Perú fue sancionado tres veces por la ONU por impedir el aborto terapéutico, incluso en casos de violación

Aunque el aborto terapéutico es legal en el Perú desde 1924, el Estado ha sido sancionado en tres ocasiones por comités de las Naciones Unidas por impedir su acceso, incluso en casos de niñas víctimas de violación sexual. Las condenas internacionales evidencian una brecha persistente entre la norma y su aplicación, con impactos graves en la salud, la vida y la dignidad de mujeres, niñas y adolescentes.

Dos de las tres sanciones impuestas al Perú corresponden a casos de violencia sexual contra menores de edad. En todos, los comités de la ONU concluyeron que el Estado vulneró derechos fundamentales al negar información, retrasar procedimientos o impedir directamente el aborto terapéutico, pese a que es la única manera permitida por la ley de detener un embarazo.

Para Liz Méndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, esta situación no solo afecta a las mujeres en general, sino que golpea con mayor dureza a niñas y adolescentes. “Lo que implica es una vulneración de nuestras propias normas”, señaló a La República. En nuestro país, cada 10 días muere una niña o adolescente por complicaciones en el embarazo, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud.

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Bloqueo de un derecho legal como el aborto terapéutico

Especialistas y organizaciones feministas coinciden en que el principal problema no es la ausencia de un marco normativo, sino su incumplimiento. En 2014, el Minsa aprobó un Protocolo Nacional para regular el procedimiento, definir causales y establecer los plazos de evaluación por juntas médicas. Sin embargo, su aplicación sigue siendo deficiente.

“Hay una limitación efectiva en su aplicación que genera obstáculos, procesos lentos y barreras para el acceso efectivo”, explica Méndez. Añade que, en la práctica, muchos establecimientos de salud desconocen el protocolo o se niegan a cumplirlo, exponiendo la salud y la vida de las gestantes.

Este incumplimiento tiene consecuencias especialmente graves en el caso de niñas víctimas de violación sexual. “En menores de 15 años, un embarazo constituye un riesgo mortal porque el cuerpo no está preparado para una gestación ni para un parto”, advierte la representante de Flora Tristán, citando evidencia científica ampliamente reconocida.

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Tres sanciones internacionales y un mismo patrón

El Perú ha sido sancionado por tres comités distintos de la ONU en diferentes momentos. En 2005, el Comité de Derechos Humanos condenó al Estado por negar el aborto terapéutico a una adolescente de 17 años cuya vida y salud estaban en riesgo. En 2011, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) falló a favor de una niña de 13 años víctima de violación sexual. En 2023, el Comité de los Derechos del Niño sancionó al Estado por el caso de “Camila”, una niña indígena embarazada tras sufrir abuso sexual.

“En tres oportunidades, comités distintos de las Naciones Unidas condenaron al Estado peruano y lo exhortaron a cambiar la normativa y promover el acceso efectivo al aborto terapéutico”, subraya Méndez. Además, recuerda que los comités pidieron explícitamente evitar la criminalización de niñas y adolescentes y garantizar la atención integral, psicológica y legal.

En dos de estos casos, los organismos internacionales señalaron que la penalización del aborto por violación sexual agravó el daño. Según Méndez, “si el aborto en casos de niñas violadas no hubiera estado criminalizado, el destino y la salud de estas niñas hubieran podido garantizarse”. Hasta agosto de este año, los Centros de Emergencia Mujer registraron más de 9.000 denuncias de abuso sexual en menores de 17 años.

Desinformación y falta de acceso a la salud agravan el problema

Katia Herrera, abogada y vocera de Demus, sostiene que estos casos reflejan una deuda histórica del Estado con las mujeres y personas gestantes. “El Estado tiene una deuda al no asegurar ni garantizar el derecho a acceder al aborto terapéutico cuando es necesario para salvar la vida o salvaguardar la salud física o mental”, afirma a este medio.

Esta deuda se agrava en contextos de violencia sexual. “En cualquier menor de 14 años con una gestación hay, evidentemente, un riesgo para la salud y la vida de la gestante, así como una afectación permanente de su salud mental”, señala Herrera. Las niñas menores de 15 años tienen hasta cinco veces más riesgo de morir durante el embarazo y el parto que una mujer adulta, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La desinformación es otro factor clave. Una encuesta nacional realizada por Demus en 2025 reveló que solo el 27 % de las mujeres peruanas ha escuchado hablar del aborto terapéutico. “Esto nos habla de una omisión del Estado respecto de su obligación de informarnos sobre nuestro derecho”, explica la abogada. Sin información, añade, las mujeres no pueden exigir un derecho que desconocen.

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Casos que se repiten en Perú y la agenda tras ello

La falta de información y la omisión estatal no son abstractas. Herrera recuerda el caso de Nelvia, una niña de 13 años que murió este año dando a luz en su casa tras quedar embarazada por violencia sexual. “No se le informó ni a ella ni a su familia de su derecho a acceder a un aborto terapéutico”, lamenta.

Para las organizaciones de derechos humanos, estos casos demuestran que el aborto terapéutico no es solo un tema legal, sino una cuestión de salud pública y derechos humanos. “El aborto terapéutico salva la vida de mujeres, personas trans y no binarias con capacidad de gestar”, enfatiza Herrera.

Este año, el Gobierno modificó la Guía Nacional de aborto terapéutico y eliminó el reconocimiento del daño a la salud mental en casos de violación infantil. La congresista Milagros Aguayo, de Renovación Popular, promovió el cambio con el apoyo de otras bancadas como Fuerza Popular.

Pese a las reiteradas sanciones y recomendaciones internacionales, el Perú sigue sin garantizar el acceso efectivo al aborto terapéutico. Las barreras administrativas, el temor del personal médico, las creencias morales y la falta de información continúan condicionando un derecho reconocido por la ley.

Mientras esta brecha persista, advierten las especialistas, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual seguirán enfrentando embarazos forzados, riesgos mortales y un Estado que, pese a estar obligado, no responde a tiempo.

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