Ecuador bombardea una presunta zona de minería ilegal cerca de la frontera con Colombia
La acción, denominada “Fuego Letal”, eliminó cerca de 110 millones de dólares de las actividades ilícitas en la región.
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El Ejército de Ecuador bombardeó una presunta zona de minería ilegal en El Chical, provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, confirmó el Ministerio de Defensa del país. Según el comunicado oficial, las explotaciones ilícitas en el sector generaban aproximadamente US$300.000 diarios, y la acción militar, denominada Fuego Letal, se extendió por cuatro días con el objetivo de desarticular estas actividades, destruyendo cerca de 50 bocaminas.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, explicó en su cuenta en X que "la operación les quitó cerca de 110 millones de dólares a las mafias mineras y a los grupos armados irregulares a los que les hemos declarado la guerra", advirtió, agregando que a esas personas les quedaba "muy poco tiempo" y que solo tenían "dos opciones: la cárcel o el infierno".
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¿Qué más incluyeron las operaciones ecuatorianas?
Las fuerzas militares ecuatorianas ejecutaron un sistema de armas combinadas para desarticular estructuras criminales mediante una integración de capacidades terrestres y aéreas. El despliegue contempló tres tanques AMX-13, morteros de 81 milímetros con 40 granadas, un helicóptero liviano artillado C3 con munición calibre 0,50 y armamento colectivo con 5.520 cartuchos calibre 7,62 milímetros.
Según detalló el Ministerio de Defensa, el operativo aplicó fuego sostenido sobre puntos estratégicos para neutralizar la logística de las bandas delictivas presentes en la zona. Además, la intervención inhabilitó maquinaria, explosivos y diversos materiales vinculados a la extracción ilícita de minerales tras la destrucción total de la infraestructura minera detectada.
Levantan bloqueos en la frontera, pero sigue el conflicto arancelario
El Comité Gremial de la Frontera habilitó el paso en el Puente Internacional de Rumichaca el viernes 27 de marzo. Tras 19 jornadas de obstrucción, los manifestantes pusieron fin a la medida de fuerza con el objetivo de dinamizar el turismo y el intercambio mercantil previos a las festividades religiosas.
La movilización, iniciada el 11 de marzo, surgió como respuesta a la guerra arancelaria que enfrenta a Quito y Bogotá desde principios de año. El conflicto escaló cuando el gobierno ecuatoriano aplicó una tasa de seguridad de hasta el 50% a productos colombianos, acción que Colombia replicó con aranceles recíprocos similares. Según el gremio, la protesta cesó "en defensa del trabajo, la economía y la dignidad de la región", bajo la advertencia de que los habitantes permanecerían en vigilancia constante.
Pese a la liberación de las vías, el riesgo para los empleos y sectores productivos continúa latente debido a la falta de acuerdos diplomáticos definitivos. Las autoridades de ambas naciones mantienen posturas rígidas sobre los gravámenes impuestos, lo que deja en incertidumbre la estabilidad del comercio binacional a largo plazo. El grupo de trabajadores aseguró que la frontera "seguirá vigilante" ante la ausencia de soluciones reales que protejan sus medios de vida.
