Más de la mitad de hombres peruanos justifican una violación sexual en ciertos casos, según encuesta ENARES

En el país, la violencia contra las mujeres sigue mostrando un arraigo alarmante que revela una estructura social donde la desigualdad y la impunidad se mantienen intactas. Los últimos resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) confirman esta fractura: tres de cada cuatro personas justifican algún tipo de agresión contra las mujeres. Para las organizaciones feministas y de derechos humanos, esto no es un dato aislado, sino el síntoma de una falla sistemática en las políticas de prevención, educación y justicia.

En el marco del Día de los Derechos Humanos, tres especialistas recalcan un mismo mensaje: los derechos de las mujeres y de las niñas son derechos humanos. No es un eslogan, sino una exigencia concreta. “Vivir una vida libre de violencia es un derecho humano fundamental”, afirma Liz Méndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. “Y garantizar ese derecho construye una humanidad mejor”.

“Lo que estamos viendo es una normalización profunda de la violencia en todos los niveles”, advierte Shelly Cabrera, abogada de Manuela Ramos. “Hemos luchado durante décadas para conseguir políticas públicas importantes, pero nunca se han aplicado en toda su dimensión. Ni los operadores están capacitados, ni existe una verdadera respuesta integral. Y la impunidad genera un efecto de réplica: si nada pasa con los agresores, la violencia continúa”.

La situación se agrava con la reciente aprobación de una ley que elimina el enfoque de género y debilita la Educación Sexual Integral (ESI) en las políticas públicas y en el currículo escolar. Para las organizaciones feministas, este retroceso legislativo no solo desconoce la evidencia acumulada sobre la prevención de la violencia, sino que desarma a niñas, niños y adolescentes de las herramientas básicas para identificar riesgos, comprender el consentimiento y construir relaciones igualitarias.

Nieves Manrique, vocera de DEMUS explica así la problemática: “Desde hace años evidenciamos la ausencia de políticas públicas de prevención a nivel local y territorial. El Estado sigue enfocado en atender la violencia cuando ya ocurrió, pero casi no invierte en evitarla. Esa brecha explica los resultados de ENARES: la gente sigue justificando la agresión porque el Estado no está transformando esas ideas de fondo”. En un país donde la tolerancia a la agresión sigue siendo alta, advierten las expertas, desmantelar estos enfoques equivale a profundizar la impunidad cultural que sostiene los abusos.

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Violencia sexual es justificada por la mitad de los hombres peruanos

La gravedad del escenario también se refleja en el estudio realizado por Ipsos para DEMUS ''Encuesta sobre Prejuicios Sexuales en 5 Territorios del Perú'': entre el 12% y 20% de la población cree que cuando una mujer dice ‘no’, a veces significa ‘sí’. Para Manrique, estos datos no sorprenden; confirman que los prejuicios que sostienen la violencia siguen incrustados en la vida cotidiana: “Son estereotipos que aprendemos en la escuela, en la familia, en el barrio. Y por eso la educación sexual integral es clave: rompe la idea del control sobre el cuerpo de las mujeres y fortalece la autonomía”.

Pero esa herramienta ha sido una de las más atacadas por el Congreso y diversos grupos antiderechos. Cabrera subraya que estos retrocesos legislativos han tenido un impacto directo en niñas y adolescentes, en especial en casos de violencia sexual. “Solo este año, 901 niñas menores de 14 años han dado a luz. Todos esos partos son producto de violación. Y mientras esto ocurre, hemos tenido autoridades que han dicho que la violencia sexual es ‘parte de la cultura’. ¿Cómo va a cambiar la situación si desde el poder se reproducen los mismos prejuicios que dañan a nuestras niñas?”.

Para Liz Méndez, el problema es estructural: “Esto revela el fracaso de la estrategia de prevención del Estado. No se están generando cambios en los imaginarios sociales. La violencia es un fenómeno extendido que requiere transformar narrativas, trabajar con escuelas, con comunidades, con diversos actores. Pero la prevención no está siendo implementada adecuadamente y los resultados lo demuestran”.

Méndez remarca que prevenir no es solo educar, sino también luchar contra la impunidad. Cuando los agresores no reciben sanción, o incluso acceden a cargos públicos pese a las denuncias, se envía un mensaje devastador: “Les está diciendo que no pasa nada. Y eso alimenta la tolerancia social hacia la violencia y, en particular, hacia la violencia sexual”.

La tolerancia es todavía más inquietante entre hombres. ENARES revela que más de la mitad de ellos cree que una violación puede justificarse en ciertas circunstancias. Méndez señala que esto evidencia que persisten imaginarios machistas muy arraigados: “No se ha roto con los estereotipos de género. No se ha dejado atrás la idea de que la responsabilidad recae en las mujeres. Se sigue pensando que ellas deben cuidarse para no ser agredidas y no se mira la responsabilidad del agresor”.

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¿Dónde quedan los derechos de la mujer?

A esto se suman percepciones que impactan directamente los derechos sexuales y reproductivos. En distritos como Comas, según datos recogidos por colectivos locales como Feministas Lima Norte, Yana Ñawi, Adeprosan y Vuelo de Mariposas, el 58% responsabiliza únicamente a la mujer por un embarazo no deseado. Para Nieves Manrique, esta idea refleja dinámicas históricas de control sobre el cuerpo femenino. “Invisibiliza la responsabilidad de los hombres, limita la autonomía y refuerza la culpa incluso en situaciones de violencia sexual o falta de acceso a métodos anticonceptivos”.

Para Cabrera, el Estado ha insistido en una idea equivocada: que combatir la violencia es solo endurecer penas. “Sí, es importante que los agresores sean sancionados. Pero si el Estado solo mira ese eje, nunca vamos a eliminar la violencia. La prevención y la educación sexual integral son centrales. Sin eso, seguiremos estancados en cifras que se repiten año tras año”.

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Las niñas peruanas son las más afectadas

Otro elemento crítico es que la violencia afecta con mayor fuerza a quienes menos posibilidades tienen de defenderse. “Las niñas ven truncado su proyecto de vida, su salud emocional y física queda marcada permanentemente”, recuerda Cabrera. “Y muchas veces sus agresores están en su círculo más cercano. Necesitan herramientas para reconocer señales, para pedir ayuda. Pero mientras el Congreso siga promoviendo proyectos que buscan eliminar la ESI o criminalizar a las víctimas, las condiciones no van a cambiar”.

A nivel social, Méndez sostiene que la lucha exige un rechazo colectivo y firme: “No es solo que las mujeres rechacemos la violencia. Los hombres también deben rechazarla. El machismo daña a todos: convierte a los hombres en potenciales agresores y a las mujeres en culpables. Hay que romper ese círculo”.

Las tres voceras coinciden en que, si bien los datos son alarmantes, los territorios también muestran resistencia. Colectivos de jóvenes feministas, redes comunitarias y organizaciones barriales vienen impulsando acciones culturales, campañas y espacios educativos alternativos que buscan disputar narrativas, visibilizar violencias cotidianas y acompañar a víctimas. Pero, como subraya Manrique, estas iniciativas no pueden reemplazar al Estado: “Se necesita presupuesto, servicios fortalecidos, estrategias articuladas. La sociedad civil hace lo que puede; el Estado tiene la obligación”.

¿Dónde denunciar actos de violencia contra la mujer?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este

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