Congreso: Comisión Permanente aprueba informe final que inhabilita a Pedro Castillo por 10 años
El informe final ahora deberá ser debatido y votado en el Pleno del Congreso, donde se definirá su aprobación definitiva.
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El informe final que busca inhabilitar al expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado fallido ha sido aprobado por la Comisión Permanente del Congreso con 13 votos a favor y 6 en contra. El informe unifica las denuncias constitucionales 547 y 575.
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El excongresista Carlos Torres Caro asumió la defensa del exmandatario ante el Hemiciclo. Entre sus alegatos criticó al Congreso de no darle el tiempo suficiente para preparar su respuesta a la denuncia constitucional. Antes de ser retirado por el tercer vicepresidente del Parlamento, Ilich López, el catedrático comparó a los legisladores con los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza.
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“¿Ustedes saben cómo Jorge Luna y Ricardo Mendoza lograron llenar el Madison en New York?, hablando las mismas huevadas que ustedes”, expresó.
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Denuncia Constitucional contra Pedro Castillo
La propuesta de inhabilitación contra el exmandatario indica que Castillo Terrones habría infringido más de 20 artículos de la Constitución al anunciar la disolución del Congreso el 7 de diciembre de 2022, declarar un Gobierno de excepción y plantear la reorganización de instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional.
Sentencia contra Pedro Castillo
Es crucial diferenciar dos procesos distintos que enfrenta el expresidente Pedro Castillo Terrones: la sanción política de inhabilitación y el juicio penal que busca una sentencia judicial. El informe final del Congreso al que se hizo referencia anteriormente corresponde al proceso de inhabilitación.
El proceso de inhabilitación es de naturaleza política. En este caso, el Congreso lo lleva a cabo por infracción a la Constitución a raíz del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Esta acusación, aprobada en la Comisión Permanente, recomienda la inhabilitación para ejercer función pública por diez años. Esta es la máxima sanción política que puede imponer el poder legislativo y, de ser ratificada por el Pleno, le impediría a Castillo ocupar cualquier cargo público.
Por otro lado, el proceso de juicio penal busca una sentencia judicial por los delitos presuntamente cometidos. El Ministerio Público acusa a Castillo de ser coautor de los delitos de Rebelión y Conspiración para la Rebelión, además de Abuso de Autoridad y Grave Perturbación de la Tranquilidad Pública. Por estos cargos, la Fiscalía ha solicitado una pena de 34 años de prisión. Actualmente, el caso se encuentra en la etapa de juicio oral ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, con Pedro Castillo en prisión preventiva desde su detención. Este juicio oral culminará con una sentencia que determinará su culpabilidad o inocencia en el ámbito penal, con un anuncio de la Corte Suprema sobre la sentencia pendiente.
