Caso Valkiria: Fiscalía de la Nación archiva investigación contra Patricia Benavides por organización criminal
La disposición fiscal también favorece a congresistas, asesores y personas cercanas a la gestión de Benavides. La Fiscalía concluyó que las coordinaciones políticas, reuniones y comunicaciones evaluadas durante las diligencias no acreditaban la existencia de una red criminal enquistada en el Ministerio Público.
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La Fiscalía de la Nación archivó el extremo de la investigación preliminar que seguía contra Patricia Benavides por el presunto delito de organización criminal en el denominado caso Valkiria. La disposición fiscal concluyó que no se logró acreditar la existencia de una estructura criminal estable dentro del Ministerio Público, pese a las diligencias realizadas desde 2023 y a las declaraciones de colaboradores eficaces que involucraron a la exfiscal de la Nación y a su entorno más cercano.
La disposición también comprendió a otros investigados que habían sido señalados por presuntas coordinaciones con congresistas y funcionarios públicos. El documento revisó chats, declaraciones, designaciones internas y actuaciones fiscales relacionadas con la gestión de Benavides al frente del Ministerio Público.
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Entre las personas incluidas en el archivamiento figuran las congresistas Martha Moyano y Patricia Chirinos. Ambas fueron mencionadas en la investigación por supuestas coordinaciones políticas vinculadas a denuncias constitucionales y decisiones fiscales de alto impacto. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que esos elementos no permitían sostener la existencia de una organización criminal.
La decisión también alcanzó a Marco Huamán, Elmer Ríos, Marena Mendoza y Miguel Vegas Vaccaro, quienes fueron señalados durante las diligencias como presuntos integrantes de una red de coordinación dentro del Ministerio Público. Algunos ocuparon cargos de asesoría y otros mantenían cercanía con decisiones adoptadas durante la gestión de Benavides.
Fiscalía descartó que existiera una estructura criminal permanente
La disposición fiscal concluyó que los actos investigados no permitían probar la existencia de una organización criminal con permanencia, jerarquía y reparto de funciones. Según el documento, la hipótesis presentada por la Fiscalía durante las primeras diligencias no logró sostenerse con los elementos obtenidos en la investigación preliminar.
Precisó que las reuniones, conversaciones y coordinaciones detectadas entre algunos investigados no bastaban para configurar el delito imputado. La Fiscalía evaluó si existieron acuerdos ilícitos para influir en decisiones fiscales, pero finalmente determinó que no había evidencia suficiente para afirmar que operaba una red criminal organizada desde la cúpula del Ministerio Público.
Dentro de la investigación se revisaron actuaciones relacionadas con denuncias constitucionales presentadas en el Congreso y decisiones adoptadas por la Fiscalía de la Nación. La tesis fiscal apuntaba a que ciertos actores políticos habrían coordinado con el entorno de Benavides para obtener beneficios o afectar investigaciones fiscales contra determinadas autoridades.
La disposición también analizó las declaraciones de colaboradores eficaces que mencionaron presuntas coordinaciones entre asesores, congresistas y funcionarios fiscales. Sin embargo, concluyó que varios de esos testimonios no contaban con suficiente corroboración periférica para sostener la acusación por organización criminal.
Investigación revisó chats, nombramientos y presuntas coordinaciones políticas
El documento fiscal detalló que una de las líneas de investigación estuvo relacionada con supuestas negociaciones políticas para impulsar denuncias constitucionales contra fiscales supremos y miembros de organismos autónomos. Entre los nombres evaluados apareció el ahora presidente José María Balcázar, además de legisladores que mantenían comunicación frecuente con el entorno de Benavides.
La Fiscalía revisó conversaciones y coordinaciones atribuidas a asesores y operadores cercanos a la exfiscal de la Nación. Parte de las diligencias se concentró en determinar si desde el Ministerio Público se ofrecían beneficios políticos o decisiones fiscales a cambio de respaldo en el Congreso.
Otro de los puntos analizados fueron los cambios y designaciones internas dentro de la institución. La investigación evaluó si algunos nombramientos respondían a una estrategia de control interno para beneficiar determinados intereses. Pese a ello, la disposición señala que no se acreditó un esquema criminal organizado ni una estructura con funciones claramente definidas.
La resolución fiscal remarca que el archivamiento corresponde únicamente al delito de organización criminal. Eso significa que otras investigaciones relacionadas con la gestión de Patricia Benavides todavía pueden continuar en distintas fiscalías o instancias judiciales, dependiendo de los hechos evaluados en cada expediente.
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¿De qué se trata el caso Valkiria?
El caso Valkiria es una investigación fiscal que se abrió tras las declaraciones de asesores y colaboradores eficaces que señalaron presuntas coordinaciones irregulares dentro del Ministerio Público durante la gestión de Patricia Benavides. La hipótesis inicial apuntaba a una red que habría buscado influir en decisiones fiscales y obtener apoyo político en el Congreso.
Según la tesis fiscal, el grupo habría intervenido en denuncias constitucionales, cambios internos dentro del Ministerio Público y actuaciones relacionadas con fiscales supremos. La investigación también evaluó presuntas coordinaciones para remover o afectar a autoridades incómodas para determinados sectores políticos.
El caso incluyó allanamientos, revisión de celulares, análisis de chats y toma de declaraciones a funcionarios y congresistas. Las diligencias estuvieron a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. Con la Disposición N.° 88, la Fiscalía archivó el extremo relacionado con organización criminal para varios de los investigados incluidos en la carpeta fiscal.
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