IPE revela que Perú concentra el 44% del oro ilegal exportado desde América del Sur

La minería ilegal avanza sin freno en nuestro país y pone en riesgo a comunidades enteras. En los últimos años, se ha consolidado como un desafío económico y social al provocar pérdidas fiscales, impactos ambientales y un entorno de inseguridad que afecta a la inversión formal. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), el 44% del oro ilícito exportado desde Sudamérica proviene del territorio peruano.

Al cierre del 2025, los despachos por fuera de la ley del metal dorado ascenderían a US$12.000 millones, lo que representa entre 105 y 115 toneladas. Esto igualaría por primera vez a los envíos legales e incluso podrían superarlos si es que no se implementa medidas de control adecuadas.

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"El Perú no es un caso marginal o un problema local. Es uno de los epicentros globales del oro ilegal. Estamos hablando de un flujo comercial de miles de millones de dólares, no de una actividad de subsistencia aislada. Si miramos hacia adentro, la foto es preocupante en Perú: En el 2023, la minería ilegal concentró el 41% de las economías ilegales", explicó Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE, durante el seminario virtual “Minería ilegal: Una mirada internacional a la crisis”.

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Dicho porcentaje se encuentra por encima de otras actividades ilegales como el tráfico de personas (12%), tráfico ilícito de drogas (11%), la tala ilegal de madera (9%), las extorsiones (8,5%) y otros (17%). Para el 2025, la minería ilegal duplicaría el tamaño del resto de las economías por fuera de la ley, según datos del IPE.

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Minería ilegal y sus consecuencias económicas

A su turno, Julia Yansura, directora del programa de Delitos Ambientales y Finanzas Ilícitas de FACT Coalition de EE.UU, indicó que el oro ilegal proveniente de Perú se está exportando cada vez más mediante nuevas modalidades para eludir los controles, tales como el oro concentrado, en forma de polvo o reciclado, e incluso materiales electrónicos que han sido triturados.

Puso como ejemplo que, en el 2024, el Perú registró US$880 millones de despachos en oro concentrado, es decir, cinco veces más que en el 2023. De igual forma, Yunsura detalló una serie de vacíos regulatorios en países de destino como Estados Unidos, nación en la que no existe la obligación de declarar el ingreso de oro, lo que facilita su entrada al mercado formal.

"Tenemos mercados que están comprando oro ilegal todos los días, sin hacer las preguntas sobre su origen ni la debida diligencia. Problemas como la minería ilegal de oro en Perú no se resuelven tomando acciones nacionales, sino que requieren medidas de parte del mercado internacional", enfatizó.

Según dijo, la minería ilegal extranjera no es un delito subyacente de lavado de dinero en Estados Unidos, lo que limita la acción de fiscales y autoridades financieras. Esto ha facilitado la proliferación de empresas "fachada" que actúan como un medio para la legalización del oro ilícito. “La trazabilidad debe ser global. Si el oro ilegal puede entrar sin declararse, toda la cadena queda vulnerable”, anotó.

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Por su parte, Lucía Dammert, profesora titular del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile, sostuvo que la minería ilegal se ha consolidado como una industria paralela que tiene una serie de impactos multidimensionales como la violencia, la deforestación, trata de personas y una creciente capacidad de captura política.

Bajo su análisis, buena parte del oro ilegal se "legaliza" primero al interior del país, lo que dificulta los controles posteriores en los países de destino. Por esta razón, propuso fortalecer la inteligencia criminal y financiera para identificar a los beneficiarios finales, interrumpir los flujos económicos y perseguir las redes logísticas y de exportación.

Asimismo, explicó que una gran parte del oro ilegal se "legaliza" inicialmente dentro del país, lo que dificulta los controles posteriores en los países de destino. Por esta razón, propuso fortalecer la inteligencia criminal y financiera para identificar a los beneficiarios finales, interrumpir los flujos económicos y perseguir las redes logísticas y de exportación.

"La incapacidad de los organismos que están encargados de la fiscalización de todos estos procesos, ocurre en algunos casos por la corrupción y porque hay poco financiamiento (...) El dinero que se invierte es bajo, al igual que la cantidad de policías destinados a la lucha contra la minería ilegal", aseveró.

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IPE plantea cierre definitivo del Reinfo

De acuerdo con Víctor Fuentes, gerente general del IPE, la minería ilegal ha proliferado bajo el amparo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Indicó que, al menos, 13.000 registros se localizaban en áreas naturales, zonas arqueológicas, entre otros espacios restringidos, lo cual pone en evidencia el uso de este mecanismo para operaciones por fuera de la ley.

Pese a la magnitud de este problema que afecta al país, el presupuesto para el programa de formalización minera disminuiría en un 60% hacia el próximo año, mientras que las acciones de interdicción siguen concentradas en operativos aislados sin insuficiente inteligencia previa. Para el IPE, el cierre del Reinfo es una medida esencial, pero solo representa el primer paso.

"Se requiere una estrategia con diferentes tipo de componentes que ataque el problema de manera integral. La interdicción con inteligencia será clave. No solo se trata de destruir maquinaria, sino de combatir redes logísticas y financieras que sostienen a la minería ilegal, con nexos en actividades locales e internacionales. El segundo punto clave es la trazabilidad", afirmó.

Además de estas medidas, el IPE propone controles estrictos a comercializadoras y exportadoras, la cooperación transfronteriza financiera, el desarrollo de alternativas económicas en zonas dependientes de la minería ilegal, así como reforzar la presencia del Estado en territorios vulnerables.