Centros juveniles al límite: seis de cada diez internos son mayores de edad y el 60% de sedes está sobrepoblado

El sistema de rehabilitación juvenil atraviesa una de sus etapas más críticas. Seis de los nueve centros juveniles del país operan con sobrepoblación y cerca del 60% de los internos ya superó los 18 años, una realidad que, según el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), compromete los procesos de reinserción social y expone a los adolescentes a la influencia de infractores con mayor trayectoria delictiva.

Actualmente, estos establecimientos albergan a cerca de 2.000 adolescentes y jóvenes. La cifra representa un incremento de 4,5% respecto al mismo periodo del año pasado, un aumento que las autoridades atribuyen al avance de la criminalidad organizada y a la captación de menores para actividades ilícitas.

El director ejecutivo del PRONACEJ, Luis Vega, sostuvo a La República que el sistema enfrenta una presión creciente por el ingreso de adolescentes vinculados a delitos cada vez más violentos. Según detalló, el robo agravado concentra alrededor del 45% de las infracciones por las que ingresan los internos. Le siguen los delitos contra la libertad sexual, la tenencia ilegal de armas, la extorsión, el sicariato y el homicidio calificado.

Hacinamiento y falta de personal

La sobrepoblación afecta a los centros juveniles de Lima, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cusco y Pucallpa, además de un anexo ubicado en la capital. En algunos casos, la cantidad de internos duplica la capacidad prevista para estas instalaciones.

Uno de los escenarios más complejos se encuentra en Trujillo, donde un establecimiento con capacidad para 100 internos alberga aproximadamente a 200 jóvenes. De acuerdo con el titular del programa, gran parte de esta población procede de organizaciones criminales que operan en el norte del país.

La saturación también impacta en el trabajo de los equipos técnicos encargados del tratamiento psicológico y social. Mientras el estándar recomendado establece un profesional por cada 50 internos, actualmente cada especialista atiende a cerca de 150 jóvenes.

La consecuencia, reconoce la propia institución, es que el sistema ha tenido que priorizar el control interno por encima del proceso de rehabilitación. "Estamos preocupados más por la seguridad que por el tratamiento y eso no es correcto", admitió Vega.

Adultos entre adolescentes

El problema más preocupante para las autoridades radica en la convivencia entre adolescentes y adultos dentro de espacios diseñados originalmente para menores de edad. Según cifras del PRONACEJ, alrededor del 60% de la población interna ya alcanzó la mayoría de edad. Incluso existen casos de personas que permanecen en estos establecimientos con 27 años cumplidos.

Esta situación responde a la legislación vigente, que permite que quienes cometieron una infracción cuando eran menores cumplan su medida socioeducativa en un centro juvenil, aun cuando sean capturados varios años después.

El sistema de centros juveniles atiende a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 años, aunque en la práctica una parte de la población permanece en los recintos al continuar cumpliendo medidas socioeducativas tras alcanzar la mayoría de edad.

Para la institución, esta realidad incrementa el riesgo de "contaminación criminógena", concepto que describe la transmisión de conductas delictivas entre internos de distinta edad y nivel de peligrosidad.

"No podemos tener adultos con los niños", advirtió Vega. "No podemos tener adultos hasta los 27 o 28 años en centros juveniles que no están preparados para albergarlos".

Reforma legal

Ante este escenario, el PRONACEJ prepara una propuesta para modificar el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. El objetivo es evitar la permanencia de adultos en estos establecimientos y reducir el impacto del hacinamiento.

La iniciativa plantea ajustes al sistema para permitir el traslado de internos de mayor riesgo a penales de adultos, bajo criterios técnicos.

"La modificación del código penal es urgente, porque no debe haber convivencia cercana entre adultos y adolescentes en los centros juveniles", sostuvo Vega.

El funcionario explicó que la propuesta también busca atender casos de internos con alto nivel de peligrosidad.

"Los que tengan la mayoría de edad, no tengan una evolución y su nivel de riesgo sea alto, sean trasladados a un establecimiento penitenciario para poder salvar a los más jóvenes que sí quieren cambiar", agregó.

Deshacinamiento y reinserción

Como medida inmediata, el PRONACEJ inició coordinaciones con jueces y cortes superiores de distintas regiones para revisar expedientes de jóvenes que podrían acceder a una variación de su medida socioeducativa.

La entidad ya presentó más de 80 casos y prevé alcanzar cerca de 170 expedientes antes de mediados de junio. Los candidatos deben demostrar avances en su conducta, adaptación al tratamiento, arraigo familiar y posibilidades reales de continuar sus estudios o incorporarse al mercado laboral.

De acuerdo con las evaluaciones efectuadas por el programa en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la reiterancia alcanza el 11,6% durante los últimos cinco años, lo que significa que la mayoría de adolescentes no vuelve a involucrarse en hechos delictivos que los conduzcan a un establecimiento penitenciario para adultos.

El programa también impulsa alianzas con empresas y centros de estudios para ampliar oportunidades educativas y laborales. Actualmente, algunos adolescentes acceden a becas universitarias, cursos de inglés y puestos de trabajo autorizados judicialmente, una estrategia que busca reducir el riesgo de reincorporación a circuitos delictivos y fortalecer su proyecto de vida.