Gobierno aprueba decreto de austeridad para cumplir la regla fiscal: se restringen consultorías, contrataciones y eventos en Ministerios

Pensando en ajustar las cuentas del tesoro, el Gobierno aprobó el decreto de urgencia N.º 008-2025, que establece un conjunto de medidas extraordinarias de austeridad y eficiencia en el gasto público dirigidas a todos los ministerios y organismos del gobierno nacional. ¿El objetivo? La gestión de José Jerí busca cumplir la regla fiscal vigente, tras dos años de incumplimiento consecutivo.

La norma recuerda que el déficit fiscal anualizado, es decir la brecha que se produce cuando el Estado gasta más de lo que recauda, a setiembre de 2025 alcanzó el 2,4% del producto bruto interno (PBI), superando el límite de 2,2% que se debe cumplir este año. Ante este desbalance, el Poder Ejecutivo argumenta que los ingresos tributarios han sido menores a lo proyectado y que el gasto público continúa creciendo, en especial por mayores devoluciones tributarias.

"El cumplimiento de la meta fiscal requiere una reducción sostenida del déficit, una mejor evolución de los ingresos y una moderación del gasto", sostiene el documento, refrendado por la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

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MEF aprueba decreto de austeridad: restricciones a las transferencias y contrataciones

El decreto dispone que todas las transferencias financieras del Poder Ejecutivo, autorizadas por la Ley de Presupuesto 2025 o por otras normas, solo podrán aprobarse hasta siete días después de publicada la norma. Pasado ese plazo, ningún ministerio y otras entidades que dependen del gobierno podrá realizar nuevas transferencias, bajo responsabilidad del titular del pliego.

Se exceptúan únicamente las transferencias a la Caja de Pensiones Militar Policial, las efectuadas en el marco del programa Llamkasun a favor de gobiernos locales, y las que realiza el Seguro Integral de Salud (SIS).

Además, se prohíbe a los ministerios comprometer gastos en conceptos considerados no prioritarios, como servicios de publicidad, consultorías externas, talleres, impresiones, organización de eventos y nuevas contrataciones bajo el régimen CAS. Así, el Gobierno busca reducir el gasto corriente en rubros que suelen crecer hacia fin de año.

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Decreto de austeridad "solo es un parche" para cuadrar números

En diálogo con La República, el economista e investigador Armando Mendoza señaló que este decreto de austeridad "en lo coyuntural puede tener sentido, pero en lo estructural no es una solución". Ello, debido a que se parte de "una la lógica cortoplacista como un parche para tratar cuadrar el 2025 y el que venga en 2026 verá cómo hace". "Están controlando la pelota para pasársela al siguiente", agregó.

Advierte que el gasto del Estado, con todos sus problemas, genera demanda. "La austeridad puede cuadrar los números, pero va a tener un costo económico y social".

En la misma línea, Cynthia Velezmoro, abogada y experta en planificación fiscal, señala que "cumplir la meta fiscal es importante, pero no basta con recortes o centralización. "La sostenibilidad exige saber cómo se ahorra, qué resultados se obtienen y quién evalúa la eficiencia del gasto", manifestó.

Mendoza agrega que toda la pelea está por el lado del recorte de gastos.Sin embargo, no se está prestando atención a incrementar los ingresos. "El déficit se cierra deduciendo gastos o aumentando ingresos, pero aquí solo están haciendo la mitad. Una medida efectiva es política de reforma tributaria para incrementar ingresos", sostiene Armando Mendoza.

Recordemos que el Perú tiene una presión tributaria, entendida como la relación entre lo que recauda el Estado por impuestos y el tamaño de la economía— de apenas 14%, por debajo incluso del promedio latinoamericano (21%) y muy lejos del mundo desarrollado (34%).

"En la historia no existe país que haya alcanzado desarrollo con una presión tributaria del 14% o 15%. Jamás vas a tener educación o salud de calidad si no incrementas los ingresos", enfatiza Mendoza.

Freno a nuevos proyectos de inversión

Otro de los puntos centrales es la restricción al gasto de capital. Los pliegos del Poder Ejecutivo no podrán habilitar presupuesto para proyectos de inversión que no estén en ejecución física o que no tengan contratos firmados. Solo se podrán financiar las obras o componentes que ya estén avanzados o comprometidos legalmente.

Esto significa que no se iniciarán nuevos proyectos durante lo que resta del año fiscal, salvo los que cuenten con contrato vigente, lo que podría ralentizar la ejecución pública, especialmente en regiones.

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MEF: recursos se canalizarían a seguridad

El documento señala que el Ministerio de Economía y Finanzas queda facultado para reorientar los recursos que se liberen por la aplicación de estas medidas hacia la Reserva de Contingencia, fondo que sirve para atender emergencias o gastos imprevistos. Estas reasignaciones se aprobarán mediante decreto supremo refrendado por el MEF.

Sin embargo, el propio decreto autoriza a la Dirección General de Presupuesto Público a establecer excepciones cuando sea necesario garantizar la continuidad de los servicios esenciales del Estado.

Las medidas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025, y los ministros o titulares de los pliegos serán responsables de su cumplimiento.

La aprobación de este decreto había sido adelantado por la ministra de Economía en CADE Ejecutivos, a fin de enviar una señal de disciplina fiscal a los mercados y al Congreso, luego de varios meses en que el gasto público superó las previsiones iniciales.

Durante su presentación en CADE Ejecutivos 2025, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, adelantó que con este decreto se busca canalizar alrededor de S/1.200 millones hacia sectores prioritarios, principalmente seguridad ciudadana, salud y servicios esenciales. Estos recursos provendrán del ajuste temporal del gasto en los distintos ministerios, cuyos presupuestos no ejecutados o postergables serán reorientados para atender urgencias vinculadas al orden interno y la continuidad de servicios públicos.