Juntas vecinales, rondas campesinas y guardias indígenas: la respuesta ciudadana contra la criminalidad ante la inacción del Gobierno

Desinterés, inacción y vulnerabilidad, es lo que enfrenta la ciudadanía en general de la costa, sierra y selva frente a la inseguridad ciudadana de sus regiones. Desde un robo al paso hasta asesinatos por defender los territorios donde nacieron, han movilizado a grupos sociales que, organizados por iniciativa propia, luchan por forjar un futuro diferente, no solo para ellos sino también para sus próximas generaciones. La relación entre la ciudadanía y el Gobierno es diferente en cada departamento del Perú, mientras unos tienen la posibilidad de presentar reclamos, otros son inexistentes a los ojos de las autoridades.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el porcentaje de la población de 15 a más años que ha sido víctima de algún hecho delictivo es de un 27,1% en la costa, 29,6% en la sierra y 21,8% en la selva. Cabe precisar que desde el 2024, al porcentaje de la población que ha sido víctima de un hecho delictivo se le incluyó las tentativas de extorsión, a fin de ofrecer una visión más completa sobre la realidad que vive el país. Las cifras son respaldadas por los representantes de cada grupo civil en las regiones del Perú, ya que los testimonios recogidos por La República dan cuenta de su lucha incansable por frenar la criminalidad.

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Juntas vecinales, una acción sin reconocimiento

Jorge Acosta, representante de la junta vecinal de Comas, contó para nuestro medio que en el distrito han formado un voluntariado de vecinos a fin de tener una urbanización más segura. "Es una iniciativa en respuesta a la creciente delincuencia para combatirla de manera preventiva", sostuvo. Recalcó que, pese a no tener una forma efectiva para enfrentar actos delictivos extremos como el sicariato, la agrupación busca prevenirlos de manera organizada en su distrito, el cual ha sido golpeado también por las extorsiones.

Acosta indicó que la labor de los vecinos se basa en realizar rondas mixtas en compañía de la Policía Nacional a fin de prevenir hechos delictivos. Cabe precisar que, según el Observatorio del Ministerio del Interior, en lo que va del 2025 se han registrado 267,551 denuncias por crímenes en general en Lima Metropolitana, de los cuales 121,911 corresponden al delito contra el patrimonio (robo, extorsión, usurpación, hurto, entre otros). En relación con el distrito de Comas, son 5,395 reportes por este tipo de delito.

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Un voluntariado sin financiamiento

El representante vecinal contó que ellos mismos financian sus movilizaciones preventivas y cualquier acción que se tome en su urbanización, pues consideran que desde el Gobierno local solo reciben "migajas", ya que no hay un subsidio por el tiempo ni iniciativa. "No percibimos ningún ingreso, somos un voluntariado, nadie nos financia", indicó al revelar que el apoyo de las autoridades es parcializado. Por ello, desde el colectivo, exigieron que la municipalidad rinda cuentas sobre los gastos que se realizan en el ámbito de seguridad, ya que, según denuncian, los actos delictivos continúan.

"La realidad es otra (...) nosotros como voluntariado queremos que se aprueben las propuestas en beneficio de nuestros integrantes", precisó Acosta. En ese sentido, han solicitado un bono de gratitud para los miembros de la organización vecinal, los cuales muchas veces se exponen durante sus planes preventivos. Asimismo, que sean reconocidos como un voluntariado organizado. En esa misma línea, se mostraron en desacuerdo con que alrededor del 80% del presupuesto para la seguridad ciudadana sea destinada a la Policía Nacional de su jurisdicción. "Sería bueno que sea en beneficio para los miembros de las juntas, la mayoría son personas de 50 años en adelante. Tenemos mucha camiseta por algo que no es reconocido. Por ello, se solicita que tengan beneficios", acotó.

Pese a coordinar acciones con la Policía Nacional del Perú y el Gobierno local, el colectivo se siente vulnerable frente a los peligros de la sociedad y, más aún, por no tener un respaldo adecuado por parte de las autoridades, ya sea en implementos de seguridad o financiamiento. "El dinero de las charlas y prevenciones sale de nuestro bolsillo. Son nuestros reclamos frente a la vulnerabilidad", precisó Acosta.

Rondas campesinas, casi 50 años organizados y sin respaldo

Un panorama similar se vive en la sierra de La Libertad, en donde Roger Sandoval Gaitan, actual presidente de la Central Única Regional de las rondas campesinas de la región, cuenta que el colectivo se organiza por iniciativa propia desde 1976 y sin hacerle gastar ni un sol al Estado. A lo largo de casi 50 años de historia han continuado con su labor ciudadana, en donde resuelven conflictos, erradican delitos comunes y mantienen la paz en su jurisdicción. "Enfrentamos a los criminales, independientemente de quién se trate. No nos dejamos avasallar por delincuentes que trasgreden la norma (...) esto no se puede convertir en tierra de nadie", sostuvo.

Según datos del observatorio, en esta región al norte del país se registró un total de 18,286 denuncias por hechos delictivos en lo que va del 2025, de las cuales 7,402 son por hurto, 3,025 por robo y 3,789 por extorsión. Conviene mencionar que Trujillo es la provincia donde hay mayor índice de actividad criminal, ya que el número de denuncias asciende a 13,136. Estas cifras son respaldadas por Sandoval, quien sostuvo que las rondas campesinas son consideradas como la última reserva moral dentro de una sociedad golpeada por la criminalidad. "Hacemos todo lo que está a nuestro alcance, especialmente en las zonas altoandinas de la región", precisó.

Además, el representante considera que si ellos mismo no se organizan, nadie más lo hará. Por ello, son una institución autónoma y autofinanciada que no cuenta con un respaldo total por parte del Gobierno local. Entre las principales amenazas que enfrentan en la región figuran el robo, sicariato, extorsión y la corrupción en entidades públicas.

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Vulnerabilidad e inacción del Gobierno

Sandoval recuerda que a lo largo de su lucha contra la delincuencia han sufrido bajas en sus miembros, ya que no tienen una protección policial que los acompañe en sus recorridos. "No vamos a cansarnos, si no nos cuidamos nosotros, el Estado tampoco lo hará. Poco o nada se ha hecho en la zona rural. No hay presencial policial ni de instituciones", sostuvo. Pese a que el colectivo es reducido en número, tiene planificado extenderse en toda la región de la Libertad, ya que en zonas como Trujillo no existen rondas campesinas.

Al igual que los colectivos en Lima, las rondas campesinas tampoco reciben una remuneración o respaldo en su labor por parte del Estado. "En nuestra historia hemos trabajado de manera ad honorem y lo vamos a seguir haciendo hasta conseguir la paz en nuestra zona rural", sostuvo. Pese a no pedir apoyo económico del Estado, el colectivo sí solicitó implementos de seguridad a fin de resguardarse cuando cumplan su labor enfrentando la delincuencia.

En tanto, Flavio Flores Chuquipoma, presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC), sostiene que la iniciativa parte desde la inacción del Gobierno para frenar la criminalidad en las regiones del Perú. Asimismo, precisó que, debido a que ellos mismos se financian, cada rondero aporta el valor de S/1 cada tres meses en su colectivo, pues el apoyo estatal es inexistente.

"La economía no la recibimos en las bases, el apoyo es minoritario. Incluso, las autoridades se muestran como enemigas de las rondas campesinas", lamentó. Por ello, Flores enfatizó que el colectivo rondero está resignado y que no espera nada del Gobierno. En ese sentido, solicitaron que se respete su autonomía. "Se ha perdido la confianza y credibilidad. Ellos mismos se han encargado del rechazo de la población. Las rondas no van a ser subordinadas", sostuvo.

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La lucha de las guardías indígenas por proteger su territorio

La situación se agrava en Kakataibo, un pueblo indígena en la Amazonía peruana, ubicado en la región Ucayali. Aquí las guardias enfrentan no solo el narcotráfico, deforestación y la depredación del territorio natural en donde crecieron, sino también la desidia del Gobierno actual ante los asesinatos de sus líderes, a quienes llaman 'Apus'. "Si mañana alguien me matara, ¿A dónde acudo o quién hará justicia por mí? Quedará impune porque no tengo protección", denunció Olga Huaytallama, lideresa de la Guardia Indígena de Kakataibo.

A diferencia de otras regiones, colectivos amazónicos denuncian que los asesinatos son frecuentes en su región, siendo un total de 2,853 actos delictivos los reportados en lo que va del año, según cifras de Observatorio. La iniciativa de defender su jurisdicción a través de las guardias indígenas surge por ausencia y falta de intervención del Estado. "Nos están matando, tenemos 6 apus fallecidos y sin justicia desde el 2021". Por ello, la población resalta que su labor significa proteger no solo su vida, sino también su territorio y a la comunidad frente a amenazas como economías ilegales, violencia contra defensores y presiones sobre los bosques.

"Si tengo que morir por mi territorio, lo haré"

En medio de esta labor, las guardias indígenas planifican estrategias contra el narcotráfico, pesca y tala ilegal. Regiones como Ucayali, Loreto, Madre de Dios y 8 pueblos indígenas de tres países de Amazonía como Ecuador y Colombia. Al respecto, la lideresa de Kakataibo sostiene que no tienen ningún respaldo de las autoridades en su lucha contra grupos delincuenciales. "Somos 163 guardias en Ucayali (...) estoy cuidándome constantemente. Si tengo que morir por mi territorio, lo haré. Yo ya vi cómo es la vida, pero mis hijos no", acotó.

Por otro lado, denunció que se sienten discriminados cuando buscan atenderse en hospitales regionales. "Llegamos de la chacra, nos vamos a un hospital y si no sabes hablar, no te atienden. Es mi derecho y mi cultura, pero el Estado nos discrimina ni nos escucha", lamentó. Lizandro Cauper, presidente del Consejo Shipibo Konibo Xetebo-Coshikox, respaldó las exigencias de la comunidad asegurando que tampoco tienen un reconocimiento en su labor de vigilancia y control territorial, lo cual denominan autodefensa.

"Necesitamos fortalecer un sistema de defensa entre los pueblos indígenas para el control territorial frente a amanezas como tala, pesca y minería ilegal, deforestación y narcotráfico", sostuvo Cauper. La única finailidad de las comunidades es vivir en paz, libres de violencia y expulsar a los grupos delictivos de su región. Recientemente, se llevó a cabo e IV Congreso Anual de la Organización Regional de Guardia Indígena, en donde se presentó el Manual de Guardias Indígenas Amazónicas, una herramienta construida por las propias organizaciones para fortalecer su autoprotección ante la inexistencia de un plan de acción por parte del Gobierno.

"El narcotráfico es más riesgoso porque siembran en territorio de nuestras comunidades. Se ha solicitado la intervención de la DINANDRO. Tanto las guardias como la comunidad hace su trabajo", contó Lizandro en referencia a los operativos que realizan en la zona para erradicar la presencia de narcotraficantes. Sin embargo, los riesgos a los que se exponen son evidentes porque, tras su labor, los miembros reciben amenazas de muerte y constante hostigamiento. De acuerdo a sus protocolos, estas incidencias son reportadas a la Policía Nacional y al Ministerio Público con la finalidad de recibir un apoyo que, en ocasiones, nunca llega.

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