Decreto de urgencia de austeridad cuadra las cuentas del 2025, pero solo "es un parche", advierten expertos

En busca de ajustar las finanzas del Tesoro Público, el Gobierno de José Jerí emitió el Decreto de Urgencia N.º 008-2025, que dispone una serie de medidas excepcionales de austeridad y eficiencia en el gasto público aplicables a todos los ministerios y entidades del Gobierno nacional. La norma busca garantizar el cumplimiento de la regla fiscal vigente, luego de dos años consecutivos de incumplimiento, criticados por especialistas y organismos como el Consejo Fiscal.

El déficit fiscal anualizado, es decir, la brecha que se produce cuando el Estado gasta más de lo que recauda, alcanzó a octubre de 2025 el 2,4% del producto bruto interno (PBI), superando el límite de 2,2% que se debe cumplir este año. Ante este desbalance, el Poder Ejecutivo argumenta que los ingresos tributarios han sido menores a lo proyectado, mientras el gasto público continúa creciendo, sobre todo por mayores devoluciones tributarias.

"El cumplimiento de la meta fiscal requiere una reducción sostenida del déficit, una mejor evolución de los ingresos y una moderación del gasto", señala el documento, refrendado por la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

MEF: Restricciones a las transferencias y contrataciones

El decreto dispone que todas las transferencias financieras del Poder Ejecutivo —autorizadas por la Ley de Presupuesto 2025 o por otras normas— solo podrán aprobarse hasta siete días después de publicada la norma. Pasado ese plazo, ningún ministerio ni entidad dependiente del Gobierno podrá realizar nuevas transferencias, bajo responsabilidad del titular del pliego.

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Se exceptúan únicamente las transferencias a la Caja de Pensiones Militar Policial, las efectuadas en el marco del programa Llamkasun a favor de gobiernos locales y las que realiza el Seguro Integral de Salud (SIS).

Asimismo, se prohíbe comprometer gastos en conceptos considerados no prioritarios, como servicios de publicidad, consultorías externas, talleres, impresiones, organización de eventos y nuevas contrataciones bajo el régimen CAS. Con ello, el Gobierno busca reducir el gasto corriente en rubros que suelen incrementarse hacia fin de año.

Freno a nuevos proyectos de inversión

Otro de los puntos centrales del decreto es la restricción al gasto de capital. Los pliegos del Poder Ejecutivo no podrán habilitar presupuesto para proyectos de inversión que no estén en ejecución física o que no tengan contratos firmados. Solo se podrán financiar obras o componentes ya avanzados o comprometidos legalmente.

Esto significa que no se iniciarán nuevos proyectos durante lo que resta del año fiscal, salvo aquellos con contrato vigente, lo que podría ralentizar la ejecución pública, especialmente en regiones.

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Recursos se canalizarán a seguridad con prioridad

El documento también faculta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a reorientar los recursos liberados por la aplicación de estas medidas hacia la Reserva de Contingencia, fondo destinado a atender emergencias o gastos imprevistos. Estas reasignaciones se aprobarán mediante decreto supremo refrendado por el MEF.

Sin embargo, la Dirección General de Presupuesto Público podrá establecer excepciones cuando sea necesario garantizar la continuidad de los servicios esenciales del Estado. Las medidas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025, y los ministros o titulares de los pliegos serán responsables de su cumplimiento.

La ministra Miralles había adelantado la aprobación de este decreto durante su presentación en CADE Ejecutivos 2025, como una señal de disciplina fiscal ante los mercados y el Congreso, luego de varios meses en que el gasto público superó las previsiones iniciales. En esa ocasión, indicó que el ajuste permitiría canalizar alrededor de S/1.200 millones hacia sectores prioritarios, principalmente seguridad ciudadana, salud y servicios esenciales.

"Solo un parche" fiscal

En diálogo con La República, el economista e investigador Armando Mendoza señaló que este decreto "en lo coyuntural puede tener sentido, pero en lo estructural no es una solución". A su juicio, responde a "una lógica cortoplacista, como un parche para tratar de cuadrar el 2025 y que el que venga en 2026 vea cómo hace con el presupuesto donde hay una pugna". "Están controlando la pelota para pasársela al siguiente", agregó.

Mendoza advirtió que, aunque el gasto estatal tiene problemas, también genera demanda. "La austeridad puede cuadrar los números, pero va a tener un costo económico y social. Entiendo que la lógica es tratar de llegar como sea, forzando a esa meta idílica del 2,2%", apuntó. "Todas las proyecciones apuntan que el 2026 volveremos a incumplir la regla fiscal. Se analiza desde una mentalidad de cuadrar el 2025, que es mi responsabilidad y el próximo año en julio me voy", comentó.

En la misma línea, Cynthia Velezmoro, abogada y experta en planificación fiscal, consideró que “cumplir la meta fiscal es importante, pero no basta con recortes o centralización”. "La sostenibilidad exige saber cómo se ahorra, qué resultados se obtienen y quién evalúa la eficiencia del gasto", remarcó.

"El país necesita algo más, liderazgo para transformar la disciplina contable en gobernanza fiscal. Es momento de mirar la política fiscal no solo como contabilidad, sino como una estrategia de desarrollo y credibilidad internacional", analizó.

Enfocarse en una reforma tributaria

Mendoza añadió que el debate actual se concentra solo en el recorte de gastos, sin atender el lado de los ingresos. "El déficit se cierra deduciendo gastos o aumentando ingresos, pero aquí solo están haciendo la mitad. Una medida efectiva sería una reforma tributaria para incrementar la recaudación", sostuvo.

Recordó además que el Perú tiene una presión tributaria de apenas 14%, por debajo del promedio latinoamericano (21%) y muy lejos del nivel de los países desarrollados (34%)."En la historia no existe país que haya alcanzado desarrollo con una presión tributaria del 14% o 15%. Jamás vas a tener educación o salud de calidad si no incrementas los ingresos", enfatizó el economista.