Perú retrocede en la lucha contra la trata de personas: inversión del Estado para combatirla no llega ni al 0,01%

Milagros tiene 12 años y suele jugar Roblox desde su celular después del colegio. Su hermana mayor, que vive con ella en Lima, revisa cada cierto tiempo con quién conversa dentro del juego. No lo hace por desconfianza. Lo hace por precaución. En los últimos meses ha visto reportajes sobre adolescentes que fueron contactadas por desconocidos en videojuegos o redes sociales. Primero aparece un mensaje amistoso. Luego ofrecen regalos dentro del juego o proponen seguir conversando en otra plataforma.

Para especialistas, estas interacciones pueden convertirse en el primer paso de un proceso de captación y posterior tráfico. El X Informe Alternativo sobre Trata de Personas, elaborado por CHS Alternativo, advierte que las redes criminales han empezado a aprovechar con mayor frecuencia los espacios digitales para acercarse a menores de edad.

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El rostro del delito en el país

Las cifras muestran que el delito sigue teniendo un claro componente de género. Según el informe, el 84 % de las víctimas registradas son mujeres y más de la mitad son menores de edad. El grupo más vulnerable se concentra entre los 13 y 17 años.

Flor Huayana, coordinadora del Área de Fortalecimiento de Capacidades de Promsex, explica que suelen compartir condiciones de vulnerabilidad. “Muchas de ellas provienen de contextos de pobreza, zonas rurales o de entornos donde ya existían otras formas de violencia. Esa situación las vuelve más vulnerables frente a falsas promesas”, señaló.

Según el informe, el 87 % de los casos de captación ocurre mediante engaño. Las ofertas de trabajo siguen siendo el principal método: promesas de empleo como meseras, anfitrionas o ayudantes en negocios en otras ciudades, especialmente en zonas vinculadas a economías ilegales como la minería informal, la tala ilegal o el narcotráfico.

Desapariciones que alertan

Otro indicador que preocupa es el número de personas desaparecidas en el país. Entre 2023 y 2025 se registraron más de 55.000 denuncias por desaparición, de las cuales el 58 % corresponde a mujeres y más de la mitad a menores de edad.

Para especialistas, estas cifras muestran que muchas adolescentes siguen siendo captadas sin que el sistema de protección logre reaccionar cuando se necesita. “El tiempo es crucial cuando desaparece una menor. Muchas redes trasladan rápidamente a las víctimas a otras regiones para dificultar su ubicación”, explicó Huayana.

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Internet, el nuevo espacio de captación

Aunque el engaño laboral sigue siendo el mecanismo más frecuente, los videojuegos, redes sociales y plataformas de mensajería se han convertido en espacios donde los agresores pueden acercarse a menores sin levantar sospechas. Según el informe, alrededor de 100.000 menores en el país podrían estar expuestos a riesgos de explotación sexual en internet.

Huayana explica que los delincuentes suelen iniciar con interacciones aparentemente inofensivas. “Primero construyen una relación de confianza. Pueden pasar semanas conversando con la víctima antes de empezar a pedir fotografías, información personal o proponer encuentros”, indica.

Los datos refuerzan la preocupación, ya que el acceso a internet ocurre cada vez a edades más tempranas: la mayoría de menores comienza a usar dispositivos conectados desde los 9 años, principalmente a través de teléfonos celulares. Además, el 49 % de los adolescentes reconoce haber conversado en línea con extraños, y el 18 % señala que llegó a encontrarse en persona con alguien que conoció por internet.

En este entorno, las redes sociales y los videojuegos concentran la mayor interacción. Entre las plataformas más utilizadas figuran TikTok (74 %) y YouTube (72 %), mientras que en videojuegos destacan Roblox (46 %) y Minecraft (33 %). Sin embargo, existe una brecha en la identificación de riesgos. El 71 % de los adolescentes no reconoce qué es el grooming ni el sexting, dos de las formas más frecuentes de acercamiento utilizadas por agresores en internet.

Milagros intercambia mensajes en el chat de la plataforma en la que juega a diario, sin saber quién está detrás de la pantalla realmente. Su hermana, que también la ayudó a crearse un perfil TikTok, teme que pueda haber expuesto más a la joven a los peligros cibernéticos. ''Pero todos sus amiguitos usan. Igual reviso su teléfono siempre'', revela. Hasta el momento, no ha hallado nada preocupante, solo un par de solicitudes de amistad de cuentas sospechosas. Las ha borrado todas.

