Gobierno propone un nuevo regalo para agroexportadoras que costaría S/2.000 millones al año y alentará la concentración de tierras

Se respira Navidad. El régimen de José Jerí incluyó en su pedido de facultades legislativas la creación del Certificado de Aporte para la Promoción Agraria (CAPA), que se otorgaría a las empresas agrarias por pagar principalmente el Bono Beta — pago obligatorio a los trabajadores equivalente al 30% del sueldo mínimo. Dicho certificado podría ser usado como descuento en las subastas de tierras del Estado, de modo que estas compañías boyantes paguen menos por los terrenos habilitados con recursos públicos.

Es decir, funcionaría como un vale. Si una empresa acumula S/20 millones en CAPA y un lote cuesta S/100 millones, solo abonaría S/80 millones.

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Las tierras se venderán más baratas a empresas agrarias

El Gobierno sostiene que esta medida no genera gasto fiscal porque solo reconoce "aportes ya realizados" y que busca incentivar la inversión en zonas rurales y habilitar más de 10.000 hectáreas para uso productivo. Sin embargo, el CAPA implicaría que el Estado renuncie a recaudar cerca de S/2.000 millones anuales de forma permanente. Ese monto equivale a devolver a las grandes agroexportadoras lo que ya han desembolsado por obligaciones laborales, explica a La República el exviceministro de Empleo Fernando Cuadros.

Esta estimación surge de sumar todo lo que las agroexportadoras pagan anualmente por el Bono Beta para una masa laboral que supera los 400.000 trabajadores formales y del aporte al Senati. Ambos conceptos representan entre S/1.600 y S/1.700 millones cada año. Sin embargo, el "monto tenderá a crecer conforme aumente la cantidad de trabajadores y actividad del rubro", que atraviesa un ciclo de expansión y que, según el Midagri, las agroexportaciones peruanas superarán a Chile en 2025.

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Concentración de tierras en manos de un puñado de grandes empresas

Este beneficio es comparable en magnitud a los incentivos tributarios recientemente ampliados en la aprobada Ley Chlimper 2.0, que implican dejar de recaudar otros S/2.000 millones al año. “La diferencia es que el CAPA sería permanente y se aplicará cada vez que el Estado subaste tierras”, advierte.

La medida beneficiaría exclusivamente a grandes conglomerados agroexportadores, que concentran el 92% de los ingresos del sector y más del 90% del empleo formal. Solo 18 firmas concentran la mitad de todo el empleo formal del rubro.

Dado que quienes participan en subastas de tierras del Estado son las empresas con mayor capital, el CAPA profundizaría la concentración de terrenos agrícolas. "Las Mypes no tienen capacidad para competir en esas subastas. Esto hará que las grandes empresas sigan concentrando tierras”, advirtió el experto.

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¿Se premia por cumplir la ley? El bono ya fue absorbido

Se suman a las críticas de esta propuesta los exministros de Economía Pedro Francke y Waldo Mendoza, quienes alegan que el Bono Beta, ya fue absorbido por las empresas bajando otros componentes del salario, por lo que “no hay nada que compensar".

Entre 2018 y 2024, el salario real promedio del sector agroexportador cayó casi 30%. ¿Cómo es posible? Según el análisis de Cuadros, las empresas redujeron costos sustituyendo a trabajadores de mayor remuneración —hombres, mayores de 30 años, estables o sindicalizados— por grupos a los que se les paga menos: mujeres, jóvenes y temporales.

“El Bono Beta ya no existe en términos de poder adquisitivo. Ya fue licuado. Las empresas redujeron el salario nominal lo suficiente para que el incremento asociado al bono quedara anulado”, señala. El ingreso promedio actual en el sector es de S/1.300 para unos 400.000 trabajadores formales. “Hoy los trabajadores ganan lo mismo que en 2020”, afirma.

Para Francke, si los salarios reales han caído tanto como para absorber totalmente el costo del Bono Beta, no corresponde devolución alguna, menos aún cuando el sector registra utilidades históricas por el boom agroexportador. En palabras de Waldo Mendoza, el CAPA convertiría el Bono Beta en un costo que “en la práctica les saldría gratis”, pues el certificado compensará ese desembolso otorgando ventajas en las subastas de tierras. “Hace unos meses ya se les extendió beneficios tributarios. ¿Hasta dónde llega el poder de los agroexportadores?”, cuestionó.

La excongresista Indira Huilca denunció que el Ejecutivo “contrabandea medidas económicas” dentro de un pedido de facultades sobre seguridad ciudadana, favoreciendo a “grupos de poder” del sector agroexportador.

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Desde orillas privadas, la defensa viene de parte de gremios empresariales como Comex. Su director ejecutivo, Jaime Dupuy, afirmó que la Ley 31110 elevó sustancialmente los costos de planilla, haciendo del régimen agrario uno de los más caros del país.

Recordó que el Bono Beta está indexado a la Remuneración Mínima Vital, cuyo aumento, dice, suele obedecer a criterios políticos más que técnicos, lo que genera incertidumbre hacia adelante. Para los gremios, el CAPA equilibraría esos sobrecostos, incentivaría la formalidad e impulsaría nuevas inversiones en zonas rurales.

El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Vladimir Cuno, no ha dudado en seguir la línea de su antecesor Ángel Manero, quien había fecundado desde antes esta idea para incluir “la devolución del bono beta”, presionado por los gremios empresariales. Cuno destacó la creación de este certificado, que apunta a compensar a las agroexportadores por el pago de un bono laboral.

Datos de un sector boyante, pero precarizador

Según la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, existen 400.000 trabajadores formales en la agroexportación. Este es un grupo aún minoritario porque representa menos del 10% de la población ocupada en toda la agricultura. El 91% se concentra en regiones de la costa como Ica (28%), La Libertad (24%), Piura (16%), Lambayeque (13%) y Lima (10%).

Según tamaño de empresa, el 94% forma parte de grandes empresas (que concentran el 92% de los ingresos) y solo 6% de micro y pequeñas empresas. El 18 empresas absorben al 50% de todo el empleo formal en la agroexportación.

Del 2018 a 2024 las remuneraciones reales cayeron cerca de 30%. El trabajador promedio solo recibe S/1.300 (salario mínimo + proporción de CTS y gratificaciones). Para ganar entre S/1.600 y 1.700, los trabajadores deben laborar 12 horas diarias (8 regulares + 4 extras diarias), lo cual es ilegal porque la hora extra debe ser eventual, advierte el experto en economía laboral Fernando Cuadros.

"Aunque se dice que la agroexportación es estacional, el 70% de los 400.000 trabajadores formales aparece contratado todo el año en la planilla electrónica del MTPE", criticó.