Millonaria sanción por llamadas spam: Indecopi multó a Scotiabank por esta práctica y tendrá que pagar multa de más de S/1.000.000

En Lima, el 17 de abril, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) impuso en primera instancia una multa superior a S/1,1 millones a Scotiabank tras verificar la realización de llamadas comerciales sin el consentimiento previo de los usuarios. La medida responde a la vulneración del Código de Protección y Defensa del Consumidor, luego de una investigación iniciada por denuncias y acciones de fiscalización.

La sanción asciende a 202,96 UIT, equivalente a S/1.116.280, y fue determinada por la Comisión de Protección al Consumidor N.º 3. El caso se encuentra aún en etapa apelable y podría ser revisado por una segunda instancia administrativa en caso de que la empresa decida impugnar la resolución.

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Investigación detectó llamadas sin autorización previa

El procedimiento se originó tras una investigación de la Dirección de Fiscalización, que utilizó herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos para evaluar audios de llamadas comerciales. A partir de esta revisión, se identificaron comunicaciones en las que no se pudo demostrar que los consumidores hubieran otorgado su consentimiento para ser contactados.

Según lo señalado por la Secretaría Técnica, la ausencia de esta autorización constituye una infracción a la normativa vigente, que exige el permiso expreso de los usuarios antes de cualquier contacto con fines comerciales. La resolución emitida es pública y forma parte del proceso administrativo sancionador.

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Otros procesos en curso por llamadas comerciales sin consentimiento

Además de este caso, Indecopi informó que continúan en trámite otros procedimientos sancionadores contra diversas empresas del sistema financiero, seguros y telecomunicaciones por presuntas prácticas similares relacionadas con llamadas no autorizadas.

Entre las compañías investigadas se encuentran entidades bancarias, aseguradoras y operadoras, así como una empresa que enfrenta un proceso adicional por no entregar información requerida sobre este tipo de comunicaciones. Estas acciones forman parte de las labores de supervisión para garantizar el respeto a los derechos de los consumidores frente a prácticas comerciales no consentidas.

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