La República se suma al Pacto de Observación Electoral de Transparencia para las elecciones del 2026
Más de 60 organizaciones empresariales, académicas y de la sociedad civil, incluido el Grupo La República, firmaron un acuerdo con la Asociación Civil Transparencia para garantizar elecciones limpias de cara al 2026, combatiendo la desinformación en un contexto de crisis política, inseguridad ciudadana y violencia.
La República en GoogleEn un escenario político marcado por la incertidumbre y las amenazas de violencia, la sociedad civil ha decidido cerrar filas en torno a acuerdos básicos para impulsar elecciones generales libres y transparentes en abril de 2026, donde la ciudadanía elegirá a presidente/a de la República, senadores y diputados.
La Asociación Civil Transparencia logró convocar a más de 60 organizaciones —entre gremios empresariales, universidades, colectivos sociales y medios de comunicación— para firmar el Pacto de Adhesión a la Plataforma de Observación Electoral por la Democracia, una iniciativa que busca movilizar a miles de ciudadanos para vigilar la legitimidad de los próximos comicios.
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El Grupo La República, representado por su editor de opinión editorial Alejandro Céspedes García, se sumó a este esfuerzo, formalizando su compromiso en una ceremonia realizada este 4 de diciembre, que contó con la presencia de testigos internacionales, como el embajador de Canadá y representantes de Naciones Unidas. El objetivo es claro: documentar incidencias, promover la ética en la campaña y asegurar que el voto popular sea respetado.
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La meta de Transparencia es reclutar entre 5.000 y 6.000 observadores voluntarios en todas las regiones del país. Créditos: Adrián Sarria Muñoz / La República.
"Posibilidades lamentables de violencia"
En entrevista con La República, Álvaro Henzler, presidente de Transparencia, no ocultó la gravedad del momento. "Nos enfrentamos a una elección muy compleja en 2026, con lamentables posibilidades de violencia y de que algunos partidos no acepten los resultados finales", advirtió.
La alerta no es retórica. Henzler recordó los recientes ataques contra candidatos tanto en el norte del país, con el caso del asesinato del precandidato a diputado por la izquierda, Percy Ipanaqué, así como el atentado contra un aspirante presidencial como pruebas de que la violencia política ya está presente. "Tenemos que ir en contra de cualquier acto de violencia contra quien sea, independientemente de los colores partidarios", señaló.
El pacto busca activar una red de vigilancia ciudadana sin precedentes. La meta de Transparencia es reclutar entre 5.000 y 6.000 observadores voluntarios en todas las regiones del país, cubriendo al menos un tercio de las provincias con un muestreo urbano y rural.
Contra la desinformación y el fraude
Uno de los ejes centrales del acuerdo es la lucha contra la desinformación. Henzler subrayó la importancia de que los medios y las organizaciones se comprometan a utilizar "información con evidencia y no basarse en narrativas" que puedan confundir a la ciudadanía o deslegitimar el proceso.
Ceremonia contó con la presencia del embajador de Canadá y representantes de Naciones Unidas. Créditos: Adrián Sarria Muñoz / La República.
"Transparencia es absolutamente ciego en relación a los colores partidarios. Levantamos alertas cuando hubo clarinadas de fraude y también dijimos que no hubo fraude cuando no había evidencia de ello", enfatizó Henzler, marcando la línea de independencia que regirá la observación.
A partir del 15 de febrero de 2025, fecha de inicio formal de la campaña, la plataforma emitirá informes periódicos para alertar sobre irregularidades y garantizar que la contienda sea "limpia, legítima y pacífica".
Entre los firmantes del pacto figuran instituciones diversas como la Confiep, la Cámara de Comercio de Lima, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - CNDDHH, el Consejo Interreligioso del Perú, así como gremios universitarios del sector pública y privado y ONGs como ProÉtica y Manuela Ramos. Esta pluralidad busca enviar un mensaje de unidad frente a cualquier intento de vulnerar la voluntad popular.
