos nieguen a las víctimas y sus familiares, somos parte del Estado peruano. Si van a justificar la injusticia, que lo hagan a nombre del gobierno, del poder ejecutivo o del Congreso, que no respetan derechos humanos y no tienen legitimidad", exclamó.
De igual manera, Ortiz se pronunció en nombre de las demás víctimas durante el conflicto armado interno en los casos Callara, Accomarca, El Santa, de los periodista Melisa Alfaro, Jaime Ayala, Hugo Bustios, Pedro Yauri y calificó la Ley de Amnistía como "ley de impunidad" que los deja "sin justicia"
"Nos une el dolor de la pérdida del ser querido, de las injusticias que vivimos, pero también la lucha permanente y la esperanza, porque la denuncia a este Gobierno que quiere impunidad es de todos y todas, también de los familiares de las víctimas del año 2020, 2022, porque esta amnistía puede ser un primer paso para futuras amnistías y dejar a nuestro país en total impunidad", aseveró.
"Denunciamos esta pretención de normalizar la impunidad y oficializar la injusticia. Nuestros Estados tienen la obligación de garantizar derechos porque en democracia no se pueden violar derechos, sino más bien garantizar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas", acotó.
