
La resolución Directoral 17917, emitida el 27 de noviembre por el Ministerio de Salud (Minsa), ordenó el retiro e inmovilización de la insulina Wosulin-N, tras determinar que el medicamento, fabricado por Wockhardt Limited en la India, no cumplía con las buenas prácticas de manufactura ni los estándares mínimos de calidad exigidos en el país. La medida adoptada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) respondió a la detección de manipulación de datos, impurezas, posibles toxinas y deficiencias en las buenas prácticas en los procesos de fabricación.
No obstante, una investigación realizada por Latina comprobó que, pese a la orden de retiro, la insulina cuestionada aún se entrega en centros de salud públicos del Minsa y EsSalud, como en el Hospital Nacional Sergio Bernales, en Comas, y se comercializa en algunas farmacias y boticas del país.
Además, la madre de un paciente expuso una receta médica para enero y febrero de 2026, que le recetaba la insulina prohibida.
La escasez de alternativas ha llevado a que los 1,3 millones de personas mayores de 20 años que sufren de diabetes en el país –que requieren entre 5 y 6 inyecciones de insulina al día–, tengan que decidir entre llevar un tratamiento potencialmente peligroso o atenerse a las consecuencias de no medicarse.
“No tienen otra opción, están contra la pared. ¿Cómo hemos llegado a esta decisión? De querer un producto que no sabemos si es de calidad o no porque la única opción que tengo es este y si no lo recibo voy a morir.”, señaló Víctor Dogo, representante del Colegio Médico.
Wosulin-N, insulina prohibida por la Digemid. Foto: Facebook.
Durante al menos cinco años, medicamentos de la India que no contaban con las certificaciones sanitarias requeridas fueron importados al Perú por distribuidoras, que luego las vendieron tanto a farmacias como al Estado. Para Dogo, esta situación deriva en otro problema: tras gastar gran cantidad de dinero en la compra del producto que ya no será usado, ahora tendrá que invertir una suma considerable para llenar ese vacío de tratamientos.
Por su parte, organismos como la ONG Lucas, una misión de vida exigen el cumplimiento efectivo de las normativas que garanticen el acceso a insulinas seguras, tiras reactivas y jeringas, señalando que las disposiciones vigentes no se aplican de manera adecuada.
“Si no hay el medicamento idóneo, entran en otras patologías. Quedan ciegos, problemas en riñones, huesos. Se sabe que las insulinas NPH ya no se pueden utilizar; por eso la preocupación de nosotros como padres”, señaló Mónica Portal, directora de la entidad.
Resolución que ordena la inmovilización de la insulina Wosulin-N. Foto: Minsa.
Para verificar el proceso de fabricación del medicamento, la Digemid viajó hasta la India e inspeccionó el proceso de fabricación de las insulinas, donde evidenció que pese a haber una alerta roja en el control de calidad en ese momento, nadie paraba la fabricación del medicamento.
“Cuando Digemid ha manifestado la alerta roja, recién han ido a parar. Cuando querían ver qué lote era el afectado, no había un control de lote. No se registró ningún lote. Cuando querían ver el tiempo de fermentación que tenía, se dieron cuenta de que en 22 horas lo sacaban, pero en su procedimiento de fabricación, decía 32 horas, le habían restado 10 horas sin ninguna evidencia”, cuestionó Dogo.
Además de insulina Wosulin-N, Latina identificó 277 medicamentos de uso frecuente en hospitales y centros de salud público que, aunque se encuentran vetados o suspendidos por representar un riesgo para los pacientes, aún son consumidos por personas con cáncer, VIH, enfermedades cardiovasculares, infecciones bacterianas y trastornos mentales que desconocen esta alerta.
Incluso algunos medicamentos básicos para aliviar el dolor o controlar la fiebre prohibidos aún se distribuyen libremente. El 60% de origen es indio y chino.
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