Familiares de extranjeros detenidos en megaoperativo migratorio de Rímac temen por su situación: ''No sé nada desde ayer''

Momentos de angustia e incertidumbre viven decenas de familias tras el reciente megaoperativo de control migratorio realizado en Lima Metropolitana y el Callao, que dejó a cientos de ciudadanos extranjeros intervenidos. Los familiares denuncian que hasta el momento no reciben información clara sobre la situación legal de sus seres queridos ni sobre una eventual liberación o expulsión del Perú.

Desde las primeras horas de este domingo, los parientes de los intervenidos se reunieron en los exteriores del complejo policial Juan Benites Luna, en el Rímac, donde permanecen varios de los detenidos. Entre reclamos y pedidos de explicación, señalaron que ninguna autoridad les confirmó el paradero ni el estado del proceso administrativo de los extranjeros, además de impedirles el ingreso de alimentos y víveres.

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Familias denuncian exceso de fuerza y medidas arbitrarias

“Mi hijo estaba dentro de mi tienda cuando lo sacaron por la fuerza. Él vive en Colombia y vino solo por Navidad para visitarme porque estoy enferma”, relató una madre visiblemente afectada, quien aseguró no tener noticias de su hijo desde el operativo.

Otro familiar relató cómo se enteró de la detención de su hermano, de quien no había sabido nada desde el operativo mientras este se encontraba trabajando: “A mí me llama, me dice: ‘Mano, a su hermano se lo llevaron’. Yo digo: ‘¿Pero cómo así? Si él estaba trabajando y no ha comido nada’. No sé nada de él desde ayer”.

Algunos denunciaron un uso excesivo de la fuerza durante las intervenciones. Una mujer afirmó que su esposo fue golpeado por efectivos policiales durante la detención. “Le dieron un palazo en las costillas. Yo pregunto por él y no dicen nada. Él no estaba en una discoteca tomando. Él es un trabajador mecánico aquí en Abancay”.

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Operativo dejó a 1.500 extranjeros detenidos

El megaoperativo fue encabezado por el presidente de la República, José Jerí, junto al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, en el marco del estado de emergencia. La acción contó con la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Superintendencia Nacional de Migraciones, que desplegó fiscalizadores con equipos electrónicos para verificar la situación migratoria en tiempo real.

De acuerdo con cifras oficiales, cerca de 1.500 ciudadanos extranjeros fueron intervenidos durante los operativos simultáneos. Tras las verificaciones, Migraciones determinó que al menos 99 personas habrían ingresado de manera irregular al país y fueron derivadas a la PNP para iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), que contempla la expulsión.

El ministro del Interior informó que, hasta el momento, alrededor de 700 personas ya pasaron por el control migratorio, detectándose casos de permanencia irregular y documentos próximos a vencer. Además, hay 4 personas con requisitorias. “No hay espacio para el ciudadano extranjero que esté en situación irregular en nuestro país”, afirmó, al precisar que los operativos continuarán de forma permanente.

Familias piden garantías y debido proceso

Pese a que un efectivo policial indicó que los casos se evalúan de manera individual, los familiares continúan sin acceso a información detallada ni contacto con los detenidos. Algunas personas pedían: “¿Pueden pasar los alimentos, por favor?”. La falta de comunicación oficial y el temor a una deportación inminente generaron confusión y malestar.

El Gobierno ratificó que se aplicarán sanciones administrativas a quienes incumplan la normativa migratoria o representen un riesgo para el orden interno. Sin embargo, los familiares exigen transparencia, información oportuna y garantías para el respeto del debido proceso.

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