Marco legal

Para el abogado informático Henrry Valdiviezo Vásquez, el Perú cuenta con herramientas legales para enfrentar estos casos. “El país sanciona la captación sexual de menores por medios tecnológicos a través de la Ley de Delitos Informáticos, con penas que pueden ir de tres a nueve años de prisión. Sin embargo, la norma castiga al agresor, pero no establece responsabilidades claras para las plataformas donde ocurren estos delitos”, explica.

Aunque reconoce avances en la persecución de la ciberdelincuencia, advierte que el principal desafío sigue siendo la prevención. “Tenemos herramientas, lo que nos falta es educarnos más en temas de tecnología para advertir conductas delictivas y prevenir sus consecuencias, especialmente en menores de edad”, sostiene.

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Sin dinero ni herramientas

El informe advierte que el principal obstáculo para enfrentar la trata de personas sigue siendo el financiamiento. En 2025, del Presupuesto General de la República de S/272.333 millones, apenas el 0,005% fue destinado a servicios vinculados a la lucha contra este delito. Esto equivale a una inversión aproximada de solo S/0,17 por ciudadano al año.

Además, la Política Nacional contra la Trata contempla 42 servicios públicos, pero varios no cuentan con metas presupuestales definidas, por lo que en la práctica no pueden recibir financiamiento para su implementación. A ello se suma que ninguna municipalidad del país asigna recursos específicos para combatir este delito.

Retos pendientes

El informe advierte que el retroceso en la lucha contra el tráfico es una combinación de factores externos e internos que han debilitado la capacidad de respuesta del Estado. Entre los primeros, se identifican el avance de la criminalidad organizada, la expansión de economías ilegales y los efectos de la crisis migratoria, que incrementan la vulnerabilidad de la población. En paralelo, la inestabilidad política y la alta rotación de autoridades han afectado la continuidad de las políticas públicas y la articulación entre instituciones clave.

Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y director ejecutivo de CHS Alternativo, advierte que uno de los principales efectos de este escenario es la caída de la eficacia del sistema de justicia y la clara impunidad. “En reportes previos teníamos cuatro o cinco condenas por cada cien denuncias. En este periodo hemos pasado a solo dos”, afirma.

Entre 2023 y 2025 se registraron 5.947 denuncias por trata de personas, pero solo 173 terminaron en sentencias condenatorias confirmadas en segunda instancia. El especialista señala que esta disminución está vinculada a investigaciones más débiles, producto de la falta de recursos. “Un juez no puede sentenciar si el Ministerio Público y la Policía no llegan con pruebas sólidas. Lo que estamos viendo es una desaceleración en las investigaciones por falta de presupuesto para hacer pesquisas más profundas”, explica.

Esta limitación se vuelve más evidente en regiones como Cusco o Madre de Dios, donde —según Valdés— las fiscalías operan con serias restricciones financieras. A ello se suma un problema estructural: la política pública contempla 42 servicios, pero la mayoría no cuenta con metas presupuestales claras, lo que la vuelve, en la práctica, difícil de ejecutar. “Seguir manteniendo una política desfinanciada es, en términos muy claros, poner al Estado en una posición de complicidad frente a los tratantes”, advierte.

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Justicia que no llega

La falta de recursos impacta directamente en la recuperación de las víctimas. Solo en 2025, el Ministerio Público reportó 2.692 personas rescatadas o atendidas en investigaciones por trata. Sin embargo, servicios clave como alojamiento temporal, atención integral o salud mental carecen de financiamiento suficiente, lo que limita su proceso de reintegración.

La psicóloga Aldana Regalado Mujica advierte que estas carencias agravan las secuelas de la violencia. “Estas incluyen ansiedad, miedo constante, culpa o desconfianza. Sin un acompañamiento especializado y sostenido, el trauma no se procesa adecuadamente”, señala. En ese sentido, enfatiza que la recuperación no solo depende del rescate, sino de un abordaje integral que garantice contención emocional, reconstrucción de la autonomía y acceso a servicios que hoy siguen siendo insuficientes.

Mientras tanto, Milagros sigue conectándose a las redes tras hacer sus tareas, en busca de diversión y amistad. Su inocencia, lejos de protegerla, la expone más. Como ella, miles de adolescentes navegan espacios digitales donde el riesgo no siempre es evidente, y las autoridades continúan indolentes ante el panorama.

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