Empleo juvenil: la sombra de la Ley Pulpín reaparece ante el pedido de facultades del Ejecutivo

El Gobierno de Keiko Fujimori busca que el Congreso le otorgue facultades legislativas para aprobar medidas en distintos ámbitos, entre ellos el empleo juvenil. Este domingo se realizará la segunda sesión del Consejo de Ministros, donde se prevé aprobar el proyecto de ley que el Ejecutivo presentará al Parlamento para solicitar esta autorización, la cual le permitiría emitir decretos legislativos sobre las materias delegadas durante 120 días.

Dentro del proyecto de delegación, el Ejecutivo plantea la posibilidad de dictar normas para "atender la problemática del empleo juvenil", incluyendo cambios en los mecanismos de contratación laboral y en el régimen de beneficios aplicable a los jóvenes trabajadores. Sin embargo, el documento no precisa qué aspectos serían modificados ni cuál sería el alcance de una eventual reforma.

La propuesta forma parte de un paquete más amplio que también comprende medidas en seguridad ciudadana, tributación y reforma del Estado. Sin embargo, el capítulo laboral ha concentrado la atención porque el documento no detalla qué beneficios podrían modificarse, lo que ha reavivado el debate sobre una eventual flexibilización del empleo juvenil.

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Pedido de facultades reaviva el debate sobre una nueva Ley Pulpín

Aunque el Ejecutivo ha señalado que no plantea recortar derechos laborales, la referencia a cambios en la contratación y los beneficios para jóvenes ha despertado preocupación entre especialistas. Para el economista y exviceministro de Trabajo Fernando Cuadros, la redacción del proyecto y su exposición de motivos recuerdan el esquema que buscó instaurar la Ley N.° 30288, conocida como Ley Pulpín, derogada en 2015 tras una ola de protestas.

"Me parece que están apuntando hacia esa línea, haciendo una revisión sistemática del proyecto de ley y de la exposición de motivos. Lo que se plantea recuerda un régimen laboral especial para jóvenes como el de la Ley Pulpín, que en la práctica recortaba derechos laborales e incluso eliminaba algunos beneficios", señaló a La República.

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A juicio del economista, la experiencia peruana muestra que las reformas orientadas a reducir derechos laborales o flexibilizar las relaciones de trabajo no han logrado incrementar de manera significativa la formalidad. Incluso recordó que los regímenes especiales para las micro y pequeñas empresas, que contemplan menores costos laborales, tampoco produjeron una formalización masiva.

"Estos esquemas (...) no han implicado, de acuerdo con la experiencia peruana, un incremento masivo de la formalidad", sostuvo.

Cuadros añadió que el mercado laboral peruano ya presenta un alto nivel de flexibilidad. Según explicó, aproximadamente el 72% de los trabajadores formales privados cuentan con contratos temporales, una situación que limita la estabilidad laboral y la capacidad de negociación de los trabajadores.

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La experiencia peruana no demuestra que flexibilizar el empleo aumente la formalidad

Enrique Fernández-Maldonado, sociólogo y presidente del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD), sostuvo que las reformas orientadas a flexibilizar el mercado laboral no han demostrado ser una vía efectiva para generar más empleo formal. Recordó que los cambios implementados durante la década de 1990 modificaron la estructura del mercado laboral peruano y redujeron la estabilidad de los trabajadores asalariados.

"Con la reforma laboral de los años noventa, tres de cada cuatro trabajadores asalariados formales tenían estabilidad laboral. Después de esa reforma, esa proporción se redujo a apenas uno de cada cuatro", afirmó en diálogo con este medio.

El sociólogo explicó que el predominio de contratos temporales también tiene efectos sobre la capacidad de organización y negociación de los trabajadores, debido a que la falta de estabilidad puede limitar su participación sindical.

En esa línea, cuestionó que una reducción de derechos laborales sea presentada como una herramienta para promover la formalización, al señalar que la experiencia peruana no muestra resultados positivos en esa dirección. Según explicó, la reducción de la informalidad registrada entre 2004 y 2014 estuvo vinculada principalmente al crecimiento económico y no a los cambios en la legislación laboral.

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Para Fernández-Maldonado, una reforma del empleo juvenil debería enfocarse en elevar la productividad y mejorar las condiciones para que las empresas generen puestos formales, antes que en reducir beneficios laborales. Entre las medidas que planteó están la capacitación, el acceso a tecnología, la simplificación de trámites para crear empresas y el impulso de actividades con mayor valor agregado.

"No es necesario reducir los derechos laborales, sino implementar otro tipo de medidas que permitan que la fuerza de trabajo sea más competitiva y productiva, manteniendo estándares de trabajo adecuado o trabajo decente", sostuvo.

Plantean incentivos para promover la contratación juvenil sin reducir derechos

Desde una perspectiva jurídica, el abogado laboralista Juan Valera, director fundador de Valcaya Legal, consideró que la propuesta busca reducir las barreras que enfrentan las empresas para contratar formalmente. Sin embargo, advirtió que la falta de precisión sobre los cambios que se aplicarían deja abierta la posibilidad de establecer menores beneficios para los jóvenes.

Según explicó, una reducción de costos asociada exclusivamente a la contratación juvenil podría generar un efecto no deseado: que algunas empresas prioricen trabajadores jóvenes por resultar menos costosos, desplazando a otros grupos con mayores beneficios laborales acumulados.

"Si es que me sale más barato contratar jóvenes, ya no contrato personas mayores de 30. Entonces, estoy empleando una cantidad, pero a costo de las personas que ya tienen más de 30", señaló.

Valera sostuvo que una reforma de este tipo no necesariamente resolvería el problema de fondo de la informalidad, debido a que esta responde también a factores como la baja productividad, las dificultades para formalizar negocios y la percepción negativa que algunos trabajadores tienen sobre los sistemas de salud y pensiones.

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En esa línea, consideró que reducir beneficios laborales no sería suficiente para incentivar la transición hacia la formalidad, ya que el desafío pasa por generar condiciones que hagan más atractivo para empresas y trabajadores incorporarse al sistema formal.

Frente a ese escenario, Cuadros consideró que una política de empleo juvenil debería enfocarse en incentivar la contratación formal sin afectar los derechos laborales. Entre las alternativas planteó que el Estado subsidie temporalmente parte de los aportes a EsSalud de las micro y pequeñas empresas que incorporen jóvenes con contratos estables.

"Se debería pensar en esquemas que fomenten la contratación formal de jóvenes, pero bajo contratos estables y con sus derechos completos", indicó.

El alcance de la reforma dependerá de la autorización que finalmente otorgue el Congreso y de los decretos legislativos que emita el Ejecutivo. Mientras tanto, el debate sigue abierto: si la salida para generar más empleo juvenil pasa por reducir costos laborales o por crear mejores condiciones para que más jóvenes accedan a puestos formales.