Ciro Castillo se pronuncia por primera vez desde la clandestinidad y rechaza investigación fiscal
El gobernador es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada en agravio del Estado, vinculados al caso denominado Los Socios del Callao.
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El gobernador del Callao, Ciro Castillo, se pronunció por primera vez desde la clandestinidad y aseguró que no tenía conocimiento de la investigación en su contra en el caso denominado Los Socios del Callao, por el que el Poder Judicial ordenó 15 días de prisión preventiva.
A lo largo de su mensaje, aseguró que no tenía conocimiento de la investigación en su contra, hecho que "lo priva" de conocer el contenido de la acusación. "(Este hecho) coacta, corta, está en contra de mi libertad. Atenta contra mi reputación e imagen y causa desorden en la administración pública de mi gestión", dijo.
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También se dedicó a descalificar la investigación realizada por la Fiscalía del Callao. "El fiscal de la Tercera Sala de Corrupción del Callao envía en consulta el expediente a Lima y ahí llega a la Sala de Crimen Organizado y retorna el expediente porque consideran que no tiene fundamentos de ese delito y cuando llega al Callao se ordena mi detención y acusa de crimen organizado".
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¿Por qué se investiga a Ciro Castillo?
La Fiscalía, en coordinación con la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP), realizó la madrugada de este lunes 15 de diciembre un allanamiento a la vivienda del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, como parte de un megaoperativo en el marco de las investigaciones del caso 'Los Socios del Callao'. Las diligencias fiscales también alcanzan a otros 26 inmuebles vinculados a funcionarios y contratistas del Gore del Callao.
Según la tesis fiscal, esta presunta organización criminal, supuestamente liderada por Castillo Rojo, habría manipulado contrataciones en el Gobierno Regional del Callao y en el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed) por un total de S/ 1.461.121,10.
Para el Ministerio Público, funcionarios y empleados del Gobierno Regional habrían utilizado sus posiciones para adjudicar contratos igualo menor de 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a diversas empresas, con el propósito de eludir los procesos de selección que exige la ley.
Estas presuntas contrataciones irregulares habrían comenzado durante la gestión de Castillo, desde enero de 2023 hasta febrero de 2024, sumando un total de 63 adjudicaciones.
