Juan José Santivañez: el día que el ministro de Justicia iba a poner en debate permanencia del Perú ante la Corte IDH

Juan José Santiváñez estuvo a punto de abrir un debate inédito en el Congreso de la República: la permanencia del Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Un documento difundido por Willax TV reveló que, el pasado 21 de marzo, cuando se presentó ante el Congreso a defender su cargo como ministro de Interior ante la moción de censura, su discurso terminaba con ese polémico planteamiento, que nunca llegó a pronunciar en el hemiciclo.

En aquella sesión, Santiváñez iba a cerrar su intervención con la frase: “Asimismo, invoco poner en debate la posibilidad de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Según el medio que difundió la exclusiva, el tiempo le jugó en contra y esa parte final quedó fuera de su alocución.

Apenas horas después de ese discurso, el Congreso aprobó su censura como ministro del Interior por su cuestionada gestión en materia de seguridad. Sin embargo, este 23 de agosto volvió a ser convocado por Dina Boluarte para integrar el gabinete, esta vez en la cartera de Justicia, en reemplazo de Enrique Alcántara.

Durante su exposición en marzo, Santiváñez había centrado sus críticas en la Fiscalía y en las gestiones anteriores, a las que responsabilizó de haber permitido el ingreso masivo de migración extranjera que, según dijo, incrementó la criminalidad. También acusó a sus opositores de convertir la seguridad ciudadana en un “arma política” y en una estrategia de “desinformación”. “En esta guerra todos debemos ponernos al frente por la vida y el bienestar de millones de peruanos. La seguridad no puede ser un arma política ni una estrategia de desinformación”, afirmó entonces.

PUEDES VER: Juan José Santiváñez es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara

Juan José Santiváñez, retorna al gabinete de Boluarte como representante del Ministerio de Justicia

Juan José Santiváñez vuelve al Ejecutivo como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tras haber sido censurado como ministro del Interior en marzo pasado. Su designación es clave para los planes que impulsa la presidenta Dina Boluarte sobre un eventual distanciamiento de la Corte IDH.

El nombramiento ocurre mientras Santiváñez enfrenta un impedimento de salida del país por presunto tráfico de influencias, así como investigaciones fiscales por presuntas interferencias en el Tribunal Constitucional, el INPE y el mismo Ministerio de Justicia, supuestamente en beneficio de un excliente. A pesar de estos cuestionamientos, el Ejecutivo lo ha impulsado nuevamente a un cargo de alta responsabilidad.

La salida de Perú de dicho organismo ha sido sugerida por el saliente ministro Enrique Alcántara y ya cuenta con señales de respaldo desde el Ejecutivo, lo que convierte a Santiváñez en una figura clave para esa orientación política.

PUEDES VER: Congresista Ruth Luque: "La presencia de Santiváñez confirma que la impunidad orienta el gobierno de Dina Boluarte"

CIDH alerta sobre nuevo desacato del Perú tras promulgar Ley de Amnistía

Durante la audiencia pública de los casos Barrios Altos y La Cantuta contra el Estado perunao, realizada el pasado 21 de agosto, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero Ochoa, advirtió durante una audiencia pública que el Estado peruano se encuentra nuevamente en desacato ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esto ocurrió luego de que se promulgará una Ley de Amnistía que beneficia a militares, policías y miembros de comités de autodefensa implicados en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. La CIDH calificó esta medida como una nueva muestra de desobediencia a decisiones previas, incluidas medidas provisionales expresas de la Corte IDH.

Caballero Ochoa recordó que el incumplimiento actual no es un hecho aislado, sino parte de un patrón persistente de desobediencia por parte del Estado peruano. Citó ejemplos concretos: en 2023 se restituía el indulto a Alberto Fujimori pese a órdenes de la Corte, en 2024 se promulgó una ley que prescribe crímenes de lesa humanidad (Ley 32107) contrariando una medida provisional, y finalmente, en julio de 2025, mientras la Corte pedía suspender la tramitación de una amnistía, el Congreso y el Ejecutivo siguieron adelante con su legislación.

Por su parte, la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, recordó que aún están vigentes las medidas provisionales que ordenan al Estado peruano dejar sin efecto la Ley 32107 y abstenerse de aplicar cualquier norma de amnistía hasta que la Corte se pronuncie sobre el fondo del asunto. Igualmente, acotó que el reglamento de la Corte prohíbe ejercer represalias contra víctimas, testigos o defensores legales que intervienen en sus procesos, en un intento de asegurar la integridad del sistema de justicia internacional.