Fujimorismo propone otorgar bono de S/2,550 a rehenes que "ayudaron" al comando Chavín de Huantar
El proyecto de ley presentado por Fuerza Popular busca modificar la normativa vigente para que civiles que colaboraron con inteligencia durante el rescate en la embajada de Japón accedan a la asignación mensual que actualmente reciben los comandos del operativo Chavín de Huantar.
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- El proyecto busca otorgar un bono mensual de S/2,550 a rehenes que ayudaron en el rescate de 1997.
- Impulsado por el congresista Arturo Alegría, modifica la Ley N.º 32202 para incluir a civiles.
- La identificación de beneficiarios será a cargo del Ministerio de Defensa, manteniendo las condiciones para los comandos.
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El Fujimorismo presentó una iniciativa legislativa que propone otorgar una asignación especial mensual de S/2,550 a los rehenes que colaboraron con acciones de inteligencia durante el operativo Chavín de Huantar, ejecutado en 1997 para rescatar a los secuestrados por el grupo terrorista MRTA en la embajada de Japón en Lima.
El proyecto fue impulsado por el congresista Arturo Alegría, integrante de Fuerza Popular, y plantea modificar la Ley N.º 32202, que actualmente reconoce este beneficio económico solo a los comandos militares que participaron en el operativo.
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De acuerdo con la propuesta, el objetivo es que el Estado reconozca de manera económica la labor de aquellos civiles que, mientras permanecían cautivos, proporcionaron información relevante que habría contribuido a la planificación y ejecución del rescate.
La norma establece que la identificación de los rehenes beneficiarios estará a cargo del Ministerio de Defensa, entidad que deberá aprobar la relación oficial mediante resolución ministerial, previa evaluación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Fuerza Popular: estos son los Alcances del proyecto presentado por Arturo Alegría
La iniciativa de Fuerza Popular no modifica el monto de la asignación mensual, que se mantiene en S/2,550. Tampoco altera el beneficio que ya reciben los comandos del operativo Chavín de Huantar, sino que amplía el grupo de personas que pueden acceder a él.
El texto legal señala que podrán ser beneficiarios los rehenes que hayan contribuido con acciones de inteligencia al éxito del operativo, siempre que cumplan con los criterios establecidos y sean reconocidos formalmente por el Ministerio de Defensa.
Además, el proyecto precisa que la asignación se otorgará bajo las mismas condiciones que rigen para los comandos militares, incluyendo los procedimientos administrativos ya existentes para su incorporación al registro correspondiente.
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PL busca reconocer a los rehenes que colaboraron durante el secuestro
En la exposición de motivos, el proyecto resalta que algunos rehenes desempeñaron un rol activo durante los más de cuatro meses que duró el secuestro en la embajada de Japón, al colaborar con la transmisión de información a los organismos de inteligencia del Estado.
Según el documento, estas acciones incluyeron la observación de rutinas, movimientos y comportamientos de los integrantes del MRTA, información que habría sido clave para reducir riesgos durante la intervención militar.
La propuesta indica que, si bien estos rehenes ya pueden ser reconocidos como Defensores Calificados de la Democracia, no acceden actualmente a la asignación económica mensual que sí perciben los comandos, situación que se busca corregir con la modificación legal.
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¿Qué es el Comando Chavín de Huantar?
El Comando Chavín de Huantar fue la unidad especial de las Fuerzas Armadas encargada de ejecutar el operativo militar del 22 de abril de 1997, destinado a rescatar a los rehenes retenidos por el MRTA en la embajada de Japón.
En la operación participaron cerca de 195 comandos del Ejército y la Marina de Guerra del Perú. El rescate permitió la liberación de la mayoría de los secuestrados y es considerado uno de los operativos más emblemáticos de la historia reciente del país.
Tras el operativo, el Estado aprobó diversas normas de reconocimiento, entre ellas la declaración de Héroes de la Democracia y la asignación mensual establecida en la Ley N.º 32202, beneficio que el proyecto del Fujimorismo propone extender ahora a determinados rehenes civiles.
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