
Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE) presentadas durante proEXPLO 2026 señalan que la expansión de la minería ilegal estaría generando un significativo costo económico para el Perú, al frenar proyectos mineros, limitar la inversión y retrasar la puesta en marcha de iniciativas clave, con un impacto que podría reducir hasta en 12% el crecimiento potencial del Producto Bruto Interno (PBI).
El gerente general del IPE, Carlos Gallardo, advirtió que “la minería ilegal se ha convertido en un obstáculo estructural que se suma a la tramitología y la conflictividad social”, lo que pone en riesgo la viabilidad de nuevas operaciones mineras y su ejecución en los plazos previstos.
El IPE explicó que el país sí cuenta con una cartera de proyectos mineros, pero estos no avanzan al ritmo necesario debido a múltiples barreras. Entre ellas destacan los problemas regulatorios, los conflictos sociales y, de manera creciente, la presión de la minería ilegal en las zonas donde se ubican las iniciativas extractivas.
El impacto económico de estos retrasos es significativo. El instituto estimó que, de haberse ejecutado las iniciativas en los tiempos previstos, la economía peruana podría haber crecido hasta 12% más en el periodo analizado. Este resultado refleja el costo de oportunidad de inversiones que no se concretan y que habrían impulsado producción, empleo y recaudación.
El análisis del IPE resalta que la menor ejecución de proyectos no solo afecta el crecimiento macroeconómico, sino también la dinámica social. La inversión minera formal es un motor importante de empleo, ingresos fiscales y actividad económica en diversas regiones del país.
En ese contexto, Gallardo señaló que “entre 1.5 y 1.7 millones de personas no habrían logrado salir de la pobreza en los últimos 15 años debido al menor dinamismo de la inversión minera formal”. La ausencia de proyectos implica menos empleo, menos ingresos y menor capacidad del Estado para financiar políticas públicas orientadas a reducir la pobreza.
El avance de economías ilegales ha deteriorado la competitividad del país como destino de inversión minera. Según indicadores internacionales, el Perú pasó de ubicarse entre las jurisdicciones más atractivas para invertir a posiciones intermedias, lo que influye directamente en las decisiones de las compañías mineras globales.
El IPE también advirtió distorsiones crecientes en el mercado del oro, como el aumento acelerado de exportadores, cambios en los destinos de exportación —con mayor peso de India y Emiratos Árabes Unidos— y el incremento de operaciones sospechosas. A esto se suma la expansión territorial de la minería ilegal hacia áreas protegidas, operaciones formales y proyectos en etapa de desarrollo.





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