Apagón de líneas inactivas y revalidación presencial de usuarios con más de 10 chips: las medidas anticrimen que plantea AFIN

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), en representación de los operadores de servicios de telecomunicaciones móviles asociados, expresó su preocupación por la creciente problemática de seguridad ciudadana que afecta a todos los peruanos, especialmente en lo relacionado con el fraude en la contratación de servicios públicos móviles, "independientemente de dónde se realicen". 

Ante este escenario, los operadores móviles plantearon un paquete de medidas orientado a reforzar la trazabilidad, la fiscalización y la corresponsabilidad dentro del ecosistema digital, algunas de las cuales ya han empezado a ejecutar: 

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

1. Revalidación presencial de la base de clientes prepago, personas naturales sin negocio, que registren más de 10 líneas móviles a su nombre, con apoyo de Reniec. Si una persona tiene más de 10 chips a su nombre, deberá ir presencialmente a un punto autorizado para confirmar su identidad.
2. Baja o suspensión de líneas móviles prepago inactivas, que no hayan generado tráfico de voz o datos ni realizar recargas en un plazo de tres meses. Se suspenderán automáticamente los chips que no hayan hecho llamadas, usado datos o recargado en 3 meses.
3. Para evitar la reventa de chips activados, proponer a Osiptel que regule la desactivación de chips que no presentan tráfico ni recargas en un plazo mínimo. Muchos delincuentes compran chips ya activados y los revenden. La propuesta es que Osiptel obligue a desactivar cualquier chip que no registre uso mínimo en un tiempo corto.
4. Geolocalización del vendedor, con bloqueo de ventas que se intenten realizar fuera del punto de venta autorizado. El vendedor de chips tendrá GPS en su sistema. Si intenta vender un chip fuera de su ubicación autorizada, la venta se bloquea.
5. Establecer una solución técnica confiable e interoperable (API) con la integración de software por parte de Migraciones para verificación biométrica de huella dactilar y facial de extranjeros. Cuando un extranjero compre un chip, se verificará su identidad con huella o rostro usando la base de Migraciones.

PUEDES VER: Gobierno evalúa otorgar nuevo bono para comprar una vivienda: jóvenes recién egresados en la mira

AFIN consideró indispensable que este esfuerzo sea multisectorial y cuente con la participación de entidades como Reniec, INPE, Migraciones, la Autoridad de Datos Personales, Indecopi, el sistema financiero, así como el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, ministerios vinculados, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, municipalidades, distribuidores y la ciudadanía. Todo ello con el fin de articular una estrategia que fortalezca la confianza digital y la ciberseguridad entre el sector público y privado.

"Reafirmamos nuestro permanente compromiso con la seguridad de los peruanos y la construcción de un entorno digital formal, transparente y confiable. Invitamos a las autoridades competentes a establecer una mesa de trabajo multisectorial, con participación del sector privado, que permita articular soluciones efectivas, con enfoque técnico y sensibilidad social", señaló AFIN.

PUEDES VER: Codip: "Planeamos construir 1 millón 200.000 viviendas en cinco años; hay mucho apetito del sector C y D"

Más de 3.700 líneas suspendidas por delitos

En paralelo, en el marco del estado de emergencia, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que, a pedido de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público (MP), solicitó a las empresas operadoras de telecomunicaciones la suspensión inmediata de más de 3.700 líneas móviles vinculadas a casos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos.

Esta medida fue establecida mediante el Decreto Supremo n° 124-2025-PCM con el objetivo de fortalecer las acciones de lucha contra la criminalidad y mejorar la eficacia de las intervenciones durante el estado de emergencia.

"Al 17 de noviembre, durante lo que va del estado de emergencia, ya se solicitó a las empresas operadoras la suspensión de 3.766 servicios móviles, a requerimiento de la Policía y el Ministerio Público. Esta acción demuestra nuestro compromiso con la seguridad ciudadana y en la lucha contra la criminalidad", refirió la directora de Atención y Protección del Usuario del Osiptel, Tatiana Piccini.