Trujillo en estado de emergencia: una medida sin rumbo que no frena la violencia

"Da miedo vivir en Trujillo, es lamentable que estas autoridades aún no pongan mano dura a esta situación", nos comenta Miguel, odontólogo, quien también ha llegado a pensar en llevarse a su familia a otro país por los altos índices de inseguridad que percibe. La inseguridad tocó su puerta hace una semana, luego que una explosión destruyó la vivienda de su vecino. Aún recuerda a Trujillo como la Ciudad de la Eterna Primavera, ahora este profesional lamenta en lo que se ha convertido.

La provincia de Trujillo se encuentra bajo estado de emergencia desde febrero de 2024. La medida, dictada por el Ejecutivo, suspende derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, con la promesa de reducir la criminalidad. Sin embargo, más de un año después, la violencia no ha disminuido según lo perciben algunos miembros de la sociedad civil. Expertos y autoridades critican la medida de estado de emergencia como ineficaz.

PUEDES VER: Comandante General de la PNP critica fallas en el sistema procesal penal tras liberación de detenidos en caso de explosión en Trujillo

La República se comunicó con la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus Estrada, quien calificó como poco efectiva esta herramienta utilizada por el Estado Peruano para disminuir los índices delictivos.

“La declaración de estados de emergencia, que suspenden derechos constitucionales, ha sido la principal herramienta que Boluarte ha usado para enfrentar la criminalidad en el Perú. La reiteración de este patrón bajo distintos gobiernos refleja una política que, además de poco efectiva, erosiona derechos fundamentales”, señaló.

La directora de (HRW), puso especial énfasis en la situación de La Libertad, región que permanece bajo estados de emergencia sucesivos. Según la evidencia recopilada por la organización, lejos de mejorar, los indicadores de violencia letal han empeorado. Los homicidios aumentaron un 24 % entre 2023 y 2024, y solo en los primeros meses de 2025 se registró un incremento del 50 % en comparación con el mismo período de 2023.

HRW recomendó al Estado Peruano “evitar su uso prolongado de esta medida y, en su lugar, avanzar en una política de seguridad y justicia, efectiva y protectora de derechos humanos, que se centre en aumentar las capacidades de investigación técnica judicial”, afirmó Goebertus Estrada.

Autoridades regionales critican deficiente trabajo contra inseguridad

La crítica también viene desde las propias provincias afectadas. El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, sostiene que el problema que no funcione esta medida es la ausencia de un plan.

“No está funcionando porque no hay un plan, no hay servicio de inteligencia, necesitamos contrainteligencia. La única forma que funcionaría es que se queden ahí de por vida los militares y eso no va a pasar”, afirmó.

Mariños exigió al Ejecutivo mayor seriedad cuando se trata de luchar contra la inseguridad. “Presenten a todos los peruanos un plan de acción, un diseño. Y que eso tenga una línea de tiempo, pero si solo van a aparecer ahí donde está la emergencia, la foto y ahí borrón y cuenta nueva, nosotros no queremos conferencias de prensa. Nosotros queremos resultados (…) Queremos salir de casa con la tranquilidad que vamos a regresar vivos”, señaló.

De igual manera, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, afirma que el estado de emergencia solo pone en aprietos a los empresarios. "Con estos regímenes de emergencia solo ponemos contra las cuerdas a los pequeños empresarios y a los emprendedores. Lo que se necesita es un régimen especial, como el que se instauró contra el terrorismo y que se tramiten de manera rápida y sumaria los procesos contra los criminales", recalcó.

"No se puede seguir haciendo más de lo mismo, considerando que los avances no han sido los que la población espera. Las extorsiones y dinamitazos continúan, hay que poner fin a esta situación de zozobra", añadió.

En esa misma línea, el consejero regional Robert de la Cruz fue incluso más directo. “El estado de emergencia en la provincia de Trujillo y en la región La Libertad no ha servido para nada. (…) No tienes estrategia, no hay liderazgo, no hay planificación, no hay nada. Entonces, solamente son estados de emergencia para la foto”, expresó.

