Gobierno de José Jerí se deslinda de responsabilidad del control de minería ilegal: "No es obligación del Estado"

El primer ministro, Ernesto Álvarez, deslindó de responsabilidad al actual Gobierno del enfrentamiento ocurrido el último 31 de diciembre en Pataz que dejó un saldo de tres muertos.

“Lo que ha sucedido en Pataz es de que un grupo armado ha querido robarle oro dentro de un socavón a otro grupo de mineros ilegales. Se han defendido, ¿por qué? Porque hay bandas armadas por parte de los diferentes grupos de mineros ilegales y eso no ha sido controlado por los gobiernos regionales. No es necesariamente obligación del Estado el control de la pequeña minería y minería artesanal y mucho menos minería ilegal. […] Personas armadas han muerto en un intento de robo de oro”, dijo en entrevista a RPP.

En su lugar, el presidente de la PCM responsabilizó a los gobiernos regionales de no ser eficientes con las facultades y presupuesto asignado.

“Los gobiernos regionales implicados en la minería ilegal, ¿acaso no tienen responsabilidad alguna en este problema? ¿Este Gobierno que tiene apenas dos meses es responsable de la minería ilegal y de las consecuencias humanas y criminales que la minería ilegal representa? Es fácil de sacar un comunicado de gobiernos regionales como si este Gobierno de dos meses tuviese la responsabilidad cuando ya se ha encontrado a los responsables y se ha tomado por parte del mismo Ejército control de la situación”, anotó.

Presidente de la ANGR lamentó las declaraciones del premier

Las declaraciones del premier se realizaron tras el comunicado de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), firmado por 25 gobernadores, en el que exigen una estrategia eficaz por parte del Ejecutivo.

Ahora, tras los señalamientos de Álvarez, el presidente de ANGR y gobernador regional de Áncash, Koki Noriega Brito, insistió en dicho pedido y lamentó las palabras del primer ministro.

Al respecto, precisó que “los recursos generados por la minería van directamente al Tesoro Público" y "no llega ni un sol de manera directa a los gobiernos regionales", por ello consideró que "hablar de ‘usufructuar’ es desconocer cómo funciona el Estado”.

“Nunca los gobiernos regionales hemos tenido autonomía real ni capacidad de fiscalización sancionadora. Entidades como OEFA y ANA dependen del Gobierno central. A las regiones solo se nos dieron competencias administrativas limitadas, sin presupuesto ni recursos”, explicó.

Además, comentó que no es necesario la confrontación entre Ejecutivo y los gobiernos regionales. En su lugar, remarcó que solicitan el control territorial de Pataz y no más estados de emergencias, pues estas medidas ya llevan 2 años y no se han reportado resultados concretos.

“Control territorial significa presencia permanente de las Fuerzas Armadas y la Policía, control real del territorio, erradicación de actividades ilegales y protección de la población. No hay excusas políticas ni gobiernos de transición que justifiquen la inacción”, enfatizó.