“Me siento absolutamente sin defensa”: la jueza peruana de La Haya sancionada por EE. UU. tras investigar crímenes

Estados Unidos sancionó este año a una jueza peruana de la Corte Penal Internacional (CPI), un hecho poco habitual en la justicia internacional, vinculado a investigaciones sobre crímenes en Afganistán. La medida no se limitó a restricciones diplomáticas, sino que incluyó sanciones económicas y administrativas que afectaron su vida cotidiana y a su entorno familiar. La magistrada es Luz del Carmen Ibáñez Carranza, jueza de la CPI con sede en La Haya desde hace ocho años.

Para entender el alcance del caso conviene precisar qué es la CPI es un tribunal creado en 1998 mediante el Estatuto de Roma. Su función consiste en juzgar a responsables de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión en todo el mundo. Esta corte actúa cuando los sistemas judiciales nacionales no investigan o no juzgan esos delitos. Tiene jurisdicción sobre crímenes cometidos en territorios de Estados que forman parte del Estatuto o a partir de que el Consejo de Seguridad de la ONU remite un caso.

En ese marco, Ibáñez Carranza integra la CPI como jueza permanente de la División de Apelaciones. Antes de su llegada a La Haya, desarrolló una carrera de más de tres décadas en el Ministerio Público de Perú. Ejerció durante 35 años como fiscal, con los últimos 15 como fiscal nacional especializada en terrorismo, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos. Entre los procesos más conocidos, actuó como fiscal en el caso contra Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, condenado a cadena perpetua en 2005.

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¿Cómo llegó Luz Ibáñez a ser sancionada por Estados Unidos?

Las sanciones estadounidenses se anunciaron a inicios de junio, cuando la jueza se encontraba en Perú. En ese momento, Washington incluyó en la lista a otros cinco jueces y a tres fiscales de la CPI, entre ellos el fiscal principal Karim Khan. Parte de estas sanciones, según se informó después, se comunicaron tras la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.

Al presentar las medidas, el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó su “oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio por nuestra soberanía nacional y la extralimitación judicial ilegítima de la CPI”. En ese mismo comunicado sostuvo que la Corte “constituye una amenaza para la seguridad nacional y ha servido como instrumento de guerra jurídica contra Estados Unidos y nuestro estrecho aliado, Israel”.

En el caso específico de Ibáñez Carranza, el Departamento de Estado explicó que la sanción obedecía a que ella “autorizó la investigación de la CPI contra personal estadounidense en Afganistán”. Esa referencia se remonta a una decisión adoptada en 2019 por la Cámara de Apelaciones del tribunal, integrada por cinco jueces. En esa resolución, la CPI autorizó investigaciones en el territorio de Afganistán por crímenes graves asociados al conflicto armado.

Según explicó la magistrada, la autorización no distinguió responsables por nacionalidad. Incluyó a talibanes, fuerzas estatales afganas y fuerzas extranjeras. Esa investigación permitió que, tiempo después, la Sala de Cuestiones Preliminares emitiera órdenes de arresto contra el jefe del Estado talibán y el jefe del sistema judicial talibán. La jueza señaló que la decisión fue colegiada y que participaron magistrados de distintos países.

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"No puedo pedir comida ni tomar taxi": el alcance de las sanciones contra Luz Ibáñez

Ibáñez Carranza relató que las primeras sanciones recayeron sobre dos juezas provenientes del sur global: una magistrada de Uganda y ella, de nacionalidad peruana. La decisión original había sido adoptada por cinco jueces. Entre ellos figuraban un magistrado del Reino Unido y otro de Polonia, quienes ya no integraban la Corte en el momento de las sanciones. También participó una jueza de Canadá que inicialmente no fue sancionada. Dos meses después, Estados Unidos amplió la lista e incluyó a esos otros magistrados.

Las sanciones no se limitaron a la retirada de visas. En la práctica, incluyeron restricciones económicas amplias. Ibáñez Carranza explicó que perdió la visa para ingresar a Estados Unidos, una visa que poseía desde los 16 años y que se renovaba de manera automática cada diez años. Además, las medidas impiden mover cuentas en dólares en cualquier parte del mundo, incluso en el país de origen, y anulan tarjetas de crédito.

La jueza describió el impacto directo de esas restricciones. Señaló que no puede realizar operaciones básicas que requieren tarjeta de crédito. “Me sacaron las tarjetas de crédito y no puedo enviar dinero a mi país”, afirmó. Asimismo añadió: “Me siento absolutamente sin defensa”. Indicó que no puede utilizar servicios de empresas con sede en Estados Unidos, como aplicaciones de transporte o plataformas de compra en línea. Cualquier organización con base en ese país tiene prohibido prestarle asistencia.

Durante años, Ibáñez Carranza enviaba dinero de manera mensual a Perú para el mantenimiento de su vivienda y el pago de servicios básicos. Utilizaba para ello la empresa Western Union. Tras las sanciones, la empresa retuvo el dinero sin ofrecer una explicación posterior. “Western Union se ha quedado con mi dinero sin ninguna explicación. Dijeron que hay un problema y nunca más volvieron a decir nada”, relató.

La magistrada explicó que estas limitaciones afectan la vida cotidiana. "No puedo pedir comida ni tomar taxi", afirmó. Tampoco puede efectuar transferencias que antes resultaban rutinarias. Según su testimonio, las sanciones transformaron acciones simples en procedimientos imposibles de completar.

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La sanción y sus efectos más allá de Luz Ibáñez

El alcance de las medidas no se limitó a los jueces sancionados. También afectó a familiares y a personas cercanas. En el caso de Ibáñez Carranza, la retirada de la visa se extendió a su hija Andrea, abogada internacionalista. Andrea se encontraba en Mali, donde trabajaba, y solicitó allí la renovación de su visa estadounidense.

Según el relato de la jueza, la embajada envió un correo en el que citó un artículo de la legislación migratoria y comunicó que, “prudentemente”, decidió cancelar la visa. El mensaje no incluyó explicaciones adicionales. La familia interpretó que la decisión se relacionó con el vínculo familiar.

Otros jueces enfrentaron situaciones similares. Ibáñez Carranza mencionó el caso del juez francés Nicolas Guillou, quien tuvo dificultades debido a que su pareja es estadounidense y se encuentra impedida de prestarle ayuda. También relató el caso de una jueza que no pudo transferir dinero a su madre y el de un fiscal que enviaba una manutención para sus hijos. Según explicó, cuando las autoridades estadounidenses identificaron a la destinataria, la transferencia quedó bloqueada.

Las sanciones también impactaron en el sistema bancario europeo. Al inicio, el banco ABN Amro, uno de los principales de Países Bajos, comunicó la cancelación de tarjetas de crédito y restricciones para el uso de cuentas en dólares. La jueza relató que los magistrados afectados mantuvieron reuniones con autoridades de los ministerios neerlandeses de Relaciones Exteriores y de Economía.

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Las Naciones Unidas condenan la sanción contra la CPI

Las Naciones Unidas condenaron las medidas contra la CPI y las calificaron como “un ataque contra el Estado de derecho”. La relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, describió el impacto personal de estas sanciones en declaraciones a BBC Mundo. “Imagina irte a dormir un día como un juez o jueza internacional de gran prestigio que preside algunos de los casos más importantes del mundo, y despertar a la mañana siguiente con el bloqueo de tu cuenta bancaria, la incautación de tus bienes en EE. UU., el cierre de tu cuenta de correo electrónico e incluso la cancelación de artículos que compraste en línea”, dijo.

Satterthwaite añadió que "esto es devastador y el mensaje es claro: Estados Unidos busca influir directamente a los jueces y fiscales en su trabajo tratándolos de la misma manera que trata a presuntos terroristas o líderes de cárteles". Estas declaraciones formaron parte de la condena de relatores de la ONU a las sanciones impuestas contra la Corte.

Además de las medidas de Estados Unidos, Ibáñez Carranza enfrenta una orden de arresto emitida por Rusia. Según explicó, esa orden se dictó luego de que la CPI emitiera una orden de arresto contra el presidente ruso. La magistrada precisó que no participó en ese caso y que, en ese momento, ocupaba el cargo de primera vicepresidenta de la Corte. La orden rusa se basó en su pertenencia a la presidencia del tribunal.

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"Los jueces somos seres humanos": el impacto a la sanción de la CPI

El anuncio de las sanciones provocó conmoción dentro de la CPI. La jueza relató que algunos colegas expresaron reacciones emocionales intensas. También mencionó la preocupación por la seguridad de las familias. “Los jueces somos seres humanos, nos preocupa la seguridad de nuestra familia”, afirmó.

Ibáñez Carranza señaló que no descartaría renuncias entre magistrados, en especial entre quienes dependen exclusivamente de su salario actual. En su caso, explicó que cuenta con una pensión tras décadas de servicio en Perú. Sobre su labor en la CPI, expresó que su trabajo se rige por el derecho y su conciencia. “A mí me pueden hacer lo que quieran. Pero frente a unos hechos y una evidencia, lo único que yo puedo aplicar es el derecho y mi conciencia”, sostuvo.

La jueza reiteró que no imaginó enfrentar sanciones de este tipo tras incorporarse a la Corte Penal Internacional. “Al venir a esta Corte yo pensaba que era la panacea universal de la Justicia, el cenáculo de la justicia universal, nunca me imaginé que los poderes políticos ya en otra dimensión muchísimo más alta pudieran ponernos estas sanciones”, dijo.