Violencia contra los menores: 15 niños y 52 adolescentes han sido asesinados
Cifras oficiales del Sinadef corresponden del 1 de enero al 26 de agosto del 2025. Más que cadena perpetua, se necesita acabar la impunidad y prevenir.
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La noche del martes 19 de agosto un ataque armado ejecutado por presuntos sicarios en el distrito de Sayán, provincia de Huaura, región Lima, acabó con la vida de un hombre de 26 años y un niño de 8 años. Ocurrió frente a un complejo policial.
Jhonatan Huerta Castillo y Sara Cueva se encontraban en un puesto de comida rápida. El menor, vecino del barrio, esperaba su cena. De pronto, tres sujetos descendieron de un vehículo y, sin mediar palabra, abrieron fuego.
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Huerta recibió 14 disparos. Dos proyectiles alcanzaron también al niño mientras que la mujer resultó herida.
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Aprobar una ley de cadena perpetua no es garantía de justicia ni de prevención. Algunos expertos en seguridad afirman que esto puede disuadir a los delincuentes, pero las penas actuales son muy altas y aun así los delitos suceden con frecuencia.
El ingeniero y analista de datos, Juan Carbajal, asegura que, en el Perú, entre el 01 de enero y el 26 de agosto se ha registrado la mayor cantidad de menores de edad asesinados comparado con cualquier año anterior durante el mismo período. Niños: 15, adolescentes: 52.
En el mismo periodo del 2017 fueron victimados 25 menores, en el 2018 acabaron con la vida de 29 menores. En el 2019 la cifra subió a 39 mientras que, en el 2020, en plena pandemia del Covid se incrementó a 47 menores asesinados.
La cifra fue ascendente. En el 2021 se registraron 51 homicidios de menores y en el 2022 se reportaron 52 asesinatos. Un año después, en el 2023, hubo un descenso, pues la cifra bajó a 36 crímenes de menores, pero en el 2024 volvió a subir a 47 mientras que en este 2025 se incrementó a 67 menores asesinados, solo de enero a agosto.
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, en Perú, los derechos de los niños, niñas y adolescentes son de interés superior para la sociedad, y prevalecen por encima de los derechos de los demás grupos etarios, como guía para el diseño e implementación de políticas públicas, con el objetivo de mejorar su bienestar.
Sin embargo, en el país este grupo poblacional sufre de manera sistemática diferentes tipos de violencia, desde abuso físico o mental (incluida la violencia sexual), descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, hasta el homicidio.
Es por esta razón que La República y otros medios de comunicación nacionales han realizado importantes reportajes sobre los homicidios de niños, niñas y adolescentes que han ocurrido a lo largo y ancho del país y que han cuestionado a la sociedad sobre la debilidad institucional para garantizar su derecho a la vida.
La violencia contra los niños, niñas y adolescentes es un problema de salud pública que genera altos costos sociales y que en muchas oportunidades no tiene el alcance público que debería.
El caso de Perú es particular porque, además de la violencia intrafamiliar y la urbana que pueden sufrir la mayoría de los países, la sociedad ha estado sumergida en conflictos políticos alimentados por el tráfico de drogas que generan dinámicas de violencia que afectan a los niños, niñas y adolescentes de diferentes maneras.