Y añadió un ejemplo concreto de lo que llama ineficacia. “En pleno estado de emergencia: bomba en la Fiscalía, bomba en la avenida Perú, secuestro y muerte de 13 personas en Pataz. Definitivamente no ha servido”, aseguró.

El magisterio blanco de la extorsión

Los docentes también sienten que el estado de emergencia no los protege. Sergio Pinedo Esquivel, secretario del SUTEP en La Libertad, afirmó. “No ha funcionado porque desde esa época para adelante se ha incrementado peor la inseguridad. Ha habido ataques primero a instituciones educativas privadas y luego empezaron con las públicas (…) el ataque a vehículos que transportan docentes y directivos mismos”, explicó

Hechos concretos refuerzan su percepción. “El caso de una maestra baleada en Julcán mientras se trasladaba a su institución, un caso en Otuzco, otro caso en Julcán y en Virú hubo dos casos más y los ataques continúan”, lamentó.

Reveló que, en Virú, las extorsiones evolucionaron hacia formas encubiertas. “Si una gaseosa cuesta, por ejemplo, 7 soles, el delincuente le pone el sobreprecio de 14 soles y le dice que todos los colegas van a consumir gaseosa a partir de hoy día (…). Y los colegas, por amenaza de estos delincuentes, ahora todos los días tienen que consumir en esa tienda”, explicó.

Ante la presión y la búsqueda de salvaguardar su vida, muchos docentes eligen callar y pagar. “Yo no me hago problemas, pago mi cupo y vivo tranquilo. ¿Qué me hago? No me hago problema. Mejor pago”, le comentan los docentes al secretario de Sutep.

Transportistas: al volante con miedo

El sector transporte tampoco percibe cambios tras un año de esta medida. Un miembro del gremio de autos colectivos señaló que las extorsiones continúan, pero han decidido no hacerlas públicas.

“Con el estado de emergencia, no se ha visto un resultado positivo que haya ayudado a que el transportista tenga la seguridad de que ese tipo de acciones, como declarar un estado de emergencia, haya dado resultados”, manifestó.

La extorsión se mantiene como una sombra diaria. “El transportista sale a trabajar prácticamente con el corazón en la mano. (…) si te niegas a pagar, te hacen daño, te roban el vehículo o te asesinan. Y eso no ha variado en nada”, contó.

Opinión distinta tiene el alcalde de Virú, Santos Javier Mendoza Torres, quien afirmó que a diferencia del 2023 y 2024, el estado de emergencia este año si está funcionando porque se ve aumento de efectivos policiales y disminución de percepción de inseguridad.

Ciudadanía cansada

Sin embargo, en las calles de Trujillo, la indignación evidente se junta con la falta de esperanza de que esta realidad de inseguridad cambie. Así lo expresan algunos ciudadanos de Trujillo.

“Nosotros que nos ganamos la vida del día a día, tenemos que salir como un delincuente mirando a todos lados porque nos puede pasar algo”, nos comenta una ciudadana indignada la cual fue afectada por la explosión en la avenida Perú.

Otros han llegado a temer vivir en la ciudad, conocida en antaño como de la eterna primavera. “Da miedo vivir en Trujillo, es lamentable que las autoridades no pongan mano dura”, dice una madre de familia.

Una realidad que la misma Policía confirma

Incluso la propia Policía Nacional reconoce las dificultades que enfrenta La Libertad. El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria Angulo, puso como ejemplo a Trujillo como una de las ciudades más peligrosas.

"Trujillo es el segundo distrito judicial donde se implementó el Código Procesal Penal y ahora es la ciudad que tiene mayor actividad delictiva con una condición violenta, muy sostenida en la zona de Pataz por la criminalidad organizada y también aquí por el problema de las extorsiones, que es una lucha constante por nuestro personal de patrullaje e investigación que causa zozobra en la población", dijo la máxima autoridad de PNP en su visita a Trujillo para una entrega de drones y la primera piedra del laboratorio criminalístico.

