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La otra cara de la Ley de Amnistía para presos políticos en Venezuela: ¿cuál es la "trampa" detrás de su inesperada aprobación?

Tras promulgar la medida, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que "hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón".

Delcy Rodríguez firmó la Ley de Amnistía General en Venezuela junto a Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello.
Delcy Rodríguez firmó la Ley de Amnistía General en Venezuela junto a Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello. | Juan Barreto | AFP

El pasado 19 de febrero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó la Ley de Amnistía General, una legislación clave para la excarcelación de centenares de presos políticos recluidos en diversas prisiones del país. El contexto en el que se llevó a cabo este acontecimiento, para muchos imposible en la era Maduro, es producto de las demandas realizadas por cientos de familias que buscan justicia y la presión de Estados Unidos para avanzar hacia una transición ordenada.

Si bien esta medida simboliza un enorme avance para el retorno de la democracia y el respeto de cientos de personas aprisionadas injustamente, aún tiene muchos matices que subsanar. Organizaciones de derechos civiles se pronunciaron sobre esta situación y exigieron que la liberación de estos reclusos sea total y sin excepciones.

Para Amnistía Internacional, el ejercicio de esta medida requerirá de la supervisión de las Naciones Unidas como medida de garantía. "Es vital que la Misión de la ONU acompañe el proceso para garantizar transparencia, justicia y reparación", señaló. Según la ley, las entidades públicas que se encargarán de su cumplimiento serán "el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio con competencia en materia de Justicia".

ONG cuestionan la Ley de Amnistía

La Asamblea Nacional venezolana, controlada por el chavismo, dio un paso que se consideraba impensado antes del 3 de enero de 2026, cuando Nicolás Maduro fue derrocado y llevado ante la justicia estadounidense: dio luz verde a la Ley de Amnistía. Ahora, ya firmada y promulgada, miles de familias esperan ansiosas la excarcelación masiva de los presos políticos.

Como parte de un "nuevo momento político", el interinato busca poner fin al "odio" y llama a la reconciliación nacional. Dejar los males atrás, cuando el daño ya está hecho. "Para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los derechos humanos, que prime el amor, el entendimiento, el reconocimiento", exclamó desde el Palacio de Miraflores, residencia presidencial.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Organizaciones que defienden los derechos civiles detectaron algunas deficiencias en la mencionada ley y exigieron que sean reparadas. Una de las principales, según Justicia, Encuentro y Perdón, es que, además de ser revictimizante, es "excluyente y, en lo absoluto, garantiza la liberación plena de todos los presos políticos".

"Advertimos que no bastaba un anuncio ni una narrativa de reconciliación si el contenido mantenía filtros, condicionamientos y ambigüedades capaces de dejar por fuera a quienes más necesitan justicia", agregó la organización.

Las principales caras de la oposición también salieron a dejar su opinión sobre la mencionada norma, a la cual califican como insuficiente, sesgada y restrictiva. Estas críticas van, en gran medida, dirigidas a los artículos 9 y 10, los cuales excluyen de este beneficio a personas acusadas por violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, homicidio intencional o corrupción. Incluso, también hacen a un lado a aquellos individuos que promovieron la incursión armada en Caracas.

"Hemos calculado que unos 400 presos políticos están excluidos de la amnistía porque son militares, familiares o personas detenidas por estar supuestamente relacionadas de manera arbitraria con operaciones militares, aunque en realidad son civiles", declaró Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, en una rueda de prensa.

El fin de la estructura represiva en Venezuela

Más que un anhelo, se vuelve una utopía. En un país donde sigue dominando el chavismo como principal figura de poder, Gonzalo Himiob, cofundador de Foro Penal, sostiene que es importante seguir luchando por "la derogatoria de normas que han servido para la persecución" y que se debe "exigir el desmantelamiento pleno del aparato represivo", como los centros de tortura —El Helicoide, Rodei I, Zona 7, entre otros—. "Queda en manos de las mismas autoridades que persiguieron a las personas", agregó.

"Debemos adecuar la legislación venezolana a los estándares de derecho internacional", agregó. Por otro lado, el abogado Luis Armando Betancourt, a través de su cuenta en X (antes Twitter), advirtió que, de no cumplirse y respetarse los parámetros de esta ley, "los legisladores deberán rendir cuenta ante la patria y sus instituciones".

La ONG Human Rights Watch sostiene que, para llevar a cabo una óptima transición a la democracia, se deben tomar en cuenta "reformas judiciales, electorales y legales", además de "una amnistía que cobije a todos los presos políticos", enfatizando que este traspaso debe ser pensado en pro de los venezolanos y no en una tarea "simulada al servicio del régimen y de EE. UU.".

El chavismo revisará la Ley contra el Odio

Un nuevo movimiento dentro del chavismo busca limpiar su imagen ante la opinión pública. El mismo día que se aprobó la Ley de Amnistía, el Parlamento liderado por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, abrió a debate la suspensión de la Ley contra el Odio en Venezuela, vigente desde 2017.

Esta norma otorga facultades al Estado para remover la inscripción de partidos políticos y organizaciones del mismo sector que presuntamente promuevan el "fascismo, la intolerancia y el odio nacional".

"El programa de convivencia y paz está justamente estudiando los alcances de esa ley. Es muy probable que esa ley venga a reforma en esta Asamblea Nacional, pero también es verdad que hubo situaciones de mala utilización de la Ley contra el Odio, eso es verdad y tiene que ser corregido", señaló Rodríguez.

De acuerdo con el legislador, quienes se encargarán de "corregir" esta legislación serán "el programa por la convivencia democrática y la comisión de seguimiento de la Ley de Amnistía". La noticia no pasó desapercibida y organizaciones recordaron cómo se aplicó.

Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, afirmó que esta medida intentó llevar a cabo "un torniquete en los espacios de libertad que quedan en Venezuela, que básicamente son las redes sociales, el WhatsApp", según una cita rescatada por CNN.

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