Ministro de Bolivia es destituido tras conocerse su participación en la fuga del exasesor presidencial peruano Martín Belaúnde
Crisis en el gobierno de Rodrigo Paz. Luego de 11 días en el cargo, Freddy Vidovic fue remplazado de su cargo tras conocerse una condena en su contra de 2015 por el delito de cohecho en favor del empresario y exasesor del expresidente Ollanta Humala.
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A poco más de un mes del inicio del gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia, una crisis remece su gabinete. Freddy Vidovic, quien se desempeñó como ministro de Justicia durante los últimos 11 días, fue destituido de su cargo tras conocerse que, en 2015, fue condenado a tres años de prisión por cohecho a favor del empresario peruano Martín Belaúnde, exasesor del expresidente Ollanta Humala, cuando lo representó legalmente. Belaúnde fue extraditado a Perú por su implicancia en un caso de corrupción que comprometió al entonces mandatario, hoy encarcelado por ese motivo.
Según informó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, Vidovic será reemplazado por José García Pinto, debido a que tenía una sentencia ejecutoriada que le impedía ejercer cualquier cargo público. El fallo fue emitido el 20 de mayo de ese año por el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz, luego de que el ahora exfuncionario se acogió a un proceso abreviado. La resolución, que además estipula que no puede asumir funciones estatales por tener derechos restringidos, se dictó por los delitos de favorecimiento a la evasión, cohecho activo, entre otros. Oviedo añadió que la información fue remitida al presidente Paz.
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Vidovic acepta destitución, pero habla de injusticia
Freddy Vidovic defendió su situación legal y calificó como “injusta” la decisión del presidente Paz de removerlo del Ministerio de Justicia. Aunque aseguró que acata la determinación, insistió en que no tiene una sentencia pendiente de ejecución y que, por lo tanto, no existe impedimento alguno para ejercer un cargo público. Afirmó que su nombre no figura en el Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap), documento que presentó como prueba de que se encuentra “totalmente limpio” y sin procesos por corrupción.
Vidovic rechazó las declaraciones del ministro Oviedo y afirmó que nunca fue notificado. Denunció que, en su momento, fue víctima de torturas y amenazas, lo cual habría impedido que la resolución ingresara al archivo judicial correspondiente. Además, atribuyó la filtración del caso a sectores que, según él, se sintieron afectados por su llegada al ministerio.
Antes de su salida, Vidovic fue defendido por el vicepresidente Edmand Lara, quien reveló que el exministro de Justicia fue su abogado en un proceso policial que, según dijo, estuvo marcado por arbitrariedades. En este contexto, Lara lo presentó como víctima de un sistema policial “abusivo y politizado” y afirmó que fue detenido, torturado y presionado para incriminarse durante la búsqueda de Belaunde Lossio.
El vicepresidente también insinuó que la designación podría favorecer la impunidad, al señalar que García Pinto sería abogado de confianza del mandatario. En paralelo, Lara anunció que el exministro Freddy Vidovic asumirá funciones en la Vicepresidencia, al considerarlo un profesional “idóneo” cuya salida del gabinete respondió a motivaciones políticas.
El caso Belaunde, que estalló entre 2014 y 2015, derivó en una crisis diplomática y sacudió el entorno político, lo que provocó la caída del entonces gobierno. Quince personas fueron aprehendidas durante la investigación, entre ellas los abogados Jorge Valda y Freddy Vidovic, así como civiles y un agente de Inteligencia que tenía bajo custodia al empresario peruano.
El caso Belaúnde vuelve a sacudir al Gobierno boliviano
La fuga y captura del empresario peruano Martín Belaúnde, en 2015, fue un episodio que generó tensiones diplomáticas y provocó la caída de varias autoridades del entonces gobierno de Evo Morales, entre ellas el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, y un comandante de la Policía. Una década después, nuevas declaraciones revelan presuntos abusos policiales, extorsiones y maniobras ilegales que habrían marcado aquel proceso. Vidovic —quien en ese momento era abogado del empresario— denuncia que su propia sentencia fue consecuencia de torturas y coacción.
El relato de policías y exfiscales que participaron en la investigación apunta a sobornos, protección política y reuniones clandestinas con altos funcionarios, mientras el Gobierno intentaba controlar uno de los mayores escándalos bilaterales entre Bolivia y Perú. La versión sostiene que Belaúnde recibió apoyo económico para escapar, que su detención domiciliaria era fácilmente vulnerable y que grupos policiales actuaron al margen de la ley para satisfacer presiones del Ejecutivo.
La Fiscalía peruana acusó a Martín Belaúnde de liderar una organización criminal vinculada al caso Antalsis, además de los delitos de colusión, tráfico de influencias y asociación ilícita. El empresario llegó a La Paz en diciembre de 2014 para solicitar refugio, pero desapareció mientras cumplía arresto domiciliario y permaneció cinco días en la clandestinidad. Su fuga provocó fuertes críticas en Perú, donde el entonces presidente Ollanta Humala negó haber protegido a su exasesor.
Las autoridades bolivianas detuvieron a 14 personas involucradas en la evasión, entre ellas custodios, familiares y personas con vínculos con Belaúnde. Evo Morales afirmó entonces que “corrió mucha plata” en la fuga y ordenó una búsqueda intensa, que culminó con la captura en Magdalena, Beni. Entre los detenidos figuraban un lector de cartas, el dueño del inmueble donde se alojaba el empresario y un comerciante acusado de facilitar un vehículo para la huida.
En paralelo, continuaban las investigaciones sobre los nexos de Belaúnde con la pareja presidencial peruana, especialmente con Nadine Heredia, señalada por contratos sospechosos y presunto lavado de activos. La Fiscalía peruana mantenía abiertos otros procesos, como el caso “La Centralita”, mientras que la oposición en Lima responsabilizaba al gobierno por no haber asegurado la extradición a tiempo.
Rodrigo Paz desmanteló el Ministerio de Justicia
El gobierno de Rodrigo Paz decidió poner punto final al Ministerio de Justicia tras un conflicto interno que estalló apenas iniciado su mandato. La medida se formalizó horas después de que su titular, Freddy Vidovic, quedara en medio de cuestionamientos por una sentencia penal que no había sido declarada al asumir el cargo.
La situación escaló con rapidez: primero, el mandatario retiró a Vidovic y designó a un reemplazo provisional. Luego, en un giro inesperado, anunció que la cartera ya no continuaría operando. Con ese decreto, el Ejecutivo clausuró la institución y dispuso la redistribución de sus funciones hacia otras áreas del Estado.
Paz justificó la desaparición del ministerio señalando que su permanencia prolongaba prácticas que buscaba erradicar. Según el presidente, mantener el despacho abierto solo alimentaba un sistema que había demostrado ser vulnerable a presiones políticas. Al cerrarlo, afirmó, pretendía impedir que la estructura siguiera siendo utilizada con fines ajenos a la administración pública.
Con esta decisión, el nuevo gobierno intenta contener su primera crisis y dar por concluido un capítulo marcado por tensiones, versiones contrapuestas y un ministro cuya salida precipitó el fin de toda la cartera.