La República entrevistó a la PNP con relación a cifras de actos delictivos en Trujillo y el equipamiento que tienen para las 79 comisarías y los 247 territorios que deben cubrir.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Guillermo Llerena Portal, defendió la continuidad del estado de emergencia en la región y aseguró que esta medida legal “es una herramienta muy importante” que ha permitido reforzar las acciones contra la delincuencia y que los índices delictivos han disminuido.

“Ya nosotros tenemos indicadores relacionados a delitos patrimoniales y delitos contra la vida, que en comparación al año pasado se ven reducciones significativas”, señaló el jefe policial.

Precisó que los robos denunciados bajaron, de 2004 reportados en el 2024 a 1328 este año, lo que representa una disminución del 44.9%. En el caso de la extorsión, los registros pasaron de 1982 a 1629, cifra que se vincula con la captura de alrededor de 500 personas entre adultos y menores, de los cuales más del 80% ya se encuentran recluidos en penales y centros juveniles, explicó Llerena.

Respecto a las críticas de algunas autoridades que cuestionan la falta de equipamiento, el general PNP destacó que el Gobierno Regional de La Libertad está entregando vehículos, unidades menores y equipos tecnológicos de última generación. “Esto nos permitirá desarrollar nuestras investigaciones sin necesidad de recurrir a Lima, evitando demoras que en materia criminal muchas veces hacen perder el tiempo la verdad”, explicó.

También se refirió a las operaciones en Pataz, donde el alcalde sostiene que no existe un plan estratégico. El oficial aseguró que en esta zona minera el orden interno está a cargo de las Fuerzas Armadas y que sí se están logrando resultados. “Hay decomiso de material explosivo, armas de fuego y detenciones. La estrategia funciona, aunque no siempre es visible porque las actividades mineras continúan y aún se está ajustando el marco regulatorio”, puntualizó.

Sobre la brecha en el número de efectivos y vehículos, señaló que la región cuenta con 4800 policías, aunque la meta es llegar a 7000. Informó que los 250 egresados de la escuela de Trujillo permanecerán en la región, y que se sumarán unos 500 choferes asimilados, lo que reforzará la presencia policial en distritos donde antes era limitada.

Aumentan vehículos para patrullaje

El jefe de la Región Policial La Libertad destacó que se ha incrementado el parque automotor destinado a la seguridad ciudadana. “A comparación del año pasado, hemos superado ya la cantidad de vehículos y estamos cubriendo la brecha. Todavía la brecha no se ha terminado, pero tenemos un número importante, sobre todo en patrullaje”. Precisó que actualmente cuentan con “140 camionetas y 105 motocicletas dedicadas única y exclusivamente al patrullaje”, afirmó.

Además, adelantó que se sumarán más unidades en los próximos meses. “Dentro del paquete de compras que va a realizar el Gobierno Regional, está también la reposición de 60 camionetas que se encuentran en estado inoperativo recuperable”, dijo. “A esto se suman 10 camionetas nuevas en almacenes del Gobierno Regional y otras 30 más para el sistema de inteligencia, para investigación criminal, y vienen 80 motocicletas más también para el sistema de inteligencia y de investigación criminal”, añadió.

En el ámbito local, en el mes de mayo del año 2025, una visita de control de la Contraloría de La República a las instalaciones de la Central de Monitoreo de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo reveló que, de 65 cámaras de video vigilancia en Trujillo, 20 estaban inoperativas y las demás carecían de mantenimiento. No existía, además, un plan de serenazgo 2025 ni equipamiento adecuado para los agentes municipales.

Más de un año después de la implementación del estado de emergencia en La Libertad, para los expertos, autoridades, docentes, transportistas, empresarios y sociedad civil, su percepción es que se ha convertido en un anuncio sin eficacia. Sin embargo, la PNP muestra cifras de una disminución en los indicadores de la incidencia delictiva